México
Piden al IFE actuar contra 'guerra sucia' en campañas electorales
La Secretaría de Gobernación pidió denunciar cualquier inidicio de relación entre candidatos y delincuencia; PRI prepara reforma
CIUDAD DE MÉXICO (20/JUN/2010).- La fracción del
PRI en la Cámara de Diputados exhortó al Instituto Federal Electoral (
IFE) y a la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos Electorales (
Fepade), actuar de manera tajante contra las campañas de desprestigio y difamación.
Asimismo pidió a la Secretaría de Gobernación ( Segob) denunciar cualquier indicio de que algún candidato esté relacionado con la delincuencia organizada, para evitar con ello, dijo, “filtraciones" contra la oposición.
El priista Arturo Zamora Jiménez recordó que en San Lázaro se analiza una reforma para castigar con seis meses a seis años de prisión a quienes calumnien y difamen a partidos, candidatos o precandidatos a puestos de elección popular.
Precisó que si el responsable de esta conducta fuera un funcionario electoral, precandidato o incluso un servidor público, la multa deberá ser de 200 a 300 días de salario mínimo.
“Vemos indicios de una reedición de la guerra sucia electoral que se dio en 2006 y por ello se prevé aprobar esta reforma, pero aún sin ella, las autoridades electorales y federales tienen la obligación de sancionar cualquier acto ilícito en materia de difamación o de nexos con la delincuencia”.
Añadió que también analizan reformas para combatir el lavado de dinero en las campañas, imponiendo penas hasta de nueve años de cárcel a candidatos y líderes partidistas que incurran en esa práctica.
Zamora Jiménez, integrante de la Comisión de Gobernación, comentó que la iniciativa que presentó busca cerrar el paso a organismos empresariales, funcionarios y particulares, que usan la difamación para atacar candidatos y favorecer a determinados partidos.
El diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) expuso que su propuesta está encaminada a “blindar” los procesos electorales ante el vacío que existe en materia de financiamiento a partidos.
“Es indispensable vacunar a la democracia mexicana contra este tipo de tentaciones y evitar la influencia de los grupos delictivos en torno a la aportación de fondos económicos ilícitos, cuyo fin sería respaldar a futuros representantes populares”, consideró.
Asimismo pidió a la Secretaría de Gobernación ( Segob) denunciar cualquier indicio de que algún candidato esté relacionado con la delincuencia organizada, para evitar con ello, dijo, “filtraciones" contra la oposición.
El priista Arturo Zamora Jiménez recordó que en San Lázaro se analiza una reforma para castigar con seis meses a seis años de prisión a quienes calumnien y difamen a partidos, candidatos o precandidatos a puestos de elección popular.
Precisó que si el responsable de esta conducta fuera un funcionario electoral, precandidato o incluso un servidor público, la multa deberá ser de 200 a 300 días de salario mínimo.
“Vemos indicios de una reedición de la guerra sucia electoral que se dio en 2006 y por ello se prevé aprobar esta reforma, pero aún sin ella, las autoridades electorales y federales tienen la obligación de sancionar cualquier acto ilícito en materia de difamación o de nexos con la delincuencia”.
Añadió que también analizan reformas para combatir el lavado de dinero en las campañas, imponiendo penas hasta de nueve años de cárcel a candidatos y líderes partidistas que incurran en esa práctica.
Zamora Jiménez, integrante de la Comisión de Gobernación, comentó que la iniciativa que presentó busca cerrar el paso a organismos empresariales, funcionarios y particulares, que usan la difamación para atacar candidatos y favorecer a determinados partidos.
El diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) expuso que su propuesta está encaminada a “blindar” los procesos electorales ante el vacío que existe en materia de financiamiento a partidos.
“Es indispensable vacunar a la democracia mexicana contra este tipo de tentaciones y evitar la influencia de los grupos delictivos en torno a la aportación de fondos económicos ilícitos, cuyo fin sería respaldar a futuros representantes populares”, consideró.