México
Calderón, el gran beneficiario
Se abrieron ayer dos frentes en la pelea sin cuartel que en el Congreso de la Unión se sostiene por el destino final del petróleo mexicano, en este siglo XXI.
TREN PARLAMENTARIO
Se abrieron ayer dos frentes en la pelea sin cuartel que en el Congreso de la Unión se sostiene por el destino final del petróleo mexicano, en este siglo XXI.
En la Cámara de Diputados, el diputado Javier González Garza ha asegurado que hay documentos que prueban que Felipe Calderón Hinojosa, Juan Camilo Mouriño y Dionisio Pérez Jácome son un trío de delincuentes de la peor ralea que diseñaron un plan empresarial y político para beneficiarse de la apertura del sector energético; la misma que hoy promueven en complicidad con la cúpula del PRI.
Lo que González Garza le dijo a Calderón no es poca cosa y éste, por un mínimo decoro, debería contestar. Nunca antes tan en corto se lo habían dicho a un presidente de la república en funciones. “Tenemos pruebas”, insistía el coordinador de la bancada perredista.
Es de suponer que el ocupante de Los Pinos debería estar doliéndose de lo que le acaban de decir. Por mucho menos que eso, es de suponer también que debería estar viendo ya la posibilidad de demandar incluso penalmente a quien lo ha acusado, literalmente, no sólo de ratero y ambicioso desmedido, sino de traidor a la Patria. ¿Lo hará?
Calderón, cuando fungía como secretario de Energía, y Mouriño y Pérez Jácome como subsecretarios, firmaron contratos en el ambito de la Comisión Federal de Electricidad con una empresa española cuyo propietario no es otro que el padre de Mouriño. Contratos que, de comprobarse, estarían metiendo al país en un momento históricamente inédito, porque a quien se le acusa de corrupto y de primer gran beneficiario de la privatización energética es al mismo Felipe Calderón Hinojosa, del que –decía el perredista- se tienen pruebas de que él todo lo avaló.
González, acompañado por los coordinadores del PT y PC, había citado a conferencia en San Lázaro para posicionarse en torno de los resultados finales que emitió la comisión investigadora del caso Juan Camilo Mouriño. “Nunca una comisión de investigación entregó resultados en tan poco tiempo, jamás”, criticaba el perredista.
“Con estas instituciones no se puede porque están dominadas por ellos”, insistió, al tiempo que decía que, por ello, ni siquiera presentarán una denuncia ante la Procuraduría General de la República. ¿Para qué?, se preguntaba.
Según “El Güero” González Garza, la empresa española Gándara-Censa SA fue adquirida por Manuel Carlos Mouriño Atanes en 2004, cuando su hijo, Juan Camilo, era el subsecretario de Energía encargado del subsector de energía eléctrica. Gándara firmó contratos con la Comisión Federal de Electricidad, que le valieron aumentar sus ingresos de 12.8 millones de euros anuales a 28.4 millones. Gándara suministró separadores de alta presión y tanques de almacenamiento de gas licuado de petróleo y es constructora de torres eólicas. Gándara participó en la instalación de La Venta II a través de una proveedora suya, Gamesa, y La Venta II no es más que aquel parque eólico de Salina Cruz, Oaxaca.
Mouriño, a su paso por la Subsecretaría de Electricidad, también prohijó negocios de su familia en Yucatán. “En otras palabras”, atizó González Garza, “lo único que decimos con esto es que él hizo el proyecto, le pide al padre, se pone de acuerdo con el padre, compran la empresa allá, esa empresa es la que fabrica las torres y se las vende a Gamesa. Todo eso lo podemos demostrar”.
Otra vez, como ocurre cada que se habla del actual secretario de Gobernación, los principales medios de información de la Ciudad de México, impersos y electrónicos, se hicieron los tíololos, y dejaron pasar la nota de un modo infame para el ejercicio periodístico. No fue asunto de los reporteros. Todos cubrieron. Sino, evidentemente, de los mandos de cada periódico y noticiarios. Sólo un diario lo publicaba con oportunidad periodística en su edición digital (La Jornada). Hoy, en sus ediciones impresas, se verá cuántos terminan de exhibirse.
