México
Impulsan que extranjeros adquieran bienes en zona restringida
Los senadores buscan eliminar el impedimento con el argumento de lograr un mejor aprovechamiento del sector turístico
CIUDAD DE MÉXICO.- Senadores de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), Convergencia y Nueva Alianza (Panal) presentaron una reforma constitucional para quitar los “candados” a extranjeros y permitir que puedan adquirir propiedades e inmuebles en zonas restringidas.
El senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), José Luis Máximo García Zalvidea, manifestó su rechazo de inmediato a la reforma y pidió que fuera retirada su firma de apoyo, la cual había otorgado en un principio.
Los senadores que sí suscriben la iniciativa —según la Gaceta Parlamentaria— son los panistas Javier Castelo Parada, Jaime Rafael Díaz Ochoa, Alejandro González Alcocer, Ramón Galindo, Juan Bueno Torio y María Serrano, además de Eloy Cantú, del PRI; Ericel Gómez Nucamendi, de Convergencia, e Irma Martínez, de Nueva Alianza.
Más empleos
El senador Javier Castelo Parada (PAN) argumentó en tribuna que la medida traerá más empleos. Recordó que actualmente la misma ley permite la adquisición de inmuebles por dos figuras: fideicomiso y una sociedad mexicana.
En el texto se considera que la situación actual amerita reformar la fracción I del artículo 27 constitucional, “máxime cuando con ella se verá beneficiada la economía del país, sin que ello signifique la invasión a la soberanía o al territorio nacional”.
En la exposición de motivos se señala que resulta pertinente abordar la permanencia dentro de la disposición constitucional que nos ocupa de la llamada “Cláusula Calvo”, entendida como la estipulación pactada en un contrato entre un extranjero y un Gobierno, de acuerdo con la cual el extranjero conviene en no acudir al Gobierno de su nacionalidad para que lo proteja, en relación con cualquier conflicto que surja en el contrato.
“Si bien la adquisición de bienes inmuebles por extranjeros en la llamada zona restringida debe hacerse a través de la constitución de un fideicomiso traslativo de dominio a su favor en una Institución de Crédito, la propia Ley de Inversión Extranjera permite en términos de su artículo 10, la adquisición de propiedades en zona restringida por medio de sociedades mexicanas que contengan cláusula de admisión de extranjeros. Esta ambigüedad, junto con la equivoca noción de un abaratamiento de los costos, ha generado que gran parte de las adquisiciones de bienes inmuebles en zonas restringidas se lleve a cabo a través de la constitución de sociedades mexicanas, circunstancia que en la gran mayoría de los casos genera la creación de las llamadas empresas ‘fantasmas’ que no tienen ninguna operación”, señaló.
La iniciativa señala que hoy existen las condiciones necesarias para promover la reforma a la fracción I, del Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de suprimir la zona restringida, así como la utilización de la Cláusula Calvo.
Lo que dice la ley
Actualmente, la ley no permite a extranjeros adquirir propiedades dentro de la llamada “zona restringida”, definida por la fracción VI, del artículo 2º de la Ley de Inversión Extranjera, como “la franja del territorio nacional de cien kilómetros a lo largo de las fronteras y de cincuenta kilómetros a lo largo de las playas”.
El argumento
Los legisladores consideraron que con la aprobación de la propuesta que se somete a consideración del Congreso de la Unión se lograría un mejor aprovechamiento del sector turístico, considerando que la situación actual dista mucho del contexto en el cual nació la restricción constitucional en cuestión, que hoy representa únicamente un obstáculo para la inversión extranjera generadora de empleos en el sector turístico.
Los trabajos en la Cámara alta
Aprueban comisión a favor de indígenas El pleno del Senado aprobó la propuesta del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de crear una comisión especial que investigue las posibles violaciones a derechos humanos en contra de las dos indígenas presas, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, en Querétaro.
A propuesta del coordinador del PRI, Manlio Fabio Beltrones, y la senadora María del Socorro García se exhortó además a la Procuraduría General de la República (PGR) a revisar inmediatamente la situación jurídica de ambas indígenas, recluidas en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de San José el Alto, Querétaro.
Alcaldes de Michoacán
El grupo plural del Senado que dio seguimiento a la detención de alcaldes y funcionarios de Michoacán afirmó que detectó inconsistencias procesales que violaron varias garantías constitucionales, como los derechos humanos.
Por ello, el grupo plural de senadores recomendó reformar las figuras jurídicas de testigos protegidos y el arraigo, ante las irregularidades detectadas en su aplicación en el caso de los presidentes municipales michoacanos.
Al presentar el informe final, el coordinador del grupo, el senador del PRD, Carlos Sotelo, dijo que el Congreso debe examinar la figura de los testigos protegidos, para determinar la solidez o validez jurídica de sus declaraciones de los testigos.
En las conclusiones, el grupo senatorial indicó que genera sospechas la existencia de “algún tipo de interés ajeno al legal”, pues es prácticamente imposible que un día después de la consignación se resuelva sobre la misma y se emita una orden de aprehensión.
Ley de Cinematografía
El pleno del Senado aprobó una reforma para reforzar los mecanismos por los que la Secretaría de Gobernación verifica los contenidos de películas.
Las reformas a la Ley Federal de Cinematografía delinean las visitas de verificación a cines, y otras medidas como el aseguramiento del material y la prohibición para exhibir públicamente en salas o lugares que no cuenten con autorización para ello.
La reforma —que pasó al Ejecutivo— faculta a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a la Secretaría de Gobernación (Segob) a imponer las sanciones correspondientes.
