México
Prohibición de la reelección fomenta “trapecismo” político
El candidato del PAN a diputado federal Alfredo Martín Reyes Velázquez habló de rescatar espacios públicos para la infancia y de promover leyes que permitan a policías municipales combatir el narcomenudeo
CIUDAD DE MÉXICO.- Alfredo Martín Reyes Velázquez tomó el micrófono y se dirigió a unos 200 simpatizantes de la colonia Lomas del Chapulín, presentes en un acto de campaña organizado a finales de mayo en Aguascalientes.
El candidato del PAN a diputado federal habló de rescatar espacios públicos para la infancia y de promover leyes que permitan a policías municipales combatir el narcomenudeo.
El contenido de su discurso no guardó diferencia con el de otros candidatos que buscan ocupar una de las 500 curules en juego. Ya sea en Chiapas, Nuevo León, Jalisco o Baja California, el discurso respeta una misma fórmula, en opinión de analistas consultados: el de la falsa promesa. Más allá de las palabras, sin embargo, las figuras dominantes en esta contienda han ostentado cargos de elección popular en el pasado, igual que Reyes Velázquez, quien en dos décadas fungió como regidor, alcalde y senador, además de director del Fonhapo.
“Pomposamente se les llama políticos profesionales, pero coincido con quienes les llaman más acertadamente chapulines profesionales, cuyo objetivo es estar dentro del presupuesto. Son políticos que pasan de diputados locales a federales, de alcaldes a senadores, y si la suerte y la gracia del partido está de su lado, a gobernadores de sus estados”, dice Telésforo Nava, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana.
Uso y reuso
El reciclaje en tales términos es una realidad dentro de cualquier organización política. Vivir de campaña en campaña, dejando incluso cargos de elección popular antes del término legal, debilita no solamente a los partidos políticos, sino al sistema electoral en su conjunto, de acuerdo con Nava.
La gravedad de esa consecución radica en que las carreras no están vinculadas con los electores, a falta de un sistema que permita la reelección, opina a su vez José Antonio Crespo, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
“Entonces, la carrera de estos políticos se basa en apoyar a las cúpulas, dirigentes o coordinadores, que a su vez pueden negociar con los otros legislativos con intereses de los más diversos: poderes fácticos, electorales, tabacaleras, sin tomar en cuenta a los ciudadanos. Se trata de que haya gente experimentada en el Congreso, con una carrera parlamentaria, pero que su carrera dependa de los ciudadanos, no de sus jefes, no de sus cúpulas”, refiere.
Cuestión de millones
El financiamiento público que recibirán los partidos políticos este año asciende a poco más de 3 mil 600 millones de pesos, de acuerdo con la estimación del Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados.
La ley establece que, de ese total, 30% podrá utilizarse en campañas políticas. Debido a ello, la suma total es inferior en 2 mil 397 millones de pesos a la media presupuestal de la última década, y representa un ahorro de 72.2% para gasto de actividades extraordinarias, entre las que se encuentran campañas electorales, sostiene el análisis.
Entre 2000 y 2008, de acuerdo con datos del Instituto Federal Electoral (IFE) citados en el documento, la asignación de dinero público a 16 partidos —ocho de los cuales carecen de representación en el Congreso de la Unión— fue de 29 mil 650 millones de pesos.
El dato no deja de tener sus trampas, asegura Fernando Dworak, maestro en Estudios Legislativos por la Universidad de Hull (Reino Unido).
La trampa de 2007
“Si analizamos esto en la forma de reasignación del dinero público para los partidos políticos, el ahorro no solamente es mínimo, sino que tiene todavía más recursos en cuanto al tiempo de televisión. Con la reforma a la ley electoral (noviembre de 2007) dijeron que las campañas serían más baratas, pero no que sería a cambio de bombardear con spots: en 2006 solamente vimos 800 mil comerciales de campaña y en estos días quedaremos expuestos a 23 millones de spots”, explica.
