Proponen mayor castigo a funcionarios que faciliten tráfico de armas
Señalan que en Estados Unidos se puede adquirir un fusil de asalto AK-47 hasta en 15 dólares y ese es el armamento que está entrando a México
Durante la sesión ordinaria de la Comisión Permanente, el senador Fernando Castro presentó el paquete de reformas, que también contempla sanciones de 10 a 30 años de cárcel a los ex militares, funcionarios o ex policías que fomenten el tráfico de armas.
En la tribuna del Salón Verde de San Lázaro, denunció que en Estados Unidos se puede adquirir un fusil de asalto AK-47 hasta en 15 dólares y ese es el armamento que está entrando a México con la complacencia de autoridades y funcionarios aduanales.
"Al servidor público que estando obligado por sus funciones a impedir la introducción de armas al país y no lo haga, por acción o por omisión, se le impondrá de 15 a 45 años de prisión. Además, se le impondrá la destitución del empleo o cargo, así como inhabilitación para desempeñar cualquier cargo o comisión públicos", destaca.La reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos plantea también penas de 10 a 30 años de cárcel cuando el responsable sea o haya sido servidor público de alguna corporación policial.
La misma sanción se aplicará si fue miembro de algún servicio privado de seguridad o del Ejército, la Armada o la Fuerza Aérea en situación de retiro, de reserva o en activo, señala la iniciativa presentada por el senador por Baja California.
Castro Trenti expuso que en México la proliferación de armas de fuego y explosivos ha fomentado la ola de violencia, además de prolongar los conflictos entre cárteles y contribuir a exacerbar la inseguridad en gran escala.
"Datos ofrecidos por expertos en el tema de tráfico ilegal de armas calculan que diariamente los traficantes ingresan al país en promedio dos mil armas de grueso calibre, actividad que representa un negocio de más de 30 mil millones de dólares al año", externó.La iniciativa, elaborada también por los senadores Mario López Valdez, Ramiro Hernández García, Cleomino Zoreda Novelo, Rogelio Rueda Sánchez y Raúl Mejía González, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue turnada a comisiones para su análisis.