México
Analizan el control a endeudamiento subnacional
Existen cinco proyectos de reforma constitucional para limitar la contratación de deuda de estados y municipios
CIUDAD DE MÉXICO (28/MAR/2013).- Durante abril, los integrantes de las comisiones de Hacienda y de Estudios Legislativos del Senado deberán analizar cinco proyectos de reforma constitucional para limitar la contratación de deuda de estados y municipios.
Actualmente, ni en la propia Constitución, ni en la Ley General de Deuda, ni en la ley de Coordinación Fiscal existen referencias a límites de endeudamiento por parte de los gobiernos locales, sólo expresan las condicionantes que deben cumplir las entidades federativas para adquirir deuda cuando de por medio vayan como garantía las participaciones que correspondan a estados y municipios.
Ante este vacío legal, senadores de diversas bancadas han presentado diversas iniciativas de reforma constitucional y diversas leyes, para regular el endeudamiento estatal.
Una de ellas fue propuesta por el líder de los senadores panistas, Ernesto Cordero Arroyo –respaldada por todo su grupo parlamentario–, y plantea que los créditos que pretendan adquirir los gobiernos locales deberán ser autorizados por el Congreso federal.
También propone que los estados y municipios informen periódicamente al Poder Legislativo de la situación de esas deudas, en vez de sólo hacerlo en los congresos locales.
Otra propuesta está firmada por el líder de los senadores priistas, Emilio Gamboa, propone crear la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas.
Plantea que el Gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda, quede como aval de los créditos vía la suscripción de convenios. Para beneficiarse de esta disposición, el monto total de créditos estatales no deberá sobrepasar 3% del Producto Interno Bruto ni 75% de los ingresos disponibles de cada entidad.
La propuesta priista es la única en su tipo que no plantea que el Congreso controle, regule o verifique, el endeudamiento estatal.
Una iniciativa más, está firmada por el Senador perredista Armando Ríos Piter, propone crear el Sistema Nacional de Deuda para que, junto con el Sistema Nacional de Fiscalización, faculte al Congreso para reglamentar un registro de toda la actividad de deuda pública de los tres niveles de Gobierno. En otras palabras, que sea el Senado el que autorice nuevos créditos.
Una iniciativa más fue presentada por el Senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Benjamín Robles Montoya. Plantea crear la Ley Nacional de Responsabilidad Hacendaria y Deuda Pública para las Entidades Federativas y Municipios, con el fin de regular el monto y topes máximos de endeudamientos en que incurren los estados de la República, así como llevar el control y registro de esas operaciones financieras.
Finalmente, se encuentra sobre la mesa la iniciativa firmada por el Senador perredista Mario Delgado, que pretende actualizar el modelo de finanzas públicas de todos los órdenes de Gobierno, para garantizar el equilibrio presupuestal, y en el largo plazo, la sustentabilidad financiera.
Plantea crear un Registro Nacional de la Deuda, a cargo de la Secretaría de Hacienda, con información de la federación, estados y municipios, a la cual se incorporará la información de los créditos otorgados por bancos y los agentes estructuradores.
Para otorgar créditos, los bancos deberán verificar que los estados y municipios cuenten con la autorización de los Congresos locales para su contratación. A su vez, los gobiernos locales deberán hacer pública la fuente de pago del crédito contratado y las condiciones de contratación: tasa, plazo, calendario de pagos, entre otros.
Sinembargo.mx
FICHA TÉCNICA
En ascenso
> Según datos de la Secretaría de Hacienda, al cierre del tercer trimestre de 2012, el monto total de la deuda de las entidades federativas y municipios ascendía a 406 mil 764.6 millones de pesos, sin que quede claro en qué se emplearon esos recursos y las tasas a las que se contrataron.
> El endeudamiento subnacional pasó de 106 mil millones de pesos en el año 2000, a más de 244 mil millones de pesos en 2012. Es decir, aumentó en más de 130% durante los gobiernos panistas.
> En términos generales, 14 estados concentran cerca del 96% de deuda contraída en los últimos cuatro años: Baja California, Coahuila, Chihuahua, Chiapas, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.
> EL PRD SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE PRÉSTAMOS
A la espera de respuesta
El Senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Mario Delgado, espera la respuesta de la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a su solicitud de información sobre la deuda de estados y municipios, datos que le han sido negados con el argumento de que están protegidos por el secreto bancario.
El legislador pidió información de toda la deuda subnacional, amparado en dos resoluciones del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, que determinan que el secreto bancario no es aplicable a las deudas de estados y municipios.
