México
No revisará SCJN sentencias del caso Wallace
El procurador e Isabel Miranda consideraron que las penas de prisión impuestas a los secuestradores son insuficientes
CIUDAD DE MÉXICO (19/MAY/2010).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (
SCJN) rechazó revisar las sentencias que se impusieron a los cuatro secuestradores y homicidas de Hugo Alberto Wallace, como lo solicitó la Procuraduría General de la República (
PGR).
En una votación dividida, la Primera Sala de la Corte determinó que el asunto carece de los requisitos de importancia y trascendencia para su análisis, pues la revisión de las penas por delito corresponden al Poder Legislativo.
El ministro Ramón Cossío Díaz dijo que "el procurador, con todo respeto, nos avienta a nosotros un tema que está en la órbita del legislador" y recalcó que la modificación de las penas debe llevarse a cabo por el Poder Legislativo.
José de Jesús Gudiño Pelayo alertó que si la Corte atraía el caso, todas las sentencias se turnarían a los ministros para su revisión, lo que convertiría a la SCJN en un tribunal unitario, opinión que respaldó Arturo Zaldívar.
En contraparte, Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza se pronunciaron por atraer el caso y determinar si las sentencias se dictaron contra los secuestradores son mínimas, como lo argumentó la PGR y la madre de la víctima, Isabel Miranda de Wallace.
El procurador e Isabel Miranda consideraron que las penas de prisión impuestas a los secuestradores, de 47, 28 y 30 años a dos de ellos, así como diversas multas por los delitos de secuestro, privación de la vida, delincuencia organizada, entre otros, son insuficientes.
La madre de la víctima, quien ha ocupado un lugar predominante en las investigaciones del caso, dijo a su salida de la Corte que quedó "muy decepcionada" de los ministros, quienes, señaló, tenían una oportunidad histórica para pronunciarse sobre las penas que se deben imponer a los secuestradores.
En una votación dividida, la Primera Sala de la Corte determinó que el asunto carece de los requisitos de importancia y trascendencia para su análisis, pues la revisión de las penas por delito corresponden al Poder Legislativo.
El ministro Ramón Cossío Díaz dijo que "el procurador, con todo respeto, nos avienta a nosotros un tema que está en la órbita del legislador" y recalcó que la modificación de las penas debe llevarse a cabo por el Poder Legislativo.
José de Jesús Gudiño Pelayo alertó que si la Corte atraía el caso, todas las sentencias se turnarían a los ministros para su revisión, lo que convertiría a la SCJN en un tribunal unitario, opinión que respaldó Arturo Zaldívar.
En contraparte, Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza se pronunciaron por atraer el caso y determinar si las sentencias se dictaron contra los secuestradores son mínimas, como lo argumentó la PGR y la madre de la víctima, Isabel Miranda de Wallace.
El procurador e Isabel Miranda consideraron que las penas de prisión impuestas a los secuestradores, de 47, 28 y 30 años a dos de ellos, así como diversas multas por los delitos de secuestro, privación de la vida, delincuencia organizada, entre otros, son insuficientes.
La madre de la víctima, quien ha ocupado un lugar predominante en las investigaciones del caso, dijo a su salida de la Corte que quedó "muy decepcionada" de los ministros, quienes, señaló, tenían una oportunidad histórica para pronunciarse sobre las penas que se deben imponer a los secuestradores.
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