De acuerdo con la ley, indica Dworak, los partidos políticos disponen de 48 minutos diarios para anuncios electorales, en cada una de las mil 569 frecuencias de radio y televisión. Eso significará 23.4 millones de spots transmitidos de febrero a julio.
El presupuesto asignado a los partidos políticos, establece Dworak, no debe verse, pese a todo, como botín personal, sino como el financiamiento que permite negocios posteriores:
“Sirve para mantener el sistema orientado hacia el cortoplacismo, orientado hacia el amateurismo en la toma de decisiones”. Esto tiene implicaciones mayores y mucho más complejas, afirma: “El efecto de ello se ve multiplicado no sólo por los gastos de campaña, sino por todas las modificaciones al presupuesto que hacen los gobernadores para determinar sus obras públicas”.
¿Políticos de carrera?
Carlos Jiménez Macías ocupó una diputación federal en 1982, antes de cumplir 30 años. Repitió en ese cargo dos ocasiones posteriores, de 1997 a 2000 y de 2003 a 2006. Fue senador por San Luis Potosí de 1991 a 1997, cargo que obtuvo nuevamente en 2006. Desde entonces preside la Comisión de Relaciones Exteriores. Este año luchó por la candidatura del PRI para gobernador.
“He asumido el oficio de la política como la actividad que he querido realizar toda mi vida, y evidentemente he dado una preferencia muy importante a la vida parlamentaria: realmente me considero un parlamentario de carrera”, expone.
Su trayectoria política está respaldada por el éxito de cada una de sus campañas, afirma. En la más reciente de 2006, fue el único candidato del PRI en obtener el triunfo en las urnas, al final de una jornada que dejó casi todo en manos del Partido Acción Nacional.
“Hay casos de políticos que han pasado la vida en cierto tipo de cargos o incluso han brincado de un lado a otro, haciendo de esto un modus vivendi y no una actividad que se distinga por su pasión, como oficio y como profesión. Pero de ahí a generalizar, no; yo me opongo mucho a la generalización”.
Largas trayectorias como la del senador Jiménez Macías cuentan con cierto aval de los analistas. Sin embargo, el problema no son los políticos, sino el sistema que engendran, dicen.
“Qué bueno que sean de carrera parlamentaria para que no lleguen neófitos o aficionados nada más por tres años, que de esos también hay muchísimos, y luego se van cuando apenas iban empezando”, declara José Antonio Crespo, del CIDE. “No veo problema que la gente se dedique como profesión a la política, igual que el periodista o el ingeniero; el problema es que sus carreras dependen de otros, no de los electores”.
Legisladores sin nivel
La especialidad legislativa referida por Jiménez Macías es, sin embargo, precaria. Fernando Dworak, quien ha sido además consultor legislativo, sostiene que únicamente 19% de diputados y senadores retoman la misma agenda al volver al Congreso.
“Muchos analistas hablan de la existencia del fenómeno que ellos llaman ‘reelección indirecta’; es decir, el de una persona que hace carrera política brincando del nivel federal al local, y así sucesivamente. Pero no existe acumulación de experiencia de ninguna forma, y todo ello se traduce en una cosa: la operación política. Son los que se dedican a negociar entre grupos parlamentarios y los que se benefician con este sistema de no reelección”, dice Dworak.
Las campañas como tal no dejan dinero en las bolsas de los políticos contendientes, aclara el investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Telésforo Nava. La ganancia se obtiene en la consolidación de grupos.
“Un digno ejemplo —nada de halagar— es el del senador Ricardo Monreal: toda su familia está colgada de los huesos de la política; han hecho un negocio, una especie de empresa de la vida política”. Es lo que contribuye, en gran medida, al desprestigio de los partidos políticos, según Nava.
