Jalisco
Versiones encontradas en el Legislativo en torno a deuda
Los coordinadores parlamentarios y el ex secretario General del Congreso local, entraron en una serie de contradicciones en torno al ''extravío'' de 52 MDP
GUADALAJARA, JALISCO (15/JUN/2012).- Los coordinadores parlamentarios y el ex secretario General del Congreso local, Carlos Corona Martín del Campo entraron en una serie de contradicciones en torno al “extravío” de 52 millones de pesos que a decir de un despacho de consultores, López Castro y Compañía, ingresó a las arcas del Legislativo en 2009 por recuperación en materia de impuestos ISTP e ISR.
El coordinador de los diputados del PRI, Roberto Marrufo y el ex secretario General del Poder Legislativo, Carlos Corona Martín del Campo afirmaron que no existe evidencia que el recurso haya ingresado a las arcas del Legislativo.
El líder de los priístas señaló que existen pruebas –documentos de Hacienda- en los que se puede comprobar que el dinero –en total 90 millones de pesos, de los cuales en 2009, fueron 52 millones de pesos (según declara el despacho)- nunca se registraron en las cuentas bancarias, no obstante dijo que por el momento, no podía mostrar dichos documentos.
“Es una mentira, no hay documento que acredite ese recurso. Tenemos documentos donde Hacienda nos dice categóricos que no hubo un solo beneficio al Congreso. ¿Podría mostrarnos esos documentos? En su momento. Nosotros estamos preparando una defensa. ¿Podemos conocer el documento donde dice Hacienda que no ingreso el recurso al Congreso? En su momento. ¿Hoy, nos los puede mostrar hoy? No, hoy no. No voy a entrar en confrontaciones. Estamos preparando una estrategia para la defensa y no se las voy a decir”, señaló el legislador tricolor.
Marrufo Torres señaló que no se dejaría “amagar” por un despacho de consultores.
En este mismo sentido se pronunció Carlos Corona ex secretario General del Congreso quien negó que en los primeros meses –febrero del 2010- cuando llegó a ese cargo en la actual Legislatura haya existido un acercamiento con abogados de López Castro y Compañía para seguir “recuperando” los recursos por concepto de impuestos.
Carlos Corona insistió en que la pasada Legislatura no dejó documentos que sustenten el dicho de los abogados que señalan que ingresó ese dinero, aunque reconoció que sabían del adeudo con López Castro y Compañía.
“La anterior legislatura no dejo archivos ni físicos, ni electrónicos. Conmigo jamás entablaron conversación los abogados de López Castro, si es así como ellos dicen que me hablaron de los 20 millones debieron habérmelo notificado por escrito, cosa que jamás ocurrió”, dijo el ex secretario del Legislativo.
Refirió que se decidió no pagarle a esa empresa porque no se encontró evidencia del trabajo de la consultora López Castro.
“Supe de la existencia de esa empresa porque la anterior legislatura dejó la factura como adeudo para que nosotros la pagáramos, al no existir ni las mínima evidencia de su trabajo ni mucho menos un centavo reconocido por Hacienda, la Comisión de Administración se negó a autorizar dicho pago. Hacienda jamás reconoció tal compensación hecha por López Castro”, señaló.
No obstante lo anterior, los diputados avalaron un convenio en marzo del año pasado en el que se comprometían pagar 50 millones de pesos a la empresa.
Marrufo Torres explicó que debían firmar un convenio porque de lo contrario, el adeudo podría duplicarse.
En tanto, el coordinador de los legisladores del PRD, Raúl Vargas López señaló que desconoce si el recurso ingresó a las arcas del Legislativo y que ello se corroborará hasta que sea avalada la cuenta pública del Congreso 2009, si es que detectará este recurso.
“¿Ingresó el recurso a las arcas del Congreso? Es algo que sucedió en 2009, la cuenta pública no ha sido votado el Congreso, por lo que la última palabra se dirá cuando conozcamos la cuenta pública”, dijo el legislador.
Ambos diputados, Roberto Marrufo y Raúl Vargas reconocieron que el convenio en el que el Legislativo se compromete al pago por 50 millones de pesos, no fue avalado por el pleno, solo fue firmado por la Comisión de Administración y por la Mesa Directiva del Legislativo, no obstante dijeron que no es ilegal, a pesar de que la máxima autoridad es el pleno del Congreso.
“El Convenio no se firmó en el pleno, la firma de todos los integrantes de la Mesa Directiva y de los integrantes de la Comisión de Administración”, dijo Vargas López.
El único de los cuatro coordinadores que reconoció que los 90 millones de pesos sí ingresaron a las arcas del Legislativo fue Enrique Aubry de Castro Palomino quien calificó lo que sucede en el Congreso como “un enredo” y señaló que el Congreso en el último trimestre que le queda a la actual Legislatura debe resolver los problemas administrativos.
En tanto, el líder de los legisladores panistas, José Antonio de la Torre se limitó a pedir explicaciones al presidente de la Comisión de Administración, Raúl Vargas de las decisiones tomadas en el Congreso local.
Ante la posibilidad que la empresa afectada por la falta de pago, a pesar de la resolución del Juez Tercero de Distrito en Materia Civil, acuda a la Suprema Corte de Justicia, los legisladores dijeron que están en su derecho pero insistieron en que por el momento no cuentan con solvencia económica para hacer frente al pago que demanda la consultora López Castro y Compañía.
