México
Estados “empañan” acceso a información
La rendición de cuentas está limitada en algunas entidades por rezagos tecnológicos y por protección a servidores públicos
CIUDAD DE MÉXICO.- Ciudadanos de Sonora encontraron la versión inversa de Robin Hood. Lo hallaron en Navojoa. Un buen día decidieron comenzar a utilizar la Ley de Acceso a la Información Pública del estado, enviaron preguntas al gobierno y a varios municipios. Querían saber, entre otras cosas, cómo se gastó el dinero etiquetado para atender las zonas de alta marginalidad.
Hubo quien no contestó o envió información incomprensible. Ellos insistieron. Su necedad los llevó a obtener varios documentos. Encontraron que el entonces alcalde de Navojoa, Sonora, Onésimo Mariscales Delgadillo, declaró a todo el municipio como “altamente vulnerable”. Y con el dinero que estaba destinado para los más pobres, realizó obras de pavimentación.
El problema fue que la mayoría de las calles pavimentadas estaban en las zonas más ricas del municipio. Los ciudadanos bautizaron a ese alcalde como Hood Robin. En 2009, Mariscales Delgadillo fue electo diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional ( PRI).
El caso de Navojoa es emblemático para Sonora Ciudadana, organización civil que hizo las solicitudes de información, recopiló los documentos y comprobó que los recursos públicos no se gastaron en forma correcta.
Guillermo Noriega Esparza, director de Sonora Ciudadana, explica que sin la Ley de Acceso a la Información quizá nunca hubieran dado con el singular Hood Robin. El problema, dice, es que no hubo sanciones para el presidente municipal que no ejerció en forma adecuada los recursos.
El país, explica Noriega Esparza, tiene ya las bases para que los ciudadanos ejerzan el derecho a la información. Hay un marco legal, pero no se ha dado los siguientes pasos: que los ciudadanos hagan efectivo este derecho, que los gobiernos rindan cuentas sobre el uso de los recursos y, sobre todo, que se sancione a quien no cumpla, a quien haga mal uso del dinero público o que niegue a los ciudadanos la información.
Si no hay avances en este camino, la transparencia y el derecho a la información corren el peligro de ser sólo “una simulación”, coinciden académicos y representantes de organizaciones no gubernamentales del país.
Avances en la ley
Desde hace diez años, académicos y organizaciones no gubernamentales trabajan en impulsar el tema de la transparencia y el acceso a la información pública. En 2002, tuvieron su primer logro: que el país contara con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Esta legislación trajo un efecto dominó. Varias entidades federativas comenzaron a tener sus propias leyes en la materia.
En 2007, se tuvo el segundo triunfo. Se realizaron reformas al artículo sexto Constitucional que permitieron incluir el “principio de máxima publicidad”, el cual establece como una garantía individual el derecho de toda persona a conocer el funcionamiento y gasto del gobierno, por lo que se obliga a todos los niveles del Estado, las entidades y los poderes a aplicar los instrumentos necesarios para hacer efectivo este derecho.
Estas reformas establecían que Federación, estados y Distrito Federal tenían dos plazos para cumplir con el mandato. El primero se venció en julio de 2008, para entonces todas las entidades tenían que contar con leyes de acceso a la información pública y transparencia, o bien, realizar las reformas necesarias. También tenían que contar con órganos garantes, que vigilen que se respete el derecho a saber de los ciudadanos.
El segundo plazo se venció en julio de 2009. En esta fecha, todos los estados, el Distrito Federal, las delegaciones y los municipios con más de 70 mil habitantes deberían contar con sistemas electrónicos que permitan a los ciudadanos formular peticiones de información.
Diversos análisis elaborados por organizaciones no gubernamentales muestran que estas disposiciones constitucionales han sido ignoradas por varias entidades federativas.
