Jalisco
Suspenden créditos a empleados de 13 autoridades morosas
Siete municipios, cuatro dependencias estatales y dos organismos de Tonalá son los afectados; los trabajadores también pueden presentar denuncias, recuerda el director del organismo estatal
GUADALAJARA, JALISCO (15/DIC/2012).- Los trabajadores de siete municipios, cuatro dependencias estatales y dos municipales tienen suspendidos los créditos ante el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal) por el adeudo de cuotas de sus patrones, pese a que a los empleados se las descontaron, informó Gustavo Romero Mora, director jurídico de ese organismo.
“En un principio estuvimos salvaguardando los derechos de los trabajadores; recibieron préstamos sin ningún problema, pero ya nuestro consejo directivo, en sesiones anteriores del mes de noviembre, acordó ya no estarles otorgando préstamos”.
Se trata de los ayuntamientos de Puerto Vallarta, Tonalá, Guadalajara, Ocotlán, Acatlán de Juárez, Gómez Farías y Tuxpan, y de organismos como Servicios y Transportes, Sistecozome, el Code Jalisco (Consejo Estatal para el Fomento Deportivo y el Apoyo a la Juventud), la Inmobiliaria y Promotora de Vivienda de Interés Público (Iprovipe), el Instituto de la Juventud de Tonalá y el Consejo Municipal del Deporte de Tonalá, los cuales fueron denunciados penalmente.
Aún no está calculado el número de empleados afectados, pero en la base del Ipejal están registradas 120 mil personas: “El trabajador tiene todo el derecho de ejercer cualquier acción en contra de sus patrones, porque la propia Constitución así lo señala; todos pueden hacer valer sus derechos legales ante las autoridades competentes, es decir, también pueden hacerlo de manera personal”.
Agregó que las 13 denuncias ya fueron ratificadas ante el Ministerio Público correspondiente, están caminando y se encuentran en el periodo de aportación de pruebas: “Las deducciones de los préstamos y aportaciones personales han sido descontadas vía nómina a los trabajadores y no han sido entregadas a Pensiones; estamos manejando algunos delitos que se dan en el Código Penal (…) peculado, abuso de confianza y hay otro delito que es cometido por servidores públicos: son tres delitos por los que los estamos denunciando”.
Gustavo Romero mencionó que algunos de los denunciados ya se acercaron con ellos y desde la semana pasada se empezaron a firmar convenios para regularizar pagos a partir de 2013; mencionó a los municipios de Guadalajara, Tala y Ocotlán, así como al Code, la Iprovipe y Servicios y Transportes, “y Sistecozome está por firmarlo”.
“Hemos hecho una labor importante para acercarnos y que se acerquen todos los entes públicos y firmemos convenios de pago, y parece que va por buen camino. Ya hemos tenido algunos y eso creo que nos va a dar un respiro”.
Recordó que los municipios que están en una situación más grave son Puerto Vallarta, con una deuda de 207 millones 500 mil pesos y un atraso de 59 quincenas, y Tonalá, con 68 quincenas atrasadas.
NI DINERO, NI CONVENIO
El alcalde de Gómez Farías prefiere resignarse
Cuando no hay dinero, ni cómo hacerle. Y cuando además la deuda es grande, parece que el único acto admisible es el de la resignación. Con ese tono habla el alcalde de Gómez Farías, Francisco de Paul Jiménez Mejía, respecto a la deuda de su gobierno con el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal).
Su municipio es el que tiene la deuda más larga entre los que integran la lista negra del Ipejal, con 105 quincenas pendientes. Según el primer edil, deben millón y medio de pesos a Pensiones, pero eso forma parte de una deuda de 36 millones y medio que arrastra el municipio. El presupuesto total que buscan para 2013 es de 46 millones de pesos.
Él achaca el problema a la pasada administración, en la que el alcalde fue el priista Alfredo Naranjo López. Aunque el actual presidente también pertenece al Partido Revolucionario Institucional, dice que es de “otro grupo”.
El alcalde ya tuvo una reunión con el equipo jurídico de Pensiones, el viernes de la semana pasada. Debido a la condición financiera señalada, se negó a firmar un convenio, pues no tiene certeza de cumplirlo. Debido a esto, el Instituto de Pensiones advirtió que el lunes los trabajadores del Ayuntamiento dejarán de tener derechos.
Además está la denuncia contra el municipio que ya interpuso el Ipejal. El equipo jurídico del Ayuntamiento ya prepara la defensa; de hecho, también se está trabajando en otras demandas de diversos proveedores.
La esperanza del alcalde es que el Gobierno entrante, de Aristóteles Sandoval, adelante participaciones municipales. Ya hizo una petición a la administración saliente, que fue rechazada. Ésta será la única forma, afirma, de que el municipio abone a la deuda; de lo contrario, habrá que esperar seis meses.
Jiménez Mejía afirma que desde el inicio de su administración, el 1 de octubre, sí ha pagado lo que corresponde al Ipejal, unos 10 mil pesos mensuales.