En septiembre de 2008, el Centro de Estudios Sociales y Opinión Pública de la Cámara de Diputados concluyó en un informe (“Los principales retos de los partidos políticos en América Latina”) que el nivel de confianza en los partidos políticos es de 24%. Comparativamente, México se encuentra en ese rubro por debajo de Venezuela, en donde 36% de la población cree en sus instituciones partidistas, y ligeramente por arriba de Chile, país en el que 20% de sus ciudadanos confían en los partidos.
“En la región persiste la pobreza permanente, desigualdad en la distribución de la riqueza, insuficiencia del marco jurídico de los derechos sociales, deficiencias en la cultura democrática y en la cultura de la legalidad, resultados de gobierno cuestionables, falta de alternativas viables desde la oposición (…) y procesos electorales cuestionados por la sociedad”, cita el documento.
Mucho dinero
La idea de legisladores ineficaces y corruptos encuentra sustento en datos oficiales y estudios que se basan en ellos.
El salario de un diputado federal, por ejemplo, asciende a 148 mil 446 pesos, uno de los más elevados del mundo. En contraste, un análisis del CIDE (2007) estableció que sólo 7.5% de las iniciativas de ley presentadas ante el Congreso son aprobadas.
Nava se refiere a esta realidad como el botín personal de cada político en busca de una curul. Pero el trayecto hacia ella es igualmente oneroso.
Dentro del sistema, las campañas políticas pueden verse también como la manifestación de un premio concedido por las dirigencias de los partidos para sus políticos más leales, dice Dworak.
“Esto beneficia desde luego a un grupo elite anquilosado dentro de los partidos y también a aquellas personas o aquellos candidatos que tienen la capacidad de controlar bases electorales”, añade.
Políticos de larga trayectoria como el candidato Reyes Velázquez debieran significar un bajo costo en promoción, pero eso no sucede. La caprichosa manera de emprender campañas políticas con los mismos actores encuentra explicación en la ignorancia del electorado y en su desmemoria, dice el consultor.
“El primer gran problema de la democracia mexicana es que tenemos personas que han hecho de sus carreras políticas una eterna campaña para posicionarse. Y estas personas, que brincan de puesto en puesto, son quienes más rechazan la posibilidad de la reelección inmediata, por una sencilla razón: tendrían que rendir cuentas”.
El candidato del PAN a diputado federal habló de rescatar espacios públicos para la infancia y de promover leyes que permitan a policías municipales combatir el narcomenudeo.
El contenido de su discurso no guardó diferencia con el de otros candidatos que buscan ocupar una de las 500 curules en juego. Ya sea en Chiapas, Nuevo León, Jalisco o Baja California, el discurso respeta una misma fórmula, en opinión de analistas consultados: el de la falsa promesa. Más allá de las palabras, sin embargo, las figuras dominantes en esta contienda han ostentado cargos de elección popular en el pasado, igual que Reyes Velázquez, quien en dos décadas fungió como regidor, alcalde y senador, además de director del Fonhapo.
“Pomposamente se les llama políticos profesionales, pero coincido con quienes les llaman más acertadamente chapulines profesionales, cuyo objetivo es estar dentro del presupuesto. Son políticos que pasan de diputados locales a federales, de alcaldes a senadores, y si la suerte y la gracia del partido está de su lado, a gobernadores de sus estados”, dice Telésforo Nava, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana.
Uso y reuso
El reciclaje en tales términos es una realidad dentro de cualquier organización política. Vivir de campaña en campaña, dejando incluso cargos de elección popular antes del término legal, debilita no solamente a los partidos políticos, sino al sistema electoral en su conjunto, de acuerdo con Nava.
La gravedad de esa consecución radica en que las carreras no están vinculadas con los electores, a falta de un sistema que permita la reelección, opina a su vez José Antonio Crespo, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
“Entonces, la carrera de estos políticos se basa en apoyar a las cúpulas, dirigentes o coordinadores, que a su vez pueden negociar con los otros legislativos con intereses de los más diversos: poderes fácticos, electorales, tabacaleras, sin tomar en cuenta a los ciudadanos. Se trata de que haya gente experimentada en el Congreso, con una carrera parlamentaria, pero que su carrera dependa de los ciudadanos, no de sus jefes, no de sus cúpulas”, refiere.