Retrocesos en la práctica
Las organizaciones Artículo 19 y Fundar preparan un estudio sobre acceso a la información. La intención es evaluar las legislaciones estatales y saber qué tanto protegen y permiten ejercer el derecho a la información pública. Los resultados serán presentados próximamente.
Lo que han encontrado es que ninguna de las entidades federativas sale bien librada. Gabriela Morales, de Artículo 19 apunta: “Si las calificamos del cero al diez, la mayoría está por debajo del cinco”.
Los estados más rezagados en acceso a la información son Baja California, Guerrero, Tamaulipas e Hidalgo. Ninguno de ellos ha realizado las reformas necesarias para cumplir con lo dispuesto en el artículo sexto de la Constitución.
Baja California, por ejemplo, no tiene un órgano garante. En Guerrero, si un ciudadano desea interponer un recurso de revisión tiene que viajar a Chilpancingo para presentarlo, cuando se supone que debería hacerse mediante un sistema electrónico. Además, los consejeros no tienen capacidad resolutiva.
Al intentar enviar solicitudes de información a diversas entidades, no se logró enviar las preguntas a los estados de Baja California, Baja California Sur, Colima, Guerrero, Nayarit y Querétaro, porque no cuentan con sistemas electrónicos para hacerlo.
En el caso de Campeche, la página de internet aparecía una leyenda que decía que por el “mantenimiento” no era posible enviar la solicitud de información. Mientras que el gobierno de Tamaulipas envió un correo electrónico preguntando “para qué se solicita la información, quién es el solicitante y a qué organismo pertenece”.
Estas preguntas van en contra de lo establecido en el artículo sexto Constitucional, el cual establece, entre otras cosas que “toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública”
Sonora Ciudadana fue una de las varias organizaciones que impulsaron las reformas al sexto constitucional. “Pensábamos que con ello se iba a lograr tener una homologación en el país en el tema de transparencia y acceso a la información, pero lo que hemos visto es que han existido retrocesos”.
Delimitaciones en entidades
Gabriela Morales, de la organización Artículo 19, recuerda que después de las reformas constitucionales, se dieron casos de entidades en las que se buscó delimitar las funciones de los órganos autónomos, como Campeche o Querétaro. En este último se intentó que la Comisión Estatal de Derechos Humanos se ocupara de atender los casos de transparencia. Incluso se planteó que “se cobrara la búsqueda de información”.
Tlaxcala tiene una ley muy pobre en términos de transparencia, Jalisco resalta por contar con una ley muy buena, pero es “un gran ejemplo” de cómo una buena legislación generan mayores embestidas hacia el derecho, explica Miguel Pulido, de Fundar.
A finales de 2009, la entidad gobernada por el panista Emilio González intentó modificar la ley de transparencia e incluir causales de reserva de información que no cumplían con el principio de máxima publicidad.
Otro ejemplo es Sonora. La Ley de Transparencia y Acceso a la Información del estado incluye como sujetos obligados de rendir cuentas a los partidos políticos, los sindicatos y las asociaciones civiles que reciben recursos públicos. Sin embargo, la entidad no cuenta con un órgano especializado en acceso a la información; el que realiza ese papel es el Tribunal Estatal Electoral y de Transparencia Informativa, el cual, en los hechos, no tiene capacidad de resolución.
La organización Sonora Ciudadana envió una solicitud de información a un sindicato de burócratas del estado; nunca la aceptó. Los ciudadanos interpusieron su queja ante el tribunal, aún así, asegura Guillermo Noriega Esparza, “este órgano no resolvió nada”.
El dirigente de dicha organización civil menciona que tampoco se les ha informado sobre cuáles son los recursos que destina la Secretaría de Gobierno de Sonora a las asociaciones civiles. “Es la partida secreta sonorense”.
Las organizaciones destacan los casos en que los órganos que deben vigilar que se respete el derecho a la información están sometidos al control político. Miguel Pulido, de Fundar, menciona a Oaxaca como ejemplo: “Ahí el gobernador colocó al frente del órgano a una persona muy próxima a él. Aquí la garantía constitucional falla, no por el diseño, sino por una vulgar captura política”.
