La SCJN ordena la liberación de los detenidos por la Acteal

CIUDAD DE MÉXICO.- Cinco magistrados de la Suprema Corte de Justicia Nacional (SCJN), comenzaron hoy a revisar el medio centenar de recursos presentados por los abogados de un grupo de indígenas condenados hace años por su presunta relación con la masacre de Acteal, donde murieron 45 indígenas tzotziles.

La defensa de los condenados por estos hechos ocurridos en Chiapas, en 1997, demanda la liberación de sus clientes alegando que se violaron las garantías al debido proceso de los sentenciados.

Desde las primeras horas de hoy, decenas de indígenas críticos con la posible liberación, que portaban pancartas, velas, fotografías y cruces negras, se apostaron ante la sede de la Corte mexicana, custodiada por un centenar de policías antidisturbios.

“Nosotros los sobrevivientes exigimos que no liberen a los paramilitares, porque ellos son culpables. Mataron a nuestros familiares”, reza un pancarta colocada ante la puerta principal de la Corte.

La Sala Primera de la SCJN analiza ya el caso entre críticas de algunas ONG como el Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC), que considera que los condenados son culpables sobre la base de lo dicho por testigos.

La Red por la Paz (Redpaz), que integran esa organización civil y otras diez más, emitió un pronunciamiento antes de la sesión en contra de que se libere "a quienes han sido claramente identificados y señalados por las víctimas como los asesinos materiales" de la masacre.

Las ONG consideran que, si las condenas son anuladas, "se estará poniendo en alto riesgo la paz pública y social no sólo en el municipio de Chenalhó, sino en varios otros del estado de Chiapas, en los que estén operando grupos de corte paramilitar".

Contra esta postura y a favor de la puesta en libertad se han manifestado familiares de los detenidos, que consideran que los juicios se hicieron con pruebas endebles y, en algunos casos, fabricadas.

El 22 de diciembre de 1997 un grupo de indígenas que oraban en la comunidad de Acteal fueron atacados por indígenas vinculados con grupos paramilitares que acabaron con la vida de 45 personas de la comunidad pacifista de Las Abejas.

Decenas de sospechosos fueron arrestados en agosto de 2006, y más de setenta condenados a penas de hasta 25 años de cárcel en 2007 por la justicia federal, en un proceso considerado endeble en su investigación e instrucción penal.

Según versiones de prensa, de los más de setenta condenados sólo nueve admitieron haber sido autores materiales de la masacre.

Para muchas ONG se trató de un "crimen de Estado" del que serían responsables últimos el ex presidente Ernesto Zedillo y el ex gobernador de Chiapas Julio César Ruiz Ferro.

Un grupo de juristas tomó la defensa de los condenados y llevó el caso a revisión ante la Suprema Corte de Justicia Nacional (SCJN), que hoy analiza el caso.

Los reos se encuentran en la cárcel federal de El Amate, en la ciudad chiapaneca de Cintalapa, localizada a unos 250 kilómetros de Acteal y 65 al oeste de la capital del estado.

Pide la CDI evitar confrontación entre indígenas chiapanecos

La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), advirtió que de ningún modo se debe reeditar el encono entre los indígenas chiapanecos que provocó la Matanza de Acteal.

Lo anterior porque miembros de la organización indígena “Las Abejas” se inconformaron por el fallo de la Suprema Corte de Justicia que pide liberar al menos a 20 de los indígenas acusados de la masacre, ya que los consideran “paramilitares”.

“Los pueblos indígenas de Chiapas necesitan fortalecer el camino del diálogo y la paz, para avanzar en el desarrollo con identidad por el que tanto han luchado y al que, sin duda alguna, tienen pleno derecho”, dice un comunicado.

El documento dice que alentar la confrontación es una actitud irresponsable. “Acteal y Chiapas necesitan restañar sus heridas, no abrirlas”.

En un comunicado, recordó que previo a la matanza ocurrida el 22 de diciembre de 1997 predominaron las omisiones, la indiferencia y la hostilidad.

La CDI destacó que el caso Acteal haya sido atendido el máximo tribunal del país. “Es de esperar, no puede ser de otra manera, que el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con respecto a Acteal haya estado estrictamente apegado a derecho”.