OTROS DEUDORES
Callan Vallarta y Finanzas
Ni el Ayuntamiento de Puerto Vallarta ni la Secretaría de Finanzas dieron detalles ayer sobre cómo responderán a las denuncias de Pensiones en su contra. En el municipio, los funcionarios consultados ayer dijeron que no tienen información; en la dependencia estatal dijeron que sus funcionarios estaban muy ocupados para responder.
“En un principio estuvimos salvaguardando los derechos de los trabajadores; recibieron préstamos sin ningún problema, pero ya nuestro consejo directivo, en sesiones anteriores del mes de noviembre, acordó ya no estarles otorgando préstamos”.
Se trata de los ayuntamientos de Puerto Vallarta, Tonalá, Guadalajara, Ocotlán, Acatlán de Juárez, Gómez Farías y Tuxpan, y de organismos como Servicios y Transportes, Sistecozome, el Code Jalisco (Consejo Estatal para el Fomento Deportivo y el Apoyo a la Juventud), la Inmobiliaria y Promotora de Vivienda de Interés Público (Iprovipe), el Instituto de la Juventud de Tonalá y el Consejo Municipal del Deporte de Tonalá, los cuales fueron denunciados penalmente.
Aún no está calculado el número de empleados afectados, pero en la base del Ipejal están registradas 120 mil personas: “El trabajador tiene todo el derecho de ejercer cualquier acción en contra de sus patrones, porque la propia Constitución así lo señala; todos pueden hacer valer sus derechos legales ante las autoridades competentes, es decir, también pueden hacerlo de manera personal”.
Agregó que las 13 denuncias ya fueron ratificadas ante el Ministerio Público correspondiente, están caminando y se encuentran en el periodo de aportación de pruebas: “Las deducciones de los préstamos y aportaciones personales han sido descontadas vía nómina a los trabajadores y no han sido entregadas a Pensiones; estamos manejando algunos delitos que se dan en el Código Penal (…) peculado, abuso de confianza y hay otro delito que es cometido por servidores públicos: son tres delitos por los que los estamos denunciando”.
Gustavo Romero mencionó que algunos de los denunciados ya se acercaron con ellos y desde la semana pasada se empezaron a firmar convenios para regularizar pagos a partir de 2013; mencionó a los municipios de Guadalajara, Tala y Ocotlán, así como al Code, la Iprovipe y Servicios y Transportes, “y Sistecozome está por firmarlo”.
“Hemos hecho una labor importante para acercarnos y que se acerquen todos los entes públicos y firmemos convenios de pago, y parece que va por buen camino. Ya hemos tenido algunos y eso creo que nos va a dar un respiro”.
Recordó que los municipios que están en una situación más grave son Puerto Vallarta, con una deuda de 207 millones 500 mil pesos y un atraso de 59 quincenas, y Tonalá, con 68 quincenas atrasadas.
NI DINERO, NI CONVENIO
El alcalde de Gómez Farías prefiere resignarse
Cuando no hay dinero, ni cómo hacerle. Y cuando además la deuda es grande, parece que el único acto admisible es el de la resignación. Con ese tono habla el alcalde de Gómez Farías, Francisco de Paul Jiménez Mejía, respecto a la deuda de su gobierno con el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal).
Su municipio es el que tiene la deuda más larga entre los que integran la lista negra del Ipejal, con 105 quincenas pendientes. Según el primer edil, deben millón y medio de pesos a Pensiones, pero eso forma parte de una deuda de 36 millones y medio que arrastra el municipio. El presupuesto total que buscan para 2013 es de 46 millones de pesos.
Él achaca el problema a la pasada administración, en la que el alcalde fue el priista Alfredo Naranjo López. Aunque el actual presidente también pertenece al Partido Revolucionario Institucional, dice que es de “otro grupo”.
El alcalde ya tuvo una reunión con el equipo jurídico de Pensiones, el viernes de la semana pasada. Debido a la condición financiera señalada, se negó a firmar un convenio, pues no tiene certeza de cumplirlo. Debido a esto, el Instituto de Pensiones advirtió que el lunes los trabajadores del Ayuntamiento dejarán de tener derechos.
Además está la denuncia contra el municipio que ya interpuso el Ipejal. El equipo jurídico del Ayuntamiento ya prepara la defensa; de hecho, también se está trabajando en otras demandas de diversos proveedores.
La esperanza del alcalde es que el Gobierno entrante, de Aristóteles Sandoval, adelante participaciones municipales. Ya hizo una petición a la administración saliente, que fue rechazada. Ésta será la única forma, afirma, de que el municipio abone a la deuda; de lo contrario, habrá que esperar seis meses.
Jiménez Mejía afirma que desde el inicio de su administración, el 1 de octubre, sí ha pagado lo que corresponde al Ipejal, unos 10 mil pesos mensuales.
OTROS DEUDORES
Callan Vallarta y Finanzas
Ni el Ayuntamiento de Puerto Vallarta ni la Secretaría de Finanzas dieron detalles ayer sobre cómo responderán a las denuncias de Pensiones en su contra. En el municipio, los funcionarios consultados ayer dijeron que no tienen información; en la dependencia estatal dijeron que sus funcionarios estaban muy ocupados para responder.