De acuerdo con análisis de Artículo 19 y Fundar, el DF cuenta con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública más avanzada en el país. Es la única que permite al ciudadano formular peticiones de información por medio de un número telefónico.
Opacidad, en aumento
Gabriela Morales, de la organización Artículo 19 asegura: “El Artículo Sexto de la Constitución pone un piso mínimo, pero todavía hay pendientes”. Por ejemplo, no se ha avanzado en las sanciones a los funcionarios públicos que nieguen la información pública a los ciudadanos, que pongan trabas para tener acceso a este derecho constitucional.
Este hueco está, inclusive, en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en donde se menciona que se deben sancionar todos los incumplimientos a la legislación, “pero no dice —comenta— quién lo debe hacer”.
Las organizaciones coinciden en que esta falta de sanciones ha permitido que los gobernantes, las dependencias y todo el sistema burocrático se invente modelos de opacidad.
Ernesto Villanueva, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, especialista en acceso a la información, explica: “Conforme los solicitantes han ido conociendo la forma de hacer solicitudes, distintas entidades han sofisticado sus mecanismos de evasión”.
Entre las formas para eludir resalta la de clasificar información como “reservada”, cuando no se justifica, de acuerdo con los estándares nacionales e internacionales. Un ejemplo, menciona Ernesto Villanueva, está en el estado de Veracruz, donde se consideró como información reservada los datos relacionados con la publicidad oficial.
Hay números que muestran cómo va en aumento la opacidad. Miguel Pulido, de Fundar, comenta que entre 2 y 9% de las respuestas a peticiones de información declaran que no existen los documentos que pide el ciudadano. Además, menos de 30% de los ciudadanos que reciben una respuesta negativa, presentan un recurso de revisión.
Miguel Pulido dice: “El derecho a la información sólo te asegura a que tengas acceso a los documentos existentes, pero si alguien no cumplió, si no se generó el documento, si se destruyó o si se niega argumentando que no existe, entonces no hay ninguna sanción”.
Noriega Esparza, de Sonora Ciudadana, considera que “la transparencia ha perdido la fuerza con la que inició, precisamente por la impunidad. Ahora, el reto que tenemos es que pasemos a la responsabilidad pública”.
Las organizaciones reconocen que las leyes de transparencia y acceso a la información han permitido hacer valer derechos, fiscalizar gastos, controlar al funcionario para evitar la corrupción.
Miguel Pulido, de Fundar, explica que el peligro que ahora se tiene es que cada vez haya más casos en donde sólo se documenten las malas prácticas de los gobiernos, pero que no se tenga ninguna consecuencia, que no se sancione al servidor público. Eso, dice, “sólo incrementará la frustración ciudadana”.
El director adjunto de la organización civil Fundar resalta: “Se puede caer en un sistema de simulación, en donde haya muchas leyes, portales de transparencia, órganos vigilantes pero que no funcionen en forma adecuada”.
Del dicho al hecho
¿La transparencia gubernamental que los gobiernos enarbolan como bandera se ha quedado sólo en el discurso? Luis Pineda, coordinador del Programa de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Local de Equipo Pueblo, responde: “Se ha hecho una labor más publicitaria que realmente operativa”.
Miguel Pulido asegura: “La preocupación de la clase política en relación con la transparencia y acceso a la información es superficial, sólo está en el discurso”.
Para Noriega Esparza, de Sonora Ciudadana, la transparencia tiene que pasar del discurso a los hechos, de lo contrario, el concepto “se prostituirá y perderá valor. Si no se actúa ahora, en unos años, el concepto de transparencia no tendrá ningún sentido para la población”.
Las organizaciones civiles coinciden en que uno de los caminos para obligar a los gobiernos a ser transparentes es que los ciudadanos ejerzan su derecho a la información.
