México
Procuradores impulsarán reformas contra lavado de dinero
Acuerdan buscar la homologación de leyes en la materia en los Estados
IXTAPAN DE LA SAL, ESTADO DE MÉXICO (26/NOV/2010).- Los procuradores generales de justicia del país acordaron impulsar la homologación de las legislaciones estatales en materia de lavado de dinero y una reforma constitucional a la figura del arraigo para que también sea aplicable a ciertos delitos del fuero común.
El subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR), Jorge Alberto Lara Rivera, afirmó que es necesario establecer nuevos tipos penales relacionados y homologados para fortalecer el combate al lavado de dinero y para quitar sus bienes a los narcotraficantes.
Al término de la 24 Asamblea de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, en conferencia de prensa indicó que si bien existen iniciativas de reforma pendientes de dictaminación en el Congreso de la Unión, se consideró necesario avanzar en el estudio de este fenómeno delictivo.
El funcionario aseveró que durante el evento se acordó una propuesta de homologación para aquéllas entidades que hoy no tienen legislación en la materia.
El Procurador General de Justicia de Guerrero, David Augusto Sotelo Rosas, indicó que en 20 estados no se contempla el delito del lavado de dinero por lo que es necesario homologar criterios que fortalezcan los mecanismos para combatir ese fenómeno delictivo.
Lara Rivera expresó que es un instrumento fundamental para combatir los recursos económicos de la delincuencia y afectar la estructura económica de las organizaciones delictivas es la extinción de dominio, cuya normatividad se encuentra en proceso de instauración en varias entidades del país.
Indicó que se han multiplicado las formas de lavar dinero, por lo que las procuradurías trabajan mecanismos jurídicos para judicializar estos delitos, ya que en varias entidades se permite la detención, el decomiso del dinero a través de la extinción de dominio.
"Lo que se busca es quitarles sus bienes a quienes se dedican a actividades ilícitas y por ello es importante que a las procuradurías tengan acceso a fuentes de inteligencia para cerrar la brecha a ese delito", apuntó.
También se acordó exhortar a las instancia competentes para llevar a cabo una reforma constitucional a la figura del arraigo, para que no sólo coopere en casos de delincuencia organizada, sino en ciertos delitos del fuero común.
El titular de la Procuraduría General de Justicia de Sonora, Abel Murrieta Gutiérrez indicó que el arraigo es un elemento legal aceptable para combatir a la delincuencia, la cual no viola los derechos humanos.
No obstante, comentó que esta reforma deberá contener principios para asegurar el respeto irrestricto a los derechos fundamentales y a la dignidad de las personas, así como evitar que algunas autoridades que puedan hacer uso abusivo de esta medida cautelar.
El subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR), Jorge Alberto Lara Rivera, afirmó que es necesario establecer nuevos tipos penales relacionados y homologados para fortalecer el combate al lavado de dinero y para quitar sus bienes a los narcotraficantes.
Al término de la 24 Asamblea de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, en conferencia de prensa indicó que si bien existen iniciativas de reforma pendientes de dictaminación en el Congreso de la Unión, se consideró necesario avanzar en el estudio de este fenómeno delictivo.
El funcionario aseveró que durante el evento se acordó una propuesta de homologación para aquéllas entidades que hoy no tienen legislación en la materia.
El Procurador General de Justicia de Guerrero, David Augusto Sotelo Rosas, indicó que en 20 estados no se contempla el delito del lavado de dinero por lo que es necesario homologar criterios que fortalezcan los mecanismos para combatir ese fenómeno delictivo.
Lara Rivera expresó que es un instrumento fundamental para combatir los recursos económicos de la delincuencia y afectar la estructura económica de las organizaciones delictivas es la extinción de dominio, cuya normatividad se encuentra en proceso de instauración en varias entidades del país.
Indicó que se han multiplicado las formas de lavar dinero, por lo que las procuradurías trabajan mecanismos jurídicos para judicializar estos delitos, ya que en varias entidades se permite la detención, el decomiso del dinero a través de la extinción de dominio.
"Lo que se busca es quitarles sus bienes a quienes se dedican a actividades ilícitas y por ello es importante que a las procuradurías tengan acceso a fuentes de inteligencia para cerrar la brecha a ese delito", apuntó.
También se acordó exhortar a las instancia competentes para llevar a cabo una reforma constitucional a la figura del arraigo, para que no sólo coopere en casos de delincuencia organizada, sino en ciertos delitos del fuero común.
El titular de la Procuraduría General de Justicia de Sonora, Abel Murrieta Gutiérrez indicó que el arraigo es un elemento legal aceptable para combatir a la delincuencia, la cual no viola los derechos humanos.
No obstante, comentó que esta reforma deberá contener principios para asegurar el respeto irrestricto a los derechos fundamentales y a la dignidad de las personas, así como evitar que algunas autoridades que puedan hacer uso abusivo de esta medida cautelar.