Jalisco
Solicita CEDHJ expediente médico a la ''Máter''
Investigan sobre la muerte de un bebé por una supuesta tardanza en la atención en sus instalaciones
GUADALAJARA, JALISCO (16/JUL/2013).- La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) solicitó al director del Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos, Rubén Santoyo Durán, el expediente del caso ocurrido la semana pasada, cuando un bebé nació muerto tras una supuesta tardanza en la atención en sus instalaciones.
El funcionario fue notificado el 12 de julio pasado, y tiene cinco días hábiles para entregar la información a la comisión, por lo que el plazo se vence el próximo jueves, informó el cuarto visitador del organismo, Arturo Martínez Madrigal. La solicitud se derivó después de una investigación de oficio por parte de la CEDHJ al enterarse del caso, a la que se agregará la queja que interpuso el señor César Calderón, esposo de la mujer embarazada.
Una vez que el hospital envíe la información sobre el caso, la comisión determinará qué servidores públicos como médicos, enfermeras y personal de recepción de diferentes días de guardia y turnos, pueden llamar a la queja interpuesta, dependiendo de la información que entreguen los peritos al organismo.
César Calderón comentó la semana pasada a este medio que llevó a su mujer desde el 6 de julio a la maternidad, cuando cursaba las 43 semanas de gestación, presentando fiebre y sangrados, pero el personal la regresó a su casa. Cuando volvió, el lunes al mediodía, tuvo que esperar alrededor de 20 horas para que le practicaran una cesárea que resultó tardía, ya que el bebé nació muerto al día siguiente.
“En el expediente debe estar asentado el momento en el que ella arriba al hospital, y deben estar las notas de los médicos de por qué determinaron regresarla el primer día a su casa, y qué fue lo que pasó, por qué no fue atendida durante tantas horas que estuvo en la segunda ocasión que acudió, sin haberle practicado la cesárea”, manifestó Martínez Madrigal.
Este tipo de casos son tardados para determinar una responsabilidad, a decir de la propia comisión, pues los hechos ocurrieron en tres días, con personal del hospital de diferentes turnos
y guardias.
Existen casos similares en los que la queja llama a alrededor de 15 servidores públicos involucrados, y todos deben entregar información.
El funcionario fue notificado el 12 de julio pasado, y tiene cinco días hábiles para entregar la información a la comisión, por lo que el plazo se vence el próximo jueves, informó el cuarto visitador del organismo, Arturo Martínez Madrigal. La solicitud se derivó después de una investigación de oficio por parte de la CEDHJ al enterarse del caso, a la que se agregará la queja que interpuso el señor César Calderón, esposo de la mujer embarazada.
Una vez que el hospital envíe la información sobre el caso, la comisión determinará qué servidores públicos como médicos, enfermeras y personal de recepción de diferentes días de guardia y turnos, pueden llamar a la queja interpuesta, dependiendo de la información que entreguen los peritos al organismo.
César Calderón comentó la semana pasada a este medio que llevó a su mujer desde el 6 de julio a la maternidad, cuando cursaba las 43 semanas de gestación, presentando fiebre y sangrados, pero el personal la regresó a su casa. Cuando volvió, el lunes al mediodía, tuvo que esperar alrededor de 20 horas para que le practicaran una cesárea que resultó tardía, ya que el bebé nació muerto al día siguiente.
“En el expediente debe estar asentado el momento en el que ella arriba al hospital, y deben estar las notas de los médicos de por qué determinaron regresarla el primer día a su casa, y qué fue lo que pasó, por qué no fue atendida durante tantas horas que estuvo en la segunda ocasión que acudió, sin haberle practicado la cesárea”, manifestó Martínez Madrigal.
Este tipo de casos son tardados para determinar una responsabilidad, a decir de la propia comisión, pues los hechos ocurrieron en tres días, con personal del hospital de diferentes turnos
y guardias.
Existen casos similares en los que la queja llama a alrededor de 15 servidores públicos involucrados, y todos deben entregar información.