“Las resoluciones de los cursos de revisión, votados por el Pleno del IFAI el 14 de diciembre de 2011 y el 9 de mayo de 2012, avalan que la información de deuda pública es de libre acceso”. El 22 de marzo, el Senador Mario Delgado envió un par de cartas a la Secretaría de Hacienda y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en donde pidió detalle de las operaciones financieras con nombre de la institución que otorgó el crédito; estado o municipio acreditado; monto, plazo, tasa y comisiones y garantías otorgadas.
El legislador solicitó especificaciones sobre las reservas constituidas por parte de la institución de crédito para cada operación; calificación otorgada al estado o municipio para el otorgamiento del crédito, y fecha en la que se contrajeron las obligaciones financieras.
> EL PRI VA POR MECANISMOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Proponen fijar límites
El Diputado del PRI, Javier López Zavala es enfático: se desconoce en qué se emplearon los recursos de los créditos otorgados a estados y municipios.
El sobreendeudamiento heredado por alcaldes y gobernadores a las administraciones que tomaron posesión a partir de 2012, ha provocado que alrededor de 124 municipios de Chiapas, Guerrero, Jalisco y Querétaro se declararan en quiebra, afirma López Zavala.
“El incremento de la deuda subnacional generó que 16 estados registren niveles poco óptimos de crecimiento, pues ésta representa más de 50% de las participaciones que reciben a través del Ramo 28”.
Ante esto, López Zavala presentó una iniciativa de reforma a los artículos 115 y 117 de la Constitución para fijar límites claros y precisos a la deuda de estados y municipios, que contribuirá a disminuir el costo de la deuda que cada día crece más.
Planteó que la deuda pública que se contrate por estados y municipios se destine exclusivamente a inversión pública productiva, y que no exceda al ejercicio del Gobierno que la contrate o sea autorizada por el Congreso del Estado.
Propuso, además, crear nuevos mecanismos que garanticen la rendición de cuentas, frenar la deuda, modificar la distribución de los recursos federales y fijar porcentaje máximo de endeudamiento.
“Proponemos que en el caso de decidirse por endeudamiento, los estados tendrán que sujetarse a los lineamientos establecidos en la Ley de Deuda Pública respectiva. La información financiera de los diversos órdenes de Gobierno se presentará de forma clara, sencilla y accesible no solamente a los órganos de fiscalización y evaluación, sino a la sociedad en general”.
Actualmente, ni en la propia Constitución, ni en la Ley General de Deuda, ni en la ley de Coordinación Fiscal existen referencias a límites de endeudamiento por parte de los gobiernos locales, sólo expresan las condicionantes que deben cumplir las entidades federativas para adquirir deuda cuando de por medio vayan como garantía las participaciones que correspondan a estados y municipios.
Ante este vacío legal, senadores de diversas bancadas han presentado diversas iniciativas de reforma constitucional y diversas leyes, para regular el endeudamiento estatal.
Una de ellas fue propuesta por el líder de los senadores panistas, Ernesto Cordero Arroyo –respaldada por todo su grupo parlamentario–, y plantea que los créditos que pretendan adquirir los gobiernos locales deberán ser autorizados por el Congreso federal.
También propone que los estados y municipios informen periódicamente al Poder Legislativo de la situación de esas deudas, en vez de sólo hacerlo en los congresos locales.
Otra propuesta está firmada por el líder de los senadores priistas, Emilio Gamboa, propone crear la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas.
Plantea que el Gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda, quede como aval de los créditos vía la suscripción de convenios. Para beneficiarse de esta disposición, el monto total de créditos estatales no deberá sobrepasar 3% del Producto Interno Bruto ni 75% de los ingresos disponibles de cada entidad.
La propuesta priista es la única en su tipo que no plantea que el Congreso controle, regule o verifique, el endeudamiento estatal.
Una iniciativa más, está firmada por el Senador perredista Armando Ríos Piter, propone crear el Sistema Nacional de Deuda para que, junto con el Sistema Nacional de Fiscalización, faculte al Congreso para reglamentar un registro de toda la actividad de deuda pública de los tres niveles de Gobierno. En otras palabras, que sea el Senado el que autorice nuevos créditos.
Una iniciativa más fue presentada por el Senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Benjamín Robles Montoya. Plantea crear la Ley Nacional de Responsabilidad Hacendaria y Deuda Pública para las Entidades Federativas y Municipios, con el fin de regular el monto y topes máximos de endeudamientos en que incurren los estados de la República, así como llevar el control y registro de esas operaciones financieras.
