México
Elecciones y Transparencia
Por José de Jesús Covarrubias Dueñas
Los últimos procesos electorales en México han sido muy cuestionados por diversas razones, en especial porque mucha gente se ha preguntado de dónde provienen tantos capitales o recursos materiales que utilizan partidos políticos, o de qué manera se financian determinados políticos campañas que han durado muchos años.
Otros cuestionamientos se han dado en el sentido de que se informe cómo algunos ciudadanos o entes diversos han podido financiar propaganda comercial electoral para influir en la opinión ciudadana e inclinar las simpatías electorales hacia algún candidato o partido político.
De aquí que los poderes de hecho sean muy influyentes en la materia político electoral y cuenten con muchas vías para incidir en la realización del proselitismo subliminal.
Por lo anterior, las reformas a las normas rectoras y a la ley electoral tuvieron una motivación muy importante respecto a los medios que influyen en la formación de la opinión pública, y fue el asunto de la equidad en la contienda y el respeto a los valores, principios e intereses constitucionales en cuanto a la libertad de prensa, de opinión, el respeto a la vida privada, a los derechos de terceros, a la moral y a la paz pública, de manera principal.
Entonces, los partidos políticos o coaliciones, para poder realizar propaganda político-electoral en la radio y la televisión, sea para elecciones federales o locales, deberán realizarlo a través de la autoridad administrativa electoral federal (Instituto Federal Electoral -IFE-).
Otros aspectos de vital importancia en estas reformas, son los relativos a la cuestión del financiamiento, así como los tiempos de precampaña y de campaña.
Respecto al financiamiento público, se ha reducido en la legislación federal, en su mayoría sigue siendo público; todo partido deberá informar los gastos y las aportaciones que reciban a través de sus militantes, donaciones, rendimientos financieros o rifas y sorteos. Toda esta información deberá, una vez revisada por las respectivas autoridades electorales federales y locales, ser transparentada para que cualquier persona o ciudadano conozca de qué manera fueron financiados los precandidatos, candidatos, partidos políticos y coaliciones que hayan participado en el proceso electoral, en el entendido de que existen los límites de gasto de precampaña y campaña.
Los informes de dichos gastos que se realicen a nivel federal deberán ser entregados a la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos en los siguientes plazos:
— Informes anules y trimestrales respecto de los gastos ordinarios que realicen los partidos políticos. Los trimestrales deberán ser entregados dentro de los 30 días siguientes, y los anules a los 60 días de los vencimientos respectivos.
— El informe de precampañas, mismo que se presentará dentro de los 30 días siguientes a la conclusión de las precampañas.
—
— Los informes de campaña, que deberán ser presentados en dos momentos: un informe preliminar al 30 de mayo del proceso electoral, y el informe final que deberá ser entregado dentro de los 60 días de la jornada electoral, que en este caso se celebrará, tanto en la elección federal como local, el día 5 de julio de 2009.
—
La Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos del IFE revisará los informes anuales y de precampaña dentro de los 60 días siguientes a su entrega, y los de campaña en los 120 días posteriores.
Una vez revisados y aclaradas las fuentes del financiamiento, entonces, como ya se apuntó, deberán ser puestos a la luz pública los recursos que se utilizaron dentro del proceso electoral.
Así, la ciudadanía podrá consultar, de manera directa ante las autoridades administrativas electorales, los medios de propaganda y los recursos financieros que utilizaron los candidatos, partidos políticos y coaliciones.
Con dichas normas, es claro que se ha dado un paso más hacia el perfeccionamiento de la equidad y el respeto entre las diversas opciones políticas con que contamos en México, de las cuales esperamos en este año nuevo, que mejoren las condiciones del país.
Otros cuestionamientos se han dado en el sentido de que se informe cómo algunos ciudadanos o entes diversos han podido financiar propaganda comercial electoral para influir en la opinión ciudadana e inclinar las simpatías electorales hacia algún candidato o partido político.
De aquí que los poderes de hecho sean muy influyentes en la materia político electoral y cuenten con muchas vías para incidir en la realización del proselitismo subliminal.
Por lo anterior, las reformas a las normas rectoras y a la ley electoral tuvieron una motivación muy importante respecto a los medios que influyen en la formación de la opinión pública, y fue el asunto de la equidad en la contienda y el respeto a los valores, principios e intereses constitucionales en cuanto a la libertad de prensa, de opinión, el respeto a la vida privada, a los derechos de terceros, a la moral y a la paz pública, de manera principal.
Entonces, los partidos políticos o coaliciones, para poder realizar propaganda político-electoral en la radio y la televisión, sea para elecciones federales o locales, deberán realizarlo a través de la autoridad administrativa electoral federal (Instituto Federal Electoral -IFE-).
Otros aspectos de vital importancia en estas reformas, son los relativos a la cuestión del financiamiento, así como los tiempos de precampaña y de campaña.
Respecto al financiamiento público, se ha reducido en la legislación federal, en su mayoría sigue siendo público; todo partido deberá informar los gastos y las aportaciones que reciban a través de sus militantes, donaciones, rendimientos financieros o rifas y sorteos. Toda esta información deberá, una vez revisada por las respectivas autoridades electorales federales y locales, ser transparentada para que cualquier persona o ciudadano conozca de qué manera fueron financiados los precandidatos, candidatos, partidos políticos y coaliciones que hayan participado en el proceso electoral, en el entendido de que existen los límites de gasto de precampaña y campaña.
Los informes de dichos gastos que se realicen a nivel federal deberán ser entregados a la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos en los siguientes plazos:
— Informes anules y trimestrales respecto de los gastos ordinarios que realicen los partidos políticos. Los trimestrales deberán ser entregados dentro de los 30 días siguientes, y los anules a los 60 días de los vencimientos respectivos.
— El informe de precampañas, mismo que se presentará dentro de los 30 días siguientes a la conclusión de las precampañas.
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— Los informes de campaña, que deberán ser presentados en dos momentos: un informe preliminar al 30 de mayo del proceso electoral, y el informe final que deberá ser entregado dentro de los 60 días de la jornada electoral, que en este caso se celebrará, tanto en la elección federal como local, el día 5 de julio de 2009.
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La Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos del IFE revisará los informes anuales y de precampaña dentro de los 60 días siguientes a su entrega, y los de campaña en los 120 días posteriores.
Una vez revisados y aclaradas las fuentes del financiamiento, entonces, como ya se apuntó, deberán ser puestos a la luz pública los recursos que se utilizaron dentro del proceso electoral.
Así, la ciudadanía podrá consultar, de manera directa ante las autoridades administrativas electorales, los medios de propaganda y los recursos financieros que utilizaron los candidatos, partidos políticos y coaliciones.
Con dichas normas, es claro que se ha dado un paso más hacia el perfeccionamiento de la equidad y el respeto entre las diversas opciones políticas con que contamos en México, de las cuales esperamos en este año nuevo, que mejoren las condiciones del país.