México
''Condenan'' a Horcasitas y Karam por el caso ABC
Líderes sociales, a punto de obtener del Congreso la “ley 5 de junio”; ONG’s exigen a Washington frenar tráfico de armas
CIUDAD DE MÉXICO (30/MAY/2011).- Ayer fue un día especialmente activo para la sociedad civil. Un juicio ciudadano para “exponer” a los culpables por el incendio en la Guardería ABC, en el que murieron 49 niños en 2009; la exigencia de ONG´s para que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, frene el tráfico ilegal de armas al país; y el arraigo a dos de los presuntos culpables del asesinado del hijo de Javier Sicilia.
El tercer juicio ciudadano, celebrado en el Zócalo de la Ciudad de México y encabezado por el Movimiento 5 de junio, declaró “culpable” al Estado mexicano por el incendio de la Guardería ABC, en el que fallecieron 49 niños y más de 75 quedaron con diversos tipos de lesión.
El jurado estuvo integrado por activistas, como Javier Sicilia, Eduardo Gallo, Denise Dresser, entre otros. Éstos declararon responsables de no salvaguardar los derechos de los niños al Ejecutivo, al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a la Procuraduría General de la República (PGR), a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la Cámara de Diputados y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Juan Francisco Molinar Horcasitas, ex director del IMSS, y de Daniel Karam, actual titular de la dependencia federal fueron condenados a presentar una disculpa pública y un mes de trabajo comunitario por cada niño o niña que perdió la vida o resultó lesionado en alguna guardería del IMSS. “Esto es 153 meses, equivalente a 12 años con nueve meses de servicio comunitario”.
El próximo domingo se cumplen dos años de la tragedia.
En otro acto, organizaciones civiles anunciaron el inicio de la campaña “Alto al contrabando de armas, tres exigencias a Barack Obama” para pedir al presidente de Estados Unidos que detenga de inmediato el paso de armas de asalto a México, para contener la violencia generada en las entidades del país que enfrentan problemas con el crimen organizado.
Las Organizaciones no Gubernamentales demandaron que sea ordenado a los vendedores de armas reportar a la Oficina de Control de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos la venta de varias armas de asalto a una misma persona, así como fomentar la capacidad regulatoria de la ATF en la frontera común.
Ganan terreno a los políticos
¿Cuál es el adjetivo justo para calificar la tarea que algunos actores sociales han desarrollado en los últimos años? Quizá sean pocos los que apliquen, puesto que dichos esfuerzos tienen como resultado, entre otros, la aprobación de la ley antisecuestro y la aceptación en el Senado de la legislación que protege las guarderías, mejor conocida como “ley 5 de junio”, en alusión a la fecha del incidente en Hermosillo. Incluso, la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) quiere a líderes sociales como Alejandro Martí, Isabel Miranda de Wallace y Javier Sicilia en su próxima reunión para tratar temas de seguridad pública.
Isabel Miranda de Wallace es uno de los casos que mediáticamente son más reconocidos. Tras el secuestro y posterior muerte de su hijo Hugo, la empresaria comienza una búsqueda incansable de los culpables. Con recursos propios y apoyo de las autoridades, logra poner tras las rejas a los presuntos culpables del crimen, siendo el último de éstos Jacobo Tagle Dobin, detenido el 4 de diciembre de 2010.
En lo que es quizá el logro más importante del activismo en últimas fechas, la Cámara de Diputados aprobó la ley antisecuestro el 8 de octubre de 2010. Los ciudadanos que estuvieron atrás de la legislación fueron Miranda de Wallace y Alejandro Martí.
El empresario también incurrió en el activismo social-político luego de la muerte de su primogénito. Fernando Martí Haik, de 14 años, fue secuestrado la mañana del 4 de julio de 2008. El 1 de agosto fue encontrado el cuerpo del joven sin vida. Luego del lamentable hecho, Alejandro Martí crea la Fundación SOS.
Con marchas, gestiones ante políticos de ambas cámaras, juicios ciudadanos y otros actos, el Movimiento 5 de junio gana terreno. Integrado por parte de los padres afectados por el incendio en la Guardería ABC, hay tres nombres que destacan por su constante participación social: Julio César Márquez, Abraham Fraijo y Patricia Duarte (los tres perdieron a sus hijos).
En entrevista otorgada a este medio hace un par de semanas, Julio César mencionó las gestiones políticas con personajes como Manlio Fabio Beltrones, las cuales fueron necesarias para la aprobación en el Senado de la ley de guarderías, la cual fue impulsada por el legislador perredista Javier Castellón.
Cuando se habla de activismo social, el nombre de Javier Sicilia no puede quedar exento. El poeta es otro más que pierde a su hijo a manos del crimen, situación que lo invitó a encabezar marchas con un poder de convocatoria poco imaginado. Tal es el liderazgo social que ganó, que el Presidente Felipe Calderón, el Congreso y la Conago consideran invitarlo a dialogar.