Finalmente, se encuentra sobre la mesa la iniciativa firmada por el Senador perredista Mario Delgado, que pretende actualizar el modelo de finanzas públicas de todos los órdenes de Gobierno, para garantizar el equilibrio presupuestal, y en el largo plazo, la sustentabilidad financiera.
Plantea crear un Registro Nacional de la Deuda, a cargo de la Secretaría de Hacienda, con información de la federación, estados y municipios, a la cual se incorporará la información de los créditos otorgados por bancos y los agentes estructuradores.
Para otorgar créditos, los bancos deberán verificar que los estados y municipios cuenten con la autorización de los Congresos locales para su contratación. A su vez, los gobiernos locales deberán hacer pública la fuente de pago del crédito contratado y las condiciones de contratación: tasa, plazo, calendario de pagos, entre otros.
Sinembargo.mx
FICHA TÉCNICA
En ascenso
> Según datos de la Secretaría de Hacienda, al cierre del tercer trimestre de 2012, el monto total de la deuda de las entidades federativas y municipios ascendía a 406 mil 764.6 millones de pesos, sin que quede claro en qué se emplearon esos recursos y las tasas a las que se contrataron.
> El endeudamiento subnacional pasó de 106 mil millones de pesos en el año 2000, a más de 244 mil millones de pesos en 2012. Es decir, aumentó en más de 130% durante los gobiernos panistas.
> En términos generales, 14 estados concentran cerca del 96% de deuda contraída en los últimos cuatro años: Baja California, Coahuila, Chihuahua, Chiapas, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.
> EL PRD SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE PRÉSTAMOS
A la espera de respuesta
El Senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Mario Delgado, espera la respuesta de la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a su solicitud de información sobre la deuda de estados y municipios, datos que le han sido negados con el argumento de que están protegidos por el secreto bancario.
El legislador pidió información de toda la deuda subnacional, amparado en dos resoluciones del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, que determinan que el secreto bancario no es aplicable a las deudas de estados y municipios.
“Las resoluciones de los cursos de revisión, votados por el Pleno del IFAI el 14 de diciembre de 2011 y el 9 de mayo de 2012, avalan que la información de deuda pública es de libre acceso”. El 22 de marzo, el Senador Mario Delgado envió un par de cartas a la Secretaría de Hacienda y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en donde pidió detalle de las operaciones financieras con nombre de la institución que otorgó el crédito; estado o municipio acreditado; monto, plazo, tasa y comisiones y garantías otorgadas.
El legislador solicitó especificaciones sobre las reservas constituidas por parte de la institución de crédito para cada operación; calificación otorgada al estado o municipio para el otorgamiento del crédito, y fecha en la que se contrajeron las obligaciones financieras.
> EL PRI VA POR MECANISMOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Proponen fijar límites
El Diputado del PRI, Javier López Zavala es enfático: se desconoce en qué se emplearon los recursos de los créditos otorgados a estados y municipios.
El sobreendeudamiento heredado por alcaldes y gobernadores a las administraciones que tomaron posesión a partir de 2012, ha provocado que alrededor de 124 municipios de Chiapas, Guerrero, Jalisco y Querétaro se declararan en quiebra, afirma López Zavala.
“El incremento de la deuda subnacional generó que 16 estados registren niveles poco óptimos de crecimiento, pues ésta representa más de 50% de las participaciones que reciben a través del Ramo 28”.
Ante esto, López Zavala presentó una iniciativa de reforma a los artículos 115 y 117 de la Constitución para fijar límites claros y precisos a la deuda de estados y municipios, que contribuirá a disminuir el costo de la deuda que cada día crece más.
Planteó que la deuda pública que se contrate por estados y municipios se destine exclusivamente a inversión pública productiva, y que no exceda al ejercicio del Gobierno que la contrate o sea autorizada por el Congreso del Estado.
Propuso, además, crear nuevos mecanismos que garanticen la rendición de cuentas, frenar la deuda, modificar la distribución de los recursos federales y fijar porcentaje máximo de endeudamiento.
“Proponemos que en el caso de decidirse por endeudamiento, los estados tendrán que sujetarse a los lineamientos establecidos en la Ley de Deuda Pública respectiva. La información financiera de los diversos órdenes de Gobierno se presentará de forma clara, sencilla y accesible no solamente a los órganos de fiscalización y evaluación, sino a la sociedad en general”.