Estamos en un momento crítico en el tema de acceso a la información, afirma Miguel Pulido, de Fundar. Si no se avanza, advierte, la transparencia en el país se convertirá sólo en una fuente de documentación del “cinismo político”, como sucedió con el caso del presidente municipal que los ciudadanos bautizaron como Hood Robin.
Hubo quien no contestó o envió información incomprensible. Ellos insistieron. Su necedad los llevó a obtener varios documentos. Encontraron que el entonces alcalde de Navojoa, Sonora, Onésimo Mariscales Delgadillo, declaró a todo el municipio como “altamente vulnerable”. Y con el dinero que estaba destinado para los más pobres, realizó obras de pavimentación.
El problema fue que la mayoría de las calles pavimentadas estaban en las zonas más ricas del municipio. Los ciudadanos bautizaron a ese alcalde como Hood Robin. En 2009, Mariscales Delgadillo fue electo diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional ( PRI).
El caso de Navojoa es emblemático para Sonora Ciudadana, organización civil que hizo las solicitudes de información, recopiló los documentos y comprobó que los recursos públicos no se gastaron en forma correcta.
Guillermo Noriega Esparza, director de Sonora Ciudadana, explica que sin la Ley de Acceso a la Información quizá nunca hubieran dado con el singular Hood Robin. El problema, dice, es que no hubo sanciones para el presidente municipal que no ejerció en forma adecuada los recursos.
El país, explica Noriega Esparza, tiene ya las bases para que los ciudadanos ejerzan el derecho a la información. Hay un marco legal, pero no se ha dado los siguientes pasos: que los ciudadanos hagan efectivo este derecho, que los gobiernos rindan cuentas sobre el uso de los recursos y, sobre todo, que se sancione a quien no cumpla, a quien haga mal uso del dinero público o que niegue a los ciudadanos la información.
Si no hay avances en este camino, la transparencia y el derecho a la información corren el peligro de ser sólo “una simulación”, coinciden académicos y representantes de organizaciones no gubernamentales del país.
Avances en la ley
Desde hace diez años, académicos y organizaciones no gubernamentales trabajan en impulsar el tema de la transparencia y el acceso a la información pública. En 2002, tuvieron su primer logro: que el país contara con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Esta legislación trajo un efecto dominó. Varias entidades federativas comenzaron a tener sus propias leyes en la materia.
En 2007, se tuvo el segundo triunfo. Se realizaron reformas al artículo sexto Constitucional que permitieron incluir el “principio de máxima publicidad”, el cual establece como una garantía individual el derecho de toda persona a conocer el funcionamiento y gasto del gobierno, por lo que se obliga a todos los niveles del Estado, las entidades y los poderes a aplicar los instrumentos necesarios para hacer efectivo este derecho.
Estas reformas establecían que Federación, estados y Distrito Federal tenían dos plazos para cumplir con el mandato. El primero se venció en julio de 2008, para entonces todas las entidades tenían que contar con leyes de acceso a la información pública y transparencia, o bien, realizar las reformas necesarias. También tenían que contar con órganos garantes, que vigilen que se respete el derecho a saber de los ciudadanos.
El segundo plazo se venció en julio de 2009. En esta fecha, todos los estados, el Distrito Federal, las delegaciones y los municipios con más de 70 mil habitantes deberían contar con sistemas electrónicos que permitan a los ciudadanos formular peticiones de información.
Diversos análisis elaborados por organizaciones no gubernamentales muestran que estas disposiciones constitucionales han sido ignoradas por varias entidades federativas.
Retrocesos en la práctica
Las organizaciones Artículo 19 y Fundar preparan un estudio sobre acceso a la información. La intención es evaluar las legislaciones estatales y saber qué tanto protegen y permiten ejercer el derecho a la información pública. Los resultados serán presentados próximamente.
Lo que han encontrado es que ninguna de las entidades federativas sale bien librada. Gabriela Morales, de Artículo 19 apunta: “Si las calificamos del cero al diez, la mayoría está por debajo del cinco”.