Los presidentes de las comisiones de Hacienda y de Administración sesionarán hasta el 20 y 21 de junio respectivamente para abordar la resolución del juez que ordena al Congreso el pago de 50 millones de pesos del Congreso a empresa que contrató la pasada Legislatura cuando el secretario General era Alfredo Argüelles.
EL INFORMADOR / ZAIRA RAMÍREZ
El coordinador de los diputados del PRI, Roberto Marrufo y el ex secretario General del Poder Legislativo, Carlos Corona Martín del Campo afirmaron que no existe evidencia que el recurso haya ingresado a las arcas del Legislativo.
El líder de los priístas señaló que existen pruebas –documentos de Hacienda- en los que se puede comprobar que el dinero –en total 90 millones de pesos, de los cuales en 2009, fueron 52 millones de pesos (según declara el despacho)- nunca se registraron en las cuentas bancarias, no obstante dijo que por el momento, no podía mostrar dichos documentos.
“Es una mentira, no hay documento que acredite ese recurso. Tenemos documentos donde Hacienda nos dice categóricos que no hubo un solo beneficio al Congreso. ¿Podría mostrarnos esos documentos? En su momento. Nosotros estamos preparando una defensa. ¿Podemos conocer el documento donde dice Hacienda que no ingreso el recurso al Congreso? En su momento. ¿Hoy, nos los puede mostrar hoy? No, hoy no. No voy a entrar en confrontaciones. Estamos preparando una estrategia para la defensa y no se las voy a decir”, señaló el legislador tricolor.
Marrufo Torres señaló que no se dejaría “amagar” por un despacho de consultores.
En este mismo sentido se pronunció Carlos Corona ex secretario General del Congreso quien negó que en los primeros meses –febrero del 2010- cuando llegó a ese cargo en la actual Legislatura haya existido un acercamiento con abogados de López Castro y Compañía para seguir “recuperando” los recursos por concepto de impuestos.
Carlos Corona insistió en que la pasada Legislatura no dejó documentos que sustenten el dicho de los abogados que señalan que ingresó ese dinero, aunque reconoció que sabían del adeudo con López Castro y Compañía.
“La anterior legislatura no dejo archivos ni físicos, ni electrónicos. Conmigo jamás entablaron conversación los abogados de López Castro, si es así como ellos dicen que me hablaron de los 20 millones debieron habérmelo notificado por escrito, cosa que jamás ocurrió”, dijo el ex secretario del Legislativo.
Refirió que se decidió no pagarle a esa empresa porque no se encontró evidencia del trabajo de la consultora López Castro.
“Supe de la existencia de esa empresa porque la anterior legislatura dejó la factura como adeudo para que nosotros la pagáramos, al no existir ni las mínima evidencia de su trabajo ni mucho menos un centavo reconocido por Hacienda, la Comisión de Administración se negó a autorizar dicho pago. Hacienda jamás reconoció tal compensación hecha por López Castro”, señaló.
No obstante lo anterior, los diputados avalaron un convenio en marzo del año pasado en el que se comprometían pagar 50 millones de pesos a la empresa.
Marrufo Torres explicó que debían firmar un convenio porque de lo contrario, el adeudo podría duplicarse.
En tanto, el coordinador de los legisladores del PRD, Raúl Vargas López señaló que desconoce si el recurso ingresó a las arcas del Legislativo y que ello se corroborará hasta que sea avalada la cuenta pública del Congreso 2009, si es que detectará este recurso.
“¿Ingresó el recurso a las arcas del Congreso? Es algo que sucedió en 2009, la cuenta pública no ha sido votado el Congreso, por lo que la última palabra se dirá cuando conozcamos la cuenta pública”, dijo el legislador.
Ambos diputados, Roberto Marrufo y Raúl Vargas reconocieron que el convenio en el que el Legislativo se compromete al pago por 50 millones de pesos, no fue avalado por el pleno, solo fue firmado por la Comisión de Administración y por la Mesa Directiva del Legislativo, no obstante dijeron que no es ilegal, a pesar de que la máxima autoridad es el pleno del Congreso.
“El Convenio no se firmó en el pleno, la firma de todos los integrantes de la Mesa Directiva y de los integrantes de la Comisión de Administración”, dijo Vargas López.
El único de los cuatro coordinadores que reconoció que los 90 millones de pesos sí ingresaron a las arcas del Legislativo fue Enrique Aubry de Castro Palomino quien calificó lo que sucede en el Congreso como “un enredo” y señaló que el Congreso en el último trimestre que le queda a la actual Legislatura debe resolver los problemas administrativos.
En tanto, el líder de los legisladores panistas, José Antonio de la Torre se limitó a pedir explicaciones al presidente de la Comisión de Administración, Raúl Vargas de las decisiones tomadas en el Congreso local.
Ante la posibilidad que la empresa afectada por la falta de pago, a pesar de la resolución del Juez Tercero de Distrito en Materia Civil, acuda a la Suprema Corte de Justicia, los legisladores dijeron que están en su derecho pero insistieron en que por el momento no cuentan con solvencia económica para hacer frente al pago que demanda la consultora López Castro y Compañía.
Los presidentes de las comisiones de Hacienda y de Administración sesionarán hasta el 20 y 21 de junio respectivamente para abordar la resolución del juez que ordena al Congreso el pago de 50 millones de pesos del Congreso a empresa que contrató la pasada Legislatura cuando el secretario General era Alfredo Argüelles.
EL INFORMADOR / ZAIRA RAMÍREZ