Volvían los medios del Distrito Federal a verse envueltos, la mayoría, en esa complicidad sólo comparada con la que sostuvieron los periódicos en los tiempos de Porfirio Díaz.
En el Senado de la República, Ricardo Monreal de plano había remitido a Felipe Calderón, con un comentario, a los tiempos de Antonio López de Santa Ana. “Pero éste siquiera fue y disparó 100 balazos”, antes de entregar la mitad del territorio. Ahora, remachó, “Calderón sólo envió iniciativas para entregar el subsuelo”.
Jueves 15. Mayo de 2008. Mientras en el Senado transcurría ese debate que ha comenzado a mostrar la cara embadurnada de la simulación (el coordinador del debate Francisco Labastida Ochoa, el mismo del Pemexgate, amagaba incluso con quitar el sonido del micrófono a quienes se pasaran del tiempo de participación; así se lo advirtió a Porfirio Muñoz Ledo) en el Congreso de los Estados Unidos ha sido aprobado el Plan Mérida, que para los efectos de México le corresponderá recibir no 500 millones de dólares, sino 400.
Argumentaban los defensores del Plan en el Congreso estadounidense que México necesita de ayuda ante el desbordamiento del crimen organizado, pero una y otra vez, en el Senado mexicano, casi todos los ponentes descobijaban la verdad: detrás de las iniciativas privatizadores que envió Felipe Calderón está la presión que sostiene sobre éste el Gobierno de los Estados Unidos, para que se formalice jurídicamente lo que, en los hechos, ya les están dando con la firma del Aspan: el petróleo mexicano, cuya producción en su 80% es entregado de por sí a aquel país todos los días. Pero quieren más, y es derivado de ello la insistencia de que México saque más, ya no de debajo de las piedras, sino del mar. Y para ello –coincidían más de seis ponentes-- se sirve de una clase política corrupta que llegó al poder en 2000.
Se abrieron ayer dos frentes en la pelea sin cuartel que en el Congreso de la Unión se sostiene por el destino final del petróleo mexicano, en este siglo XXI.
En la Cámara de Diputados, el diputado Javier González Garza ha asegurado que hay documentos que prueban que Felipe Calderón Hinojosa, Juan Camilo Mouriño y Dionisio Pérez Jácome son un trío de delincuentes de la peor ralea que diseñaron un plan empresarial y político para beneficiarse de la apertura del sector energético; la misma que hoy promueven en complicidad con la cúpula del PRI.
Lo que González Garza le dijo a Calderón no es poca cosa y éste, por un mínimo decoro, debería contestar. Nunca antes tan en corto se lo habían dicho a un presidente de la república en funciones. “Tenemos pruebas”, insistía el coordinador de la bancada perredista.
Es de suponer que el ocupante de Los Pinos debería estar doliéndose de lo que le acaban de decir. Por mucho menos que eso, es de suponer también que debería estar viendo ya la posibilidad de demandar incluso penalmente a quien lo ha acusado, literalmente, no sólo de ratero y ambicioso desmedido, sino de traidor a la Patria. ¿Lo hará?
Calderón, cuando fungía como secretario de Energía, y Mouriño y Pérez Jácome como subsecretarios, firmaron contratos en el ambito de la Comisión Federal de Electricidad con una empresa española cuyo propietario no es otro que el padre de Mouriño. Contratos que, de comprobarse, estarían metiendo al país en un momento históricamente inédito, porque a quien se le acusa de corrupto y de primer gran beneficiario de la privatización energética es al mismo Felipe Calderón Hinojosa, del que –decía el perredista- se tienen pruebas de que él todo lo avaló.
