México
La CJF denuncia ante MP a magistrados ligados a casinos
Estarían presuntamente involucrados en una red de tráfico de influencias
CIUDAD DE MÉXICO (14/MAY/2014).- El Consejo de la Judicatura Federal (
CJF) presentó ante el Ministerio Público de la Federación una denuncia de hechos contra diversos magistrados presuntamente involucrados en una red de tráfico de influencias que favorecía a Juan José Rojas Cardona, conocido como el "zar de los casinos".
Los funcionarios involucrados son Eduardo Ochoa Torres, ex presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil, con sede en Monterrey, y José Manuel Rodríguez Puerto, ex integrante del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo, con sede en Tamaulipas, así como al juez Javier Rubén Lozano Martínez, ex titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, en Monterrey, Nuevo León -todos ellos suspendidos-, y a Mario Alberto Prado Rodríguez, ex secretario técnico.
En un comunicado, el CJF informó que paralelamente y de acuerdo con sus facultades constitucionales, continúa con sus procedimientos administrativos para determinar las faltas en las que se pudieran haber incurrido.
Asimismo, expresó su determinación de aportar todos los elementos que permitan fortalecer las acciones de la autoridad ministerial federal, a fin de que si se comprueba alguna conducta constitutiva de delito, ésta sea sancionada en virtud de que se trata de servidores públicos que tienen una alta responsabilidad frente a la sociedad, que es la de impartir justicia.
Los funcionarios involucrados son Eduardo Ochoa Torres, ex presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil, con sede en Monterrey, y José Manuel Rodríguez Puerto, ex integrante del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo, con sede en Tamaulipas, así como al juez Javier Rubén Lozano Martínez, ex titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, en Monterrey, Nuevo León -todos ellos suspendidos-, y a Mario Alberto Prado Rodríguez, ex secretario técnico.
En un comunicado, el CJF informó que paralelamente y de acuerdo con sus facultades constitucionales, continúa con sus procedimientos administrativos para determinar las faltas en las que se pudieran haber incurrido.
Asimismo, expresó su determinación de aportar todos los elementos que permitan fortalecer las acciones de la autoridad ministerial federal, a fin de que si se comprueba alguna conducta constitutiva de delito, ésta sea sancionada en virtud de que se trata de servidores públicos que tienen una alta responsabilidad frente a la sociedad, que es la de impartir justicia.