México
Ley de Víctimas, de nuevo a San Lázaro
La Segob anuncia defectos en la reforma y le pide a los legisladores aclarar detalles importantes
CIUDAD DE MÉXICO (05/JUL/2012).- Por considerar que existen debilidades como el no dejar claro el papel que cada autoridad debe tener en el tema, el Presidente Felipe Calderón devolvió a la Cámara de Diputados la Ley General de Víctimas en donde se obliga al Estado mexicano a proteger a quienes padezcan algún delito y violación a sus derechos humanos.
“El Ejecutivo ha formulado una serie de propuestas al Poder Legislativo para efectos de mejorar, fortalecer y enriquecer este proyecto Legislativo. Para el Presidente es de vital importancia que el País cuente, lo más pronto posible, con una ley que sea eficaz, que funcione, que sirva tanto para las víctimas como para autoridades de los tres órdenes de gobierno responsables de su implementación”, expresó el subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rubén Fernández.
Detalló que el Gobierno Federal ya está en pláticas con organizaciones sociales, víctimas y con legisladores, para que a más tardar en dos semanas se pueda instalar una mesa de diálogo que permita dar salida al tema y llevarlo, incluso, a un periodo extraordinario de sesiones.
“Nosotros pensamos que así como los derechos en general de las víctimas están consagrados en la Constitución, también debe estar previsto en la Constitución la obligación del Gobierno federal, de los gobiernos de los estados, municipales, para la atención de víctimas”.
Añadió que otro tema que debe quedar claro es el de la subsidiariedad, es decir, el pago a las víctimas, toda vez que si el Estado es el responsable de resarcir el daño, se tiene que especificar que el infractor es responsable también de compensar a quien recibió la agresión.
Pormenores
Una enmienda de la sociedad civil
La Ley General de Víctimas fue aprobada por el Congreso de la Unión en su último día de periodo ordinario de sesiones, el pasado 30 de abril.
La iniciativa fue un reclamo del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, encabezado por Javier Sicilia, quien comprometió a los legisladores a impulsar la enmienda.
La reforma contempla la indemnización de las víctimas de la violencia hasta con un millón de pesos. Sin embargo, a decir del Gobierno federal, no detalla quién se debe hacer responsable de la indemnización.
“El Ejecutivo ha formulado una serie de propuestas al Poder Legislativo para efectos de mejorar, fortalecer y enriquecer este proyecto Legislativo. Para el Presidente es de vital importancia que el País cuente, lo más pronto posible, con una ley que sea eficaz, que funcione, que sirva tanto para las víctimas como para autoridades de los tres órdenes de gobierno responsables de su implementación”, expresó el subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rubén Fernández.
Detalló que el Gobierno Federal ya está en pláticas con organizaciones sociales, víctimas y con legisladores, para que a más tardar en dos semanas se pueda instalar una mesa de diálogo que permita dar salida al tema y llevarlo, incluso, a un periodo extraordinario de sesiones.
“Nosotros pensamos que así como los derechos en general de las víctimas están consagrados en la Constitución, también debe estar previsto en la Constitución la obligación del Gobierno federal, de los gobiernos de los estados, municipales, para la atención de víctimas”.
Añadió que otro tema que debe quedar claro es el de la subsidiariedad, es decir, el pago a las víctimas, toda vez que si el Estado es el responsable de resarcir el daño, se tiene que especificar que el infractor es responsable también de compensar a quien recibió la agresión.
Pormenores
Una enmienda de la sociedad civil
La Ley General de Víctimas fue aprobada por el Congreso de la Unión en su último día de periodo ordinario de sesiones, el pasado 30 de abril.
La iniciativa fue un reclamo del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, encabezado por Javier Sicilia, quien comprometió a los legisladores a impulsar la enmienda.
La reforma contempla la indemnización de las víctimas de la violencia hasta con un millón de pesos. Sin embargo, a decir del Gobierno federal, no detalla quién se debe hacer responsable de la indemnización.