Cuestión de millones
El financiamiento público que recibirán los partidos políticos este año asciende a poco más de 3 mil 600 millones de pesos, de acuerdo con la estimación del Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados.
La ley establece que, de ese total, 30% podrá utilizarse en campañas políticas. Debido a ello, la suma total es inferior en 2 mil 397 millones de pesos a la media presupuestal de la última década, y representa un ahorro de 72.2% para gasto de actividades extraordinarias, entre las que se encuentran campañas electorales, sostiene el análisis.
Entre 2000 y 2008, de acuerdo con datos del Instituto Federal Electoral (IFE) citados en el documento, la asignación de dinero público a 16 partidos —ocho de los cuales carecen de representación en el Congreso de la Unión— fue de 29 mil 650 millones de pesos.
El dato no deja de tener sus trampas, asegura Fernando Dworak, maestro en Estudios Legislativos por la Universidad de Hull (Reino Unido).
La trampa de 2007
“Si analizamos esto en la forma de reasignación del dinero público para los partidos políticos, el ahorro no solamente es mínimo, sino que tiene todavía más recursos en cuanto al tiempo de televisión. Con la reforma a la ley electoral (noviembre de 2007) dijeron que las campañas serían más baratas, pero no que sería a cambio de bombardear con spots: en 2006 solamente vimos 800 mil comerciales de campaña y en estos días quedaremos expuestos a 23 millones de spots”, explica.
De acuerdo con la ley, indica Dworak, los partidos políticos disponen de 48 minutos diarios para anuncios electorales, en cada una de las mil 569 frecuencias de radio y televisión. Eso significará 23.4 millones de spots transmitidos de febrero a julio.
El presupuesto asignado a los partidos políticos, establece Dworak, no debe verse, pese a todo, como botín personal, sino como el financiamiento que permite negocios posteriores:
“Sirve para mantener el sistema orientado hacia el cortoplacismo, orientado hacia el amateurismo en la toma de decisiones”. Esto tiene implicaciones mayores y mucho más complejas, afirma: “El efecto de ello se ve multiplicado no sólo por los gastos de campaña, sino por todas las modificaciones al presupuesto que hacen los gobernadores para determinar sus obras públicas”.
¿Políticos de carrera?
Carlos Jiménez Macías ocupó una diputación federal en 1982, antes de cumplir 30 años. Repitió en ese cargo dos ocasiones posteriores, de 1997 a 2000 y de 2003 a 2006. Fue senador por San Luis Potosí de 1991 a 1997, cargo que obtuvo nuevamente en 2006. Desde entonces preside la Comisión de Relaciones Exteriores. Este año luchó por la candidatura del PRI para gobernador.
“He asumido el oficio de la política como la actividad que he querido realizar toda mi vida, y evidentemente he dado una preferencia muy importante a la vida parlamentaria: realmente me considero un parlamentario de carrera”, expone.
Su trayectoria política está respaldada por el éxito de cada una de sus campañas, afirma. En la más reciente de 2006, fue el único candidato del PRI en obtener el triunfo en las urnas, al final de una jornada que dejó casi todo en manos del Partido Acción Nacional.
“Hay casos de políticos que han pasado la vida en cierto tipo de cargos o incluso han brincado de un lado a otro, haciendo de esto un modus vivendi y no una actividad que se distinga por su pasión, como oficio y como profesión. Pero de ahí a generalizar, no; yo me opongo mucho a la generalización”.
Largas trayectorias como la del senador Jiménez Macías cuentan con cierto aval de los analistas. Sin embargo, el problema no son los políticos, sino el sistema que engendran, dicen.