González, acompañado por los coordinadores del PT y PC, había citado a conferencia en San Lázaro para posicionarse en torno de los resultados finales que emitió la comisión investigadora del caso Juan Camilo Mouriño. “Nunca una comisión de investigación entregó resultados en tan poco tiempo, jamás”, criticaba el perredista.
“Con estas instituciones no se puede porque están dominadas por ellos”, insistió, al tiempo que decía que, por ello, ni siquiera presentarán una denuncia ante la Procuraduría General de la República. ¿Para qué?, se preguntaba.
Según “El Güero” González Garza, la empresa española Gándara-Censa SA fue adquirida por Manuel Carlos Mouriño Atanes en 2004, cuando su hijo, Juan Camilo, era el subsecretario de Energía encargado del subsector de energía eléctrica. Gándara firmó contratos con la Comisión Federal de Electricidad, que le valieron aumentar sus ingresos de 12.8 millones de euros anuales a 28.4 millones. Gándara suministró separadores de alta presión y tanques de almacenamiento de gas licuado de petróleo y es constructora de torres eólicas. Gándara participó en la instalación de La Venta II a través de una proveedora suya, Gamesa, y La Venta II no es más que aquel parque eólico de Salina Cruz, Oaxaca.
Mouriño, a su paso por la Subsecretaría de Electricidad, también prohijó negocios de su familia en Yucatán. “En otras palabras”, atizó González Garza, “lo único que decimos con esto es que él hizo el proyecto, le pide al padre, se pone de acuerdo con el padre, compran la empresa allá, esa empresa es la que fabrica las torres y se las vende a Gamesa. Todo eso lo podemos demostrar”.
Otra vez, como ocurre cada que se habla del actual secretario de Gobernación, los principales medios de información de la Ciudad de México, impersos y electrónicos, se hicieron los tíololos, y dejaron pasar la nota de un modo infame para el ejercicio periodístico. No fue asunto de los reporteros. Todos cubrieron. Sino, evidentemente, de los mandos de cada periódico y noticiarios. Sólo un diario lo publicaba con oportunidad periodística en su edición digital (La Jornada). Hoy, en sus ediciones impresas, se verá cuántos terminan de exhibirse.
Volvían los medios del Distrito Federal a verse envueltos, la mayoría, en esa complicidad sólo comparada con la que sostuvieron los periódicos en los tiempos de Porfirio Díaz.
En el Senado de la República, Ricardo Monreal de plano había remitido a Felipe Calderón, con un comentario, a los tiempos de Antonio López de Santa Ana. “Pero éste siquiera fue y disparó 100 balazos”, antes de entregar la mitad del territorio. Ahora, remachó, “Calderón sólo envió iniciativas para entregar el subsuelo”.
Jueves 15. Mayo de 2008. Mientras en el Senado transcurría ese debate que ha comenzado a mostrar la cara embadurnada de la simulación (el coordinador del debate Francisco Labastida Ochoa, el mismo del Pemexgate, amagaba incluso con quitar el sonido del micrófono a quienes se pasaran del tiempo de participación; así se lo advirtió a Porfirio Muñoz Ledo) en el Congreso de los Estados Unidos ha sido aprobado el Plan Mérida, que para los efectos de México le corresponderá recibir no 500 millones de dólares, sino 400.
Argumentaban los defensores del Plan en el Congreso estadounidense que México necesita de ayuda ante el desbordamiento del crimen organizado, pero una y otra vez, en el Senado mexicano, casi todos los ponentes descobijaban la verdad: detrás de las iniciativas privatizadores que envió Felipe Calderón está la presión que sostiene sobre éste el Gobierno de los Estados Unidos, para que se formalice jurídicamente lo que, en los hechos, ya les están dando con la firma del Aspan: el petróleo mexicano, cuya producción en su 80% es entregado de por sí a aquel país todos los días. Pero quieren más, y es derivado de ello la insistencia de que México saque más, ya no de debajo de las piedras, sino del mar. Y para ello –coincidían más de seis ponentes-- se sirve de una clase política corrupta que llegó al poder en 2000.