TELÓN DE FONDO
Mano firme para la protección de menores
Todo parece indicar que el caso de los niños muertos y heridos a causa del incendio en la Guardería ABC, el 5 de junio de 2009, no quedará sólo como una anécdota de impunidad.
El 29 de abril el Senado aprobó la minuta de la ley general para la prestación de servicios, atención y cuidados de desarrollo infantil, la cual endurece los requisitos para que un particular pueda establecer una guardería; entre las medidas está la supervisión estricta en temas de protección civil, hecho que remite a las decadentes condiciones de la Guardería ABC, situada cerca de una gasolinera y al costado tenía una oficina en la que había material de papelería; en su interior había una lona sobre el personal y niños, que terminó por ser uno de los factores de la tragedia.
Los senadores también proponen la creación de un registro nacional en el que sean concentrados los responsables de brindar servicios en este rubro.
La previsión es que la ley pueda ser aprobada en la Cámara baja en septiembre, al inicio del nuevo periodo ordinario de sesiones.
Caso Sicilia
Arraigan a dos presuntos homicidas
CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez federal autorizó el arraigo por 40 días de dos presuntos integrantes del cártel del Pacífico Sur, detenidos en Morelos y vinculados presuntamente al homicidio de siete jóvenes, entre ellos Juan Francisco Sicilia.
La Procuraduría General de la República (PGR), confirmó que Gumaro López Ruíz “la Vaca”, y Juan Carlos Librado Márquez Sagal, fueron ingresados al Centro de Investigaciones Federales de la dependencia, ubicado en la colonia Doctores para investigar su participación en el múltiple homicidio y otros ilícitos.
Los dos presuntos delincuentes fueron detenidos a bordo de un vehículo que presuntamente utilizó una célula del cártel del Pacífico Sur para secuestrar a los siete jóvenes.
López Ruiz y Márquez Sagal viajaban en una camioneta Ford scape color gris modelo 2010 con placas LTA 5995 del Estado de México, y un engomado matrícula 820 WTF del Distrito Federal, que tenía reporte de robo.
Fueron capturados por agentes de la Policía Federal en el kilómetro 14 de la carretera Puente de Ixtla Iguala, donde les aseguraron un cartucho calibre nueve milímetros y tres teléfonos celulares con registros de llamadas y mensajes de personas que tienen órdenes de presentación pendientes y también están relacionadas presuntamente con el múltiple homicidio.
De acuerdo con las investigaciones, los dos detenidos cumplían órdenes directas de Víctor Manuel Valdez “el Gordo Varilla”, operador del cartel del Pacífico Sur, detenido el 19 de mayo, y estarían relacionados con el homicidio del agente del ministerio público del Distrito Federal Jesús Daniel Quiroz, ocurrido el 23 de noviembre de 2010.
El tercer juicio ciudadano, celebrado en el Zócalo de la Ciudad de México y encabezado por el Movimiento 5 de junio, declaró “culpable” al Estado mexicano por el incendio de la Guardería ABC, en el que fallecieron 49 niños y más de 75 quedaron con diversos tipos de lesión.
El jurado estuvo integrado por activistas, como Javier Sicilia, Eduardo Gallo, Denise Dresser, entre otros. Éstos declararon responsables de no salvaguardar los derechos de los niños al Ejecutivo, al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a la Procuraduría General de la República (PGR), a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la Cámara de Diputados y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Juan Francisco Molinar Horcasitas, ex director del IMSS, y de Daniel Karam, actual titular de la dependencia federal fueron condenados a presentar una disculpa pública y un mes de trabajo comunitario por cada niño o niña que perdió la vida o resultó lesionado en alguna guardería del IMSS. “Esto es 153 meses, equivalente a 12 años con nueve meses de servicio comunitario”.
El próximo domingo se cumplen dos años de la tragedia.
En otro acto, organizaciones civiles anunciaron el inicio de la campaña “Alto al contrabando de armas, tres exigencias a Barack Obama” para pedir al presidente de Estados Unidos que detenga de inmediato el paso de armas de asalto a México, para contener la violencia generada en las entidades del país que enfrentan problemas con el crimen organizado.
Las Organizaciones no Gubernamentales demandaron que sea ordenado a los vendedores de armas reportar a la Oficina de Control de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos la venta de varias armas de asalto a una misma persona, así como fomentar la capacidad regulatoria de la ATF en la frontera común.
Ganan terreno a los políticos
¿Cuál es el adjetivo justo para calificar la tarea que algunos actores sociales han desarrollado en los últimos años? Quizá sean pocos los que apliquen, puesto que dichos esfuerzos tienen como resultado, entre otros, la aprobación de la ley antisecuestro y la aceptación en el Senado de la legislación que protege las guarderías, mejor conocida como “ley 5 de junio”, en alusión a la fecha del incidente en Hermosillo. Incluso, la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) quiere a líderes sociales como Alejandro Martí, Isabel Miranda de Wallace y Javier Sicilia en su próxima reunión para tratar temas de seguridad pública.