Si se recae por más de una vez en una amonestación, la autoridad podrá imponer sanciones y multas que van desde los 500 hasta los 15 mil salarios mínimos, vigente en el Distrito Federal.
El senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), José Luis Máximo García Zalvidea, manifestó su rechazo de inmediato a la reforma y pidió que fuera retirada su firma de apoyo, la cual había otorgado en un principio.
Los senadores que sí suscriben la iniciativa —según la Gaceta Parlamentaria— son los panistas Javier Castelo Parada, Jaime Rafael Díaz Ochoa, Alejandro González Alcocer, Ramón Galindo, Juan Bueno Torio y María Serrano, además de Eloy Cantú, del PRI; Ericel Gómez Nucamendi, de Convergencia, e Irma Martínez, de Nueva Alianza.
Más empleos
El senador Javier Castelo Parada (PAN) argumentó en tribuna que la medida traerá más empleos. Recordó que actualmente la misma ley permite la adquisición de inmuebles por dos figuras: fideicomiso y una sociedad mexicana.
En el texto se considera que la situación actual amerita reformar la fracción I del artículo 27 constitucional, “máxime cuando con ella se verá beneficiada la economía del país, sin que ello signifique la invasión a la soberanía o al territorio nacional”.
En la exposición de motivos se señala que resulta pertinente abordar la permanencia dentro de la disposición constitucional que nos ocupa de la llamada “Cláusula Calvo”, entendida como la estipulación pactada en un contrato entre un extranjero y un Gobierno, de acuerdo con la cual el extranjero conviene en no acudir al Gobierno de su nacionalidad para que lo proteja, en relación con cualquier conflicto que surja en el contrato.
“Si bien la adquisición de bienes inmuebles por extranjeros en la llamada zona restringida debe hacerse a través de la constitución de un fideicomiso traslativo de dominio a su favor en una Institución de Crédito, la propia Ley de Inversión Extranjera permite en términos de su artículo 10, la adquisición de propiedades en zona restringida por medio de sociedades mexicanas que contengan cláusula de admisión de extranjeros. Esta ambigüedad, junto con la equivoca noción de un abaratamiento de los costos, ha generado que gran parte de las adquisiciones de bienes inmuebles en zonas restringidas se lleve a cabo a través de la constitución de sociedades mexicanas, circunstancia que en la gran mayoría de los casos genera la creación de las llamadas empresas ‘fantasmas’ que no tienen ninguna operación”, señaló.
La iniciativa señala que hoy existen las condiciones necesarias para promover la reforma a la fracción I, del Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de suprimir la zona restringida, así como la utilización de la Cláusula Calvo.
Lo que dice la ley
Actualmente, la ley no permite a extranjeros adquirir propiedades dentro de la llamada “zona restringida”, definida por la fracción VI, del artículo 2º de la Ley de Inversión Extranjera, como “la franja del territorio nacional de cien kilómetros a lo largo de las fronteras y de cincuenta kilómetros a lo largo de las playas”.
El argumento
Los legisladores consideraron que con la aprobación de la propuesta que se somete a consideración del Congreso de la Unión se lograría un mejor aprovechamiento del sector turístico, considerando que la situación actual dista mucho del contexto en el cual nació la restricción constitucional en cuestión, que hoy representa únicamente un obstáculo para la inversión extranjera generadora de empleos en el sector turístico.
Los trabajos en la Cámara alta
Aprueban comisión a favor de indígenas El pleno del Senado aprobó la propuesta del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de crear una comisión especial que investigue las posibles violaciones a derechos humanos en contra de las dos indígenas presas, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, en Querétaro.
A propuesta del coordinador del PRI, Manlio Fabio Beltrones, y la senadora María del Socorro García se exhortó además a la Procuraduría General de la República (PGR) a revisar inmediatamente la situación jurídica de ambas indígenas, recluidas en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de San José el Alto, Querétaro.
Alcaldes de Michoacán
El grupo plural del Senado que dio seguimiento a la detención de alcaldes y funcionarios de Michoacán afirmó que detectó inconsistencias procesales que violaron varias garantías constitucionales, como los derechos humanos.
Por ello, el grupo plural de senadores recomendó reformar las figuras jurídicas de testigos protegidos y el arraigo, ante las irregularidades detectadas en su aplicación en el caso de los presidentes municipales michoacanos.
Al presentar el informe final, el coordinador del grupo, el senador del PRD, Carlos Sotelo, dijo que el Congreso debe examinar la figura de los testigos protegidos, para determinar la solidez o validez jurídica de sus declaraciones de los testigos.
En las conclusiones, el grupo senatorial indicó que genera sospechas la existencia de “algún tipo de interés ajeno al legal”, pues es prácticamente imposible que un día después de la consignación se resuelva sobre la misma y se emita una orden de aprehensión.
Ley de Cinematografía
El pleno del Senado aprobó una reforma para reforzar los mecanismos por los que la Secretaría de Gobernación verifica los contenidos de películas.
Las reformas a la Ley Federal de Cinematografía delinean las visitas de verificación a cines, y otras medidas como el aseguramiento del material y la prohibición para exhibir públicamente en salas o lugares que no cuenten con autorización para ello.
La reforma —que pasó al Ejecutivo— faculta a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a la Secretaría de Gobernación (Segob) a imponer las sanciones correspondientes.
Si se recae por más de una vez en una amonestación, la autoridad podrá imponer sanciones y multas que van desde los 500 hasta los 15 mil salarios mínimos, vigente en el Distrito Federal.