“Qué bueno que sean de carrera parlamentaria para que no lleguen neófitos o aficionados nada más por tres años, que de esos también hay muchísimos, y luego se van cuando apenas iban empezando”, declara José Antonio Crespo, del CIDE. “No veo problema que la gente se dedique como profesión a la política, igual que el periodista o el ingeniero; el problema es que sus carreras dependen de otros, no de los electores”.
Legisladores sin nivel
La especialidad legislativa referida por Jiménez Macías es, sin embargo, precaria. Fernando Dworak, quien ha sido además consultor legislativo, sostiene que únicamente 19% de diputados y senadores retoman la misma agenda al volver al Congreso.
“Muchos analistas hablan de la existencia del fenómeno que ellos llaman ‘reelección indirecta’; es decir, el de una persona que hace carrera política brincando del nivel federal al local, y así sucesivamente. Pero no existe acumulación de experiencia de ninguna forma, y todo ello se traduce en una cosa: la operación política. Son los que se dedican a negociar entre grupos parlamentarios y los que se benefician con este sistema de no reelección”, dice Dworak.
Las campañas como tal no dejan dinero en las bolsas de los políticos contendientes, aclara el investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Telésforo Nava. La ganancia se obtiene en la consolidación de grupos.
“Un digno ejemplo —nada de halagar— es el del senador Ricardo Monreal: toda su familia está colgada de los huesos de la política; han hecho un negocio, una especie de empresa de la vida política”. Es lo que contribuye, en gran medida, al desprestigio de los partidos políticos, según Nava.
En septiembre de 2008, el Centro de Estudios Sociales y Opinión Pública de la Cámara de Diputados concluyó en un informe (“Los principales retos de los partidos políticos en América Latina”) que el nivel de confianza en los partidos políticos es de 24%. Comparativamente, México se encuentra en ese rubro por debajo de Venezuela, en donde 36% de la población cree en sus instituciones partidistas, y ligeramente por arriba de Chile, país en el que 20% de sus ciudadanos confían en los partidos.
“En la región persiste la pobreza permanente, desigualdad en la distribución de la riqueza, insuficiencia del marco jurídico de los derechos sociales, deficiencias en la cultura democrática y en la cultura de la legalidad, resultados de gobierno cuestionables, falta de alternativas viables desde la oposición (…) y procesos electorales cuestionados por la sociedad”, cita el documento.
Mucho dinero
La idea de legisladores ineficaces y corruptos encuentra sustento en datos oficiales y estudios que se basan en ellos.
El salario de un diputado federal, por ejemplo, asciende a 148 mil 446 pesos, uno de los más elevados del mundo. En contraste, un análisis del CIDE (2007) estableció que sólo 7.5% de las iniciativas de ley presentadas ante el Congreso son aprobadas.
Nava se refiere a esta realidad como el botín personal de cada político en busca de una curul. Pero el trayecto hacia ella es igualmente oneroso.
Dentro del sistema, las campañas políticas pueden verse también como la manifestación de un premio concedido por las dirigencias de los partidos para sus políticos más leales, dice Dworak.
“Esto beneficia desde luego a un grupo elite anquilosado dentro de los partidos y también a aquellas personas o aquellos candidatos que tienen la capacidad de controlar bases electorales”, añade.
Políticos de larga trayectoria como el candidato Reyes Velázquez debieran significar un bajo costo en promoción, pero eso no sucede. La caprichosa manera de emprender campañas políticas con los mismos actores encuentra explicación en la ignorancia del electorado y en su desmemoria, dice el consultor.
“El primer gran problema de la democracia mexicana es que tenemos personas que han hecho de sus carreras políticas una eterna campaña para posicionarse. Y estas personas, que brincan de puesto en puesto, son quienes más rechazan la posibilidad de la reelección inmediata, por una sencilla razón: tendrían que rendir cuentas”.