México
Llama Fepade a blindar proceso electoral
La declaración se dio en la mesa sobre blindaje electoral, narcotráfico y crimen organizado del seminario Elecciones 2012 en Busca de Equidad y Legalidad
CIUDAD DE MÉXICO (19/OCT/2010).- El mayor desafío que enfrenta el régimen democrático, de cara a las elecciones del año 2012, es la infiltración de las instituciones del Estado por el crimen organizado, advirtió José Luis Vargas Valdez, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Electorales (
Fepade), por lo que hizo un llamado a blindar el proceso electoral.
El funcionario participó en la mesa sobre blindaje electoral, narcotráfico y crimen organizado del seminario "Elecciones 2012 en Busca de Equidad y Legalidad", organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México ( UNAM) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
El fiscal insistió en la urgencia de dotar a la Fiscalía de nuevas atribuciones, que le permitan actuar y conocer de los delitos electorales, y en especial de la participación de la delincuencia organizada, durante cualquier etapa de los procesos electorales, locales y federales.
Esto implica contemplar el periodo de precampañas, ampliar las penas y agravantes, cerrar todos los resquicios legales que actualmente limitan la acción de la autoridad y castigar con todo rigor cualquier acto de hostigamiento e intimidación proveniente de grupos armados contra electores, partidos, candidatos y funcionarios electorales.
En su exposición, consideró que la infiltración del crimen organizado en los procesos electorales con la intención de imponer sus intereses erosiona las razones básicas que justifican la noción de un poder público emanado del pueblo y que persigue el interés colectivo.
Esa infiltración, dijo, es un vicio de origen que constituye una causal de nulidad absoluta de los procesos electorales, ante lo cual la Fepade propone poner en marcha un blindaje electoral de tercera generación.
Explicó que esa protección consiste en una serie de políticas públicas y reformas al marco normativo en el que participen activamente las distintas autoridades administrativas, legislativas y judiciales, para impedir a toda costa la infiltración del crimen organizado en los procesos electorales.
Vargas Valdez recordó que la última reforma a los tipos penales en materia de delitos electorales data de 1996, por lo que es urgente promover una reforma que contemple el surgimiento de nuevas amenazas que ponen en riesgo los procesos electorales, el equilibrio en las contiendas y sus condiciones de certeza.
El funcionario participó en la mesa sobre blindaje electoral, narcotráfico y crimen organizado del seminario "Elecciones 2012 en Busca de Equidad y Legalidad", organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México ( UNAM) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
El fiscal insistió en la urgencia de dotar a la Fiscalía de nuevas atribuciones, que le permitan actuar y conocer de los delitos electorales, y en especial de la participación de la delincuencia organizada, durante cualquier etapa de los procesos electorales, locales y federales.
Esto implica contemplar el periodo de precampañas, ampliar las penas y agravantes, cerrar todos los resquicios legales que actualmente limitan la acción de la autoridad y castigar con todo rigor cualquier acto de hostigamiento e intimidación proveniente de grupos armados contra electores, partidos, candidatos y funcionarios electorales.
En su exposición, consideró que la infiltración del crimen organizado en los procesos electorales con la intención de imponer sus intereses erosiona las razones básicas que justifican la noción de un poder público emanado del pueblo y que persigue el interés colectivo.
Esa infiltración, dijo, es un vicio de origen que constituye una causal de nulidad absoluta de los procesos electorales, ante lo cual la Fepade propone poner en marcha un blindaje electoral de tercera generación.
Explicó que esa protección consiste en una serie de políticas públicas y reformas al marco normativo en el que participen activamente las distintas autoridades administrativas, legislativas y judiciales, para impedir a toda costa la infiltración del crimen organizado en los procesos electorales.
Vargas Valdez recordó que la última reforma a los tipos penales en materia de delitos electorales data de 1996, por lo que es urgente promover una reforma que contemple el surgimiento de nuevas amenazas que ponen en riesgo los procesos electorales, el equilibrio en las contiendas y sus condiciones de certeza.