México
Gobernación propone establecer que el genocidio no prescribe
Un caso reciente fue el del ex presidente Luis Echeverría, exonerado en marzo pasado por un tribunal federal del delito de genocidio
CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Gobernación (Segob) presentó a senadores una propuesta de reforma constitucional en materia de derechos humanos que plantea por vez primera en México la imprescriptibilidad del delito de genocidio.
Un caso reciente fue el del ex presidente Luis Echeverría, exonerado en marzo pasado por un tribunal federal del delito de genocidio, por la matanza del 2 de octubre de 1968, aunque desde julio de 2006 un juez federal consideró prescrito dicho delito imputado al ex mandatario.
La adición al Artículo 22 que propuso Gobernación establece que no prescriben el genocidio ni los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra.
“El genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra son imprescriptibles”, dice la iniciativa a la que tuvo acceso “El Universal”.
Uno de los principales temas a debate es la supremacía de los tratados internacionales en materia de derechos humanos; es decir, si la Constitución está por encima de ellos o los tratados pueden estar por encima de ella.
“Estamos intentando conciliar las obligaciones constitucionales de México con los términos de los convenios internacionales que México ha firmado. Hay quienes piensan que la Constitución mexicana tiene que estar siempre por encima de cualquier convenio internacional y hay quienes creen que los convenios internacionales tienen que ser respetados puntualmente por México aunque vayan más allá de la Constitución del país”, sostuvo Carlos Navarrete, coordinador del PRD en el Senado.
En la redacción propuesta por Gobernación al artículo se perfila la posición del Gobierno: es la Constitución la que lleva mano.
“Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de los que México sea parte, observándose el principio de mayor protección de los derechos humanos —derecho de propersona— siempre que no contravenga a esta Constitución”, propone Gobernación como segundo párrafo del artículo uno.
El Poder Ejecutivo, a través del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, negocia con las principales fuerzas políticas del Congreso una reforma de mayor calado para elevar los derechos humanos a rango constitucional.
Un caso reciente fue el del ex presidente Luis Echeverría, exonerado en marzo pasado por un tribunal federal del delito de genocidio, por la matanza del 2 de octubre de 1968, aunque desde julio de 2006 un juez federal consideró prescrito dicho delito imputado al ex mandatario.
La adición al Artículo 22 que propuso Gobernación establece que no prescriben el genocidio ni los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra.
“El genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra son imprescriptibles”, dice la iniciativa a la que tuvo acceso “El Universal”.
Uno de los principales temas a debate es la supremacía de los tratados internacionales en materia de derechos humanos; es decir, si la Constitución está por encima de ellos o los tratados pueden estar por encima de ella.
“Estamos intentando conciliar las obligaciones constitucionales de México con los términos de los convenios internacionales que México ha firmado. Hay quienes piensan que la Constitución mexicana tiene que estar siempre por encima de cualquier convenio internacional y hay quienes creen que los convenios internacionales tienen que ser respetados puntualmente por México aunque vayan más allá de la Constitución del país”, sostuvo Carlos Navarrete, coordinador del PRD en el Senado.
En la redacción propuesta por Gobernación al artículo se perfila la posición del Gobierno: es la Constitución la que lleva mano.
“Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de los que México sea parte, observándose el principio de mayor protección de los derechos humanos —derecho de propersona— siempre que no contravenga a esta Constitución”, propone Gobernación como segundo párrafo del artículo uno.
El Poder Ejecutivo, a través del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, negocia con las principales fuerzas políticas del Congreso una reforma de mayor calado para elevar los derechos humanos a rango constitucional.