Isabel Miranda de Wallace es uno de los casos que mediáticamente son más reconocidos. Tras el secuestro y posterior muerte de su hijo Hugo, la empresaria comienza una búsqueda incansable de los culpables. Con recursos propios y apoyo de las autoridades, logra poner tras las rejas a los presuntos culpables del crimen, siendo el último de éstos Jacobo Tagle Dobin, detenido el 4 de diciembre de 2010.
En lo que es quizá el logro más importante del activismo en últimas fechas, la Cámara de Diputados aprobó la ley antisecuestro el 8 de octubre de 2010. Los ciudadanos que estuvieron atrás de la legislación fueron Miranda de Wallace y Alejandro Martí.
El empresario también incurrió en el activismo social-político luego de la muerte de su primogénito. Fernando Martí Haik, de 14 años, fue secuestrado la mañana del 4 de julio de 2008. El 1 de agosto fue encontrado el cuerpo del joven sin vida. Luego del lamentable hecho, Alejandro Martí crea la Fundación SOS.
Con marchas, gestiones ante políticos de ambas cámaras, juicios ciudadanos y otros actos, el Movimiento 5 de junio gana terreno. Integrado por parte de los padres afectados por el incendio en la Guardería ABC, hay tres nombres que destacan por su constante participación social: Julio César Márquez, Abraham Fraijo y Patricia Duarte (los tres perdieron a sus hijos).
En entrevista otorgada a este medio hace un par de semanas, Julio César mencionó las gestiones políticas con personajes como Manlio Fabio Beltrones, las cuales fueron necesarias para la aprobación en el Senado de la ley de guarderías, la cual fue impulsada por el legislador perredista Javier Castellón.
Cuando se habla de activismo social, el nombre de Javier Sicilia no puede quedar exento. El poeta es otro más que pierde a su hijo a manos del crimen, situación que lo invitó a encabezar marchas con un poder de convocatoria poco imaginado. Tal es el liderazgo social que ganó, que el Presidente Felipe Calderón, el Congreso y la Conago consideran invitarlo a dialogar.
TELÓN DE FONDO
Mano firme para la protección de menores
Todo parece indicar que el caso de los niños muertos y heridos a causa del incendio en la Guardería ABC, el 5 de junio de 2009, no quedará sólo como una anécdota de impunidad.
El 29 de abril el Senado aprobó la minuta de la ley general para la prestación de servicios, atención y cuidados de desarrollo infantil, la cual endurece los requisitos para que un particular pueda establecer una guardería; entre las medidas está la supervisión estricta en temas de protección civil, hecho que remite a las decadentes condiciones de la Guardería ABC, situada cerca de una gasolinera y al costado tenía una oficina en la que había material de papelería; en su interior había una lona sobre el personal y niños, que terminó por ser uno de los factores de la tragedia.
Los senadores también proponen la creación de un registro nacional en el que sean concentrados los responsables de brindar servicios en este rubro.
La previsión es que la ley pueda ser aprobada en la Cámara baja en septiembre, al inicio del nuevo periodo ordinario de sesiones.
Caso Sicilia
Arraigan a dos presuntos homicidas
CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez federal autorizó el arraigo por 40 días de dos presuntos integrantes del cártel del Pacífico Sur, detenidos en Morelos y vinculados presuntamente al homicidio de siete jóvenes, entre ellos Juan Francisco Sicilia.
La Procuraduría General de la República (PGR), confirmó que Gumaro López Ruíz “la Vaca”, y Juan Carlos Librado Márquez Sagal, fueron ingresados al Centro de Investigaciones Federales de la dependencia, ubicado en la colonia Doctores para investigar su participación en el múltiple homicidio y otros ilícitos.
Los dos presuntos delincuentes fueron detenidos a bordo de un vehículo que presuntamente utilizó una célula del cártel del Pacífico Sur para secuestrar a los siete jóvenes.
López Ruiz y Márquez Sagal viajaban en una camioneta Ford scape color gris modelo 2010 con placas LTA 5995 del Estado de México, y un engomado matrícula 820 WTF del Distrito Federal, que tenía reporte de robo.
Fueron capturados por agentes de la Policía Federal en el kilómetro 14 de la carretera Puente de Ixtla Iguala, donde les aseguraron un cartucho calibre nueve milímetros y tres teléfonos celulares con registros de llamadas y mensajes de personas que tienen órdenes de presentación pendientes y también están relacionadas presuntamente con el múltiple homicidio.
De acuerdo con las investigaciones, los dos detenidos cumplían órdenes directas de Víctor Manuel Valdez “el Gordo Varilla”, operador del cartel del Pacífico Sur, detenido el 19 de mayo, y estarían relacionados con el homicidio del agente del ministerio público del Distrito Federal Jesús Daniel Quiroz, ocurrido el 23 de noviembre de 2010.