Jalisco
Acusan robo de identidad y soborno en caso López Castro
El supuesto apoderado legal Sergio Jiménez, denuncia que le ofrecieron un MDP por su silencio
GUADALAJARA, JALISCO (19/NOV/2014).- Todavía no pagan y el caso López Castro sigue generando sospechas de un fraude. En esta ocasión el apoderado legal de la empresa en 2009, Sergio Jiménez Rivera, afirma que robaron su identidad y falsificaron la firma con la que se signó el contrato con el Congreso del Estado para recuperar impuestos que se pagaron de más al Sistema de Administración Tributaria.
Acompañado del diputado Víctor Sánchez Orozco, el hombre de 48 años, primero señalado y ahora presunta víctima de robo de identidad, dijo que él desconocía la firma y todo el proceso en el que su nombre ha salido a la luz.
Apenas el año pasado, la policía investigadora de la Fiscalía General del Estado lo citó a comparecer el primero de noviembre. Fue entonces que se dio cuenta de que los documentos que tenían sus datos y su firma, no eran los suyos. Todo se construyó en base a una copia fotostática de su credencial de elector. "Hubo robo de identidad", acusa.
"Se robaron una copia de mi identificación, la cual fue presentada ante el notario, con la que hicieron el acta constitutiva correspondiente (de la Consultora López Castro). Con esta misma acta constitutiva y la copia de mi identificación se realizó el contrato de prestación de servicios con el Congreso y el diputado Argüelles, a quien no tengo el gusto de conocer personalmente".
Días después, el dueño de la empresa López Castro, Rafael López, lo citó en un café para ofrecerle un millón de pesos a cambio de su silencio. El afectado dice que rechazó el dinero pero tampoco quiso ampliar su declaración ministerial por temor a represalias.
Luego de la rueda de prensa del gobernador, Aristóteles Sandoval Díaz, donde se dijo que se harían las pesquisas para encontrar a los culpables, Jiménez Rivera buscó a los diputados que se han pronunciado al respecto. Dijo que sería el Chivo expiatorio y que hoy daba la cara para que se deslindarán responsabilidades.
Por lo pronto, hasta la tarde de este miércoles, el Gobierno del Estado no había depositado los 58 millones de pesos para que el poder legislativo no caiga en desacato a una orden judicial que los obliga a pagarle a la empresa.
EL INFORMADOR / OMAR GARCÍA
Acompañado del diputado Víctor Sánchez Orozco, el hombre de 48 años, primero señalado y ahora presunta víctima de robo de identidad, dijo que él desconocía la firma y todo el proceso en el que su nombre ha salido a la luz.
Apenas el año pasado, la policía investigadora de la Fiscalía General del Estado lo citó a comparecer el primero de noviembre. Fue entonces que se dio cuenta de que los documentos que tenían sus datos y su firma, no eran los suyos. Todo se construyó en base a una copia fotostática de su credencial de elector. "Hubo robo de identidad", acusa.
"Se robaron una copia de mi identificación, la cual fue presentada ante el notario, con la que hicieron el acta constitutiva correspondiente (de la Consultora López Castro). Con esta misma acta constitutiva y la copia de mi identificación se realizó el contrato de prestación de servicios con el Congreso y el diputado Argüelles, a quien no tengo el gusto de conocer personalmente".
Días después, el dueño de la empresa López Castro, Rafael López, lo citó en un café para ofrecerle un millón de pesos a cambio de su silencio. El afectado dice que rechazó el dinero pero tampoco quiso ampliar su declaración ministerial por temor a represalias.
Luego de la rueda de prensa del gobernador, Aristóteles Sandoval Díaz, donde se dijo que se harían las pesquisas para encontrar a los culpables, Jiménez Rivera buscó a los diputados que se han pronunciado al respecto. Dijo que sería el Chivo expiatorio y que hoy daba la cara para que se deslindarán responsabilidades.
Por lo pronto, hasta la tarde de este miércoles, el Gobierno del Estado no había depositado los 58 millones de pesos para que el poder legislativo no caiga en desacato a una orden judicial que los obliga a pagarle a la empresa.
EL INFORMADOR / OMAR GARCÍA