México
Acusan abuso militar en Tijuana
Amnistía Internacional advierte que no están respetando los derechos humanos de los arraigados, y que el Ejército olvida la presunción de inocencia
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.- La imagen que mostró el noticiero la noqueó. El 16 de junio, Reina Martínez se enteró por un canal local de la televisión de Tijuana que sus dos hijos estaban detenidos, acusados de secuestro. Los rostros de los jóvenes, de 26 y 24 años de edad, se veían hinchados, con moretones, pero en ello no repararon las cámaras que los enfocaban y exhibían como culpables, pese a que aún no existía alguna sentencia judicial que los inculpara.
Ese 16 de junio, Reina comenzó un peregrinar para encontrar a sus hijos. Su lógica la llevó a buscar en el Ministerio Público. La única respuesta que obtuvo fue que “no sabían en dónde estaban”. Después de insistir, le informaron que sus hijos estaban arraigados en un cuartel militar de Tijuana. Logró verlos varios días después. “Estaban golpeados. Uno de ellos no podía ni siquiera hablar, tenía muy lastimado el maxilar”.
Las palabras que le soltó el abogado de oficio la indignaron aún más: “Le recomiendo que no denuncie a derechos humanos, porque sus hijos van a seguir detenidos en el arraigo con los militares y les va a ir peor”.
Los hijos de Reina forman parte de una cifra que ya prendió las luces de alarma entre organizaciones defensoras de los derechos humanos.
En lo que va de 2009, por lo menos 44 personas han sido arraigadas en Tijuana. Todas ellas han sufrido diferentes actos de tortura por parte de militares y autoridades municipales de la ciudad, de acuerdo con declaraciones de los propios detenidos, testimonios de familiares e investigaciones realizadas por organizaciones no gubernamentales.
El arraigo y la tortura, aseguran representantes de organismos no gubernamentales, se han convertido en las principales herramientas de lo que el Gobierno ha bautizado como “la lucha contra la delincuencia organizada”.
Por lo menos así está sucediendo en Tijuana, ciudad que registra “arraigos masivos” y “una cifra histórica en los casos de tortura”, señala Francisco Sánchez Corona, ex procurador de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana en Baja California y ahora coordinador del Observatorio Ciudadano de Derechos Humanos (OCDH).
Ese 16 de junio, Reina comenzó un peregrinar para encontrar a sus hijos. Su lógica la llevó a buscar en el Ministerio Público. La única respuesta que obtuvo fue que “no sabían en dónde estaban”. Después de insistir, le informaron que sus hijos estaban arraigados en un cuartel militar de Tijuana. Logró verlos varios días después. “Estaban golpeados. Uno de ellos no podía ni siquiera hablar, tenía muy lastimado el maxilar”.
Las palabras que le soltó el abogado de oficio la indignaron aún más: “Le recomiendo que no denuncie a derechos humanos, porque sus hijos van a seguir detenidos en el arraigo con los militares y les va a ir peor”.
Los hijos de Reina forman parte de una cifra que ya prendió las luces de alarma entre organizaciones defensoras de los derechos humanos.
En lo que va de 2009, por lo menos 44 personas han sido arraigadas en Tijuana. Todas ellas han sufrido diferentes actos de tortura por parte de militares y autoridades municipales de la ciudad, de acuerdo con declaraciones de los propios detenidos, testimonios de familiares e investigaciones realizadas por organizaciones no gubernamentales.
El arraigo y la tortura, aseguran representantes de organismos no gubernamentales, se han convertido en las principales herramientas de lo que el Gobierno ha bautizado como “la lucha contra la delincuencia organizada”.
Por lo menos así está sucediendo en Tijuana, ciudad que registra “arraigos masivos” y “una cifra histórica en los casos de tortura”, señala Francisco Sánchez Corona, ex procurador de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana en Baja California y ahora coordinador del Observatorio Ciudadano de Derechos Humanos (OCDH).