Los estados más rezagados en acceso a la información son Baja California, Guerrero, Tamaulipas e Hidalgo. Ninguno de ellos ha realizado las reformas necesarias para cumplir con lo dispuesto en el artículo sexto de la Constitución.
Baja California, por ejemplo, no tiene un órgano garante. En Guerrero, si un ciudadano desea interponer un recurso de revisión tiene que viajar a Chilpancingo para presentarlo, cuando se supone que debería hacerse mediante un sistema electrónico. Además, los consejeros no tienen capacidad resolutiva.
Al intentar enviar solicitudes de información a diversas entidades, no se logró enviar las preguntas a los estados de Baja California, Baja California Sur, Colima, Guerrero, Nayarit y Querétaro, porque no cuentan con sistemas electrónicos para hacerlo.
En el caso de Campeche, la página de internet aparecía una leyenda que decía que por el “mantenimiento” no era posible enviar la solicitud de información. Mientras que el gobierno de Tamaulipas envió un correo electrónico preguntando “para qué se solicita la información, quién es el solicitante y a qué organismo pertenece”.
Estas preguntas van en contra de lo establecido en el artículo sexto Constitucional, el cual establece, entre otras cosas que “toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública”
Sonora Ciudadana fue una de las varias organizaciones que impulsaron las reformas al sexto constitucional. “Pensábamos que con ello se iba a lograr tener una homologación en el país en el tema de transparencia y acceso a la información, pero lo que hemos visto es que han existido retrocesos”.
Delimitaciones en entidades
Gabriela Morales, de la organización Artículo 19, recuerda que después de las reformas constitucionales, se dieron casos de entidades en las que se buscó delimitar las funciones de los órganos autónomos, como Campeche o Querétaro. En este último se intentó que la Comisión Estatal de Derechos Humanos se ocupara de atender los casos de transparencia. Incluso se planteó que “se cobrara la búsqueda de información”.
Tlaxcala tiene una ley muy pobre en términos de transparencia, Jalisco resalta por contar con una ley muy buena, pero es “un gran ejemplo” de cómo una buena legislación generan mayores embestidas hacia el derecho, explica Miguel Pulido, de Fundar.
A finales de 2009, la entidad gobernada por el panista Emilio González intentó modificar la ley de transparencia e incluir causales de reserva de información que no cumplían con el principio de máxima publicidad.
Otro ejemplo es Sonora. La Ley de Transparencia y Acceso a la Información del estado incluye como sujetos obligados de rendir cuentas a los partidos políticos, los sindicatos y las asociaciones civiles que reciben recursos públicos. Sin embargo, la entidad no cuenta con un órgano especializado en acceso a la información; el que realiza ese papel es el Tribunal Estatal Electoral y de Transparencia Informativa, el cual, en los hechos, no tiene capacidad de resolución.
La organización Sonora Ciudadana envió una solicitud de información a un sindicato de burócratas del estado; nunca la aceptó. Los ciudadanos interpusieron su queja ante el tribunal, aún así, asegura Guillermo Noriega Esparza, “este órgano no resolvió nada”.
El dirigente de dicha organización civil menciona que tampoco se les ha informado sobre cuáles son los recursos que destina la Secretaría de Gobierno de Sonora a las asociaciones civiles. “Es la partida secreta sonorense”.
Las organizaciones destacan los casos en que los órganos que deben vigilar que se respete el derecho a la información están sometidos al control político. Miguel Pulido, de Fundar, menciona a Oaxaca como ejemplo: “Ahí el gobernador colocó al frente del órgano a una persona muy próxima a él. Aquí la garantía constitucional falla, no por el diseño, sino por una vulgar captura política”.
De acuerdo con análisis de Artículo 19 y Fundar, el DF cuenta con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública más avanzada en el país. Es la única que permite al ciudadano formular peticiones de información por medio de un número telefónico.
