México
El ombudsman
por NAUHCATZIN T. BRAVO AGUILAR Doctor en Derecho y profesor investigador de la Universidad de Guadalajara.
Hace casi 200 años, los suecos crearon una institución que con el tiempo llegaría a constituirse como uno de los referentes incuestionables de la madurez democrática de las naciones. Ombudsman es un vocablo que significa comisionado, representante o mandatario, y es la institución que en 1809 quedó plasmada en la Constitución de Suecia del 6 de junio de 1809, sobre la forma de Gobierno.
Desde ese momento, es decir, a partir del documento fundacional de referencia, el ombudsman surgió como un órgano designado por el Parlamento para vigilar las resoluciones de los tribunales. Con el tiempo, su capacidad de fiscalización creció para incluir en su ámbito de vigilancia a las autoridades administrativas.
Algunos de sus principales atributos, son la independencia de la que goza y, por otra parte, la autoridad moral que legitima su actuar. Es por ello que aunque sus recomendaciones no son de observancia obligatoria, la publicidad de las mismas cobra una importancia preponderante. De hecho, se considera que el ombudsman es un promotor único de los derechos del hombre, y un supervisor indirecto pero muy efectivo del buen desempeño de la administración pública.
Los países con un compromiso creciente por la protección de los derechos humanos, han establecido esta institución cuidando que la independencia de la misma esté garantizada a través de los mecanismos de selección de su titular. México es ejemplo de las dos caras de la moneda. La Comisión Nacional de Derechos Humanos nace como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación en 1990, y estaba directamente adscrita al secretario de Gobernación.
Entre las muchas razones de su surgimiento estaban por lo menos dos de suma importancia para el régimen en turno: primero, legitimar el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari, quien había arribado a la Presidencia de la República después de un proceso electoral muy cuestionado. Y segundo, la propia intención del Gobierno federal por vender la idea al exterior de que en México se protegían los derechos humanos, a efecto de hacer al país más atractivo a los mercados internacionales. El apresurado establecimiento del ombudsman mexicano por razones políticas, y su dependencia del Ejecutivo federal, dañaron de origen a la institución.
Ante la presión nacional e internacional, la falta de congruencia gubernamental tuvo que ser corregida. La independencia del ombudsman mexicano se fue ganando poco a poco, a lo que contribuyó de manera significativa la redistribución de fuerzas políticas en el Congreso de la Unión. En 1999, finalmente, se dio un paso determinante para dotar de plena autonomía administrativa y de gestión al ombudsman. La reforma constitucional de ese año estableció que tanto el titular como los consejeros de dicha institución sean elegidos por la Cámara de Senadores, mediante el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes.
De esta forma, el ombudsman mexicano finalmente se convirtió en un ombudsman parlamentario, siguiendo el ejemplo inequívoco que casi 200 años antes había establecido Suecia. Como con Salinas de Gortari, las tentaciones por utilizar el discurso de los derechos humanos para alcanzar fines políticos y personales siguen presentes. Hoy día, la diferencia es que existe una vasta experiencia y conocimiento en la materia, e ignorar las obviedades demuestra, por decir lo menos, la falta de compromiso con un aspecto tan importante y noble de la vida cotidiana como son los derechos humanos.
Desde ese momento, es decir, a partir del documento fundacional de referencia, el ombudsman surgió como un órgano designado por el Parlamento para vigilar las resoluciones de los tribunales. Con el tiempo, su capacidad de fiscalización creció para incluir en su ámbito de vigilancia a las autoridades administrativas.
Algunos de sus principales atributos, son la independencia de la que goza y, por otra parte, la autoridad moral que legitima su actuar. Es por ello que aunque sus recomendaciones no son de observancia obligatoria, la publicidad de las mismas cobra una importancia preponderante. De hecho, se considera que el ombudsman es un promotor único de los derechos del hombre, y un supervisor indirecto pero muy efectivo del buen desempeño de la administración pública.
Los países con un compromiso creciente por la protección de los derechos humanos, han establecido esta institución cuidando que la independencia de la misma esté garantizada a través de los mecanismos de selección de su titular. México es ejemplo de las dos caras de la moneda. La Comisión Nacional de Derechos Humanos nace como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación en 1990, y estaba directamente adscrita al secretario de Gobernación.
Entre las muchas razones de su surgimiento estaban por lo menos dos de suma importancia para el régimen en turno: primero, legitimar el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari, quien había arribado a la Presidencia de la República después de un proceso electoral muy cuestionado. Y segundo, la propia intención del Gobierno federal por vender la idea al exterior de que en México se protegían los derechos humanos, a efecto de hacer al país más atractivo a los mercados internacionales. El apresurado establecimiento del ombudsman mexicano por razones políticas, y su dependencia del Ejecutivo federal, dañaron de origen a la institución.
Ante la presión nacional e internacional, la falta de congruencia gubernamental tuvo que ser corregida. La independencia del ombudsman mexicano se fue ganando poco a poco, a lo que contribuyó de manera significativa la redistribución de fuerzas políticas en el Congreso de la Unión. En 1999, finalmente, se dio un paso determinante para dotar de plena autonomía administrativa y de gestión al ombudsman. La reforma constitucional de ese año estableció que tanto el titular como los consejeros de dicha institución sean elegidos por la Cámara de Senadores, mediante el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes.
De esta forma, el ombudsman mexicano finalmente se convirtió en un ombudsman parlamentario, siguiendo el ejemplo inequívoco que casi 200 años antes había establecido Suecia. Como con Salinas de Gortari, las tentaciones por utilizar el discurso de los derechos humanos para alcanzar fines políticos y personales siguen presentes. Hoy día, la diferencia es que existe una vasta experiencia y conocimiento en la materia, e ignorar las obviedades demuestra, por decir lo menos, la falta de compromiso con un aspecto tan importante y noble de la vida cotidiana como son los derechos humanos.