Opacidad, en aumento
Gabriela Morales, de la organización Artículo 19 asegura: “El Artículo Sexto de la Constitución pone un piso mínimo, pero todavía hay pendientes”. Por ejemplo, no se ha avanzado en las sanciones a los funcionarios públicos que nieguen la información pública a los ciudadanos, que pongan trabas para tener acceso a este derecho constitucional.
Este hueco está, inclusive, en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en donde se menciona que se deben sancionar todos los incumplimientos a la legislación, “pero no dice —comenta— quién lo debe hacer”.
Las organizaciones coinciden en que esta falta de sanciones ha permitido que los gobernantes, las dependencias y todo el sistema burocrático se invente modelos de opacidad.
Ernesto Villanueva, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, especialista en acceso a la información, explica: “Conforme los solicitantes han ido conociendo la forma de hacer solicitudes, distintas entidades han sofisticado sus mecanismos de evasión”.
Entre las formas para eludir resalta la de clasificar información como “reservada”, cuando no se justifica, de acuerdo con los estándares nacionales e internacionales. Un ejemplo, menciona Ernesto Villanueva, está en el estado de Veracruz, donde se consideró como información reservada los datos relacionados con la publicidad oficial.
Hay números que muestran cómo va en aumento la opacidad. Miguel Pulido, de Fundar, comenta que entre 2 y 9% de las respuestas a peticiones de información declaran que no existen los documentos que pide el ciudadano. Además, menos de 30% de los ciudadanos que reciben una respuesta negativa, presentan un recurso de revisión.
Miguel Pulido dice: “El derecho a la información sólo te asegura a que tengas acceso a los documentos existentes, pero si alguien no cumplió, si no se generó el documento, si se destruyó o si se niega argumentando que no existe, entonces no hay ninguna sanción”.
Noriega Esparza, de Sonora Ciudadana, considera que “la transparencia ha perdido la fuerza con la que inició, precisamente por la impunidad. Ahora, el reto que tenemos es que pasemos a la responsabilidad pública”.
Las organizaciones reconocen que las leyes de transparencia y acceso a la información han permitido hacer valer derechos, fiscalizar gastos, controlar al funcionario para evitar la corrupción.
Miguel Pulido, de Fundar, explica que el peligro que ahora se tiene es que cada vez haya más casos en donde sólo se documenten las malas prácticas de los gobiernos, pero que no se tenga ninguna consecuencia, que no se sancione al servidor público. Eso, dice, “sólo incrementará la frustración ciudadana”.
El director adjunto de la organización civil Fundar resalta: “Se puede caer en un sistema de simulación, en donde haya muchas leyes, portales de transparencia, órganos vigilantes pero que no funcionen en forma adecuada”.
Del dicho al hecho
¿La transparencia gubernamental que los gobiernos enarbolan como bandera se ha quedado sólo en el discurso? Luis Pineda, coordinador del Programa de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Local de Equipo Pueblo, responde: “Se ha hecho una labor más publicitaria que realmente operativa”.
Miguel Pulido asegura: “La preocupación de la clase política en relación con la transparencia y acceso a la información es superficial, sólo está en el discurso”.
Para Noriega Esparza, de Sonora Ciudadana, la transparencia tiene que pasar del discurso a los hechos, de lo contrario, el concepto “se prostituirá y perderá valor. Si no se actúa ahora, en unos años, el concepto de transparencia no tendrá ningún sentido para la población”.
Las organizaciones civiles coinciden en que uno de los caminos para obligar a los gobiernos a ser transparentes es que los ciudadanos ejerzan su derecho a la información.
Estamos en un momento crítico en el tema de acceso a la información, afirma Miguel Pulido, de Fundar. Si no se avanza, advierte, la transparencia en el país se convertirá sólo en una fuente de documentación del “cinismo político”, como sucedió con el caso del presidente municipal que los ciudadanos bautizaron como Hood Robin.