Jalisco
Se pronuncian académicos contra regulación de Internet
Proveedores de Internet estarían obligados a revelar qué instituciones o personas se encuentran activas en una conexión de tipo “peer to peer”
GUADALAJARA, JALISCO (17/MAR/2011).- Académicos de la Universidad de Guadalajara (
UdeG) se manifiestan en contra de una posible incorporación de México al Acuerdo Comercial Anti-falsificación (ACTA por sus siglas en inglés), que prevé regular el tráfico de ciertos contenidos en Internet bajo el pretexto de la protección de los derechos de autor y la lucha contra la piratería.
Carmen Rodríguez Armenta, coordinadora general de Planeación y Desarrollo Institucional de la casa de estudios, refiere que fue a través de una filtración del portal de Wikileaks, como se dio a conocer la intención del Gobierno Federal de formar parte del ACTA, a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual.
Y es que, al suscribir dicho Acuerdo los proveedores de Internet estarían obligados a revelar a las autoridades qué instituciones o personas se encuentran activas en una conexión de tipo “peer to peer” que son utilizadas para la trasferencia de archivos de audio o video, explica la universitaria:
“En México ya hay 17 leyes que regulan los derechos de autor y la propiedad intelectual, mismas que no han sido suficientes para inhibir la piratería. Creo que a todos nos queda claro en qué lugares se vende la piratería, en qué lugares se encuentran los delincuentes y entonces nos parece sospechoso a un grupo de investigadores y senadores que intenten regular Internet con el pretexto de ampararse en los derechos de propiedad intelectual”.
“Aprobar ACTA es buscar delincuentes en el sitio equivocado”, advierte Rodríguez Armenta.
Sostiene que esta medida ya ha sido adoptada por algunos gobiernos para contrarrestar los alcances de la Internet en movimientos sociales como los que actualmente acontecen en algunas naciones árabes.
Por su parte, Martín Mora Martínez, profesor del Departamento de Estudios Socio-urbanos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) sostiene que la adición de nuestro país a este Acuerdo perjudicaría el trabajo de los investigadores:
“De firmarse un tratado como éste, tendríamos una instancia gubernamental bien definida que regularía hasta qué tipo de trabajo debemos hacer los investigadores o las universidades en general”.
Comenta que tanto el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología ( Conacyt) como el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), ya representan un filtro para regular el trabajo de los investigadores.
El 6 de abril el grupo de senadores encargados de revisar el caso, sesionarán por última ocasión.
EL INFORMADOR / RAFAEL ZAPATA
Carmen Rodríguez Armenta, coordinadora general de Planeación y Desarrollo Institucional de la casa de estudios, refiere que fue a través de una filtración del portal de Wikileaks, como se dio a conocer la intención del Gobierno Federal de formar parte del ACTA, a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual.
Y es que, al suscribir dicho Acuerdo los proveedores de Internet estarían obligados a revelar a las autoridades qué instituciones o personas se encuentran activas en una conexión de tipo “peer to peer” que son utilizadas para la trasferencia de archivos de audio o video, explica la universitaria:
“En México ya hay 17 leyes que regulan los derechos de autor y la propiedad intelectual, mismas que no han sido suficientes para inhibir la piratería. Creo que a todos nos queda claro en qué lugares se vende la piratería, en qué lugares se encuentran los delincuentes y entonces nos parece sospechoso a un grupo de investigadores y senadores que intenten regular Internet con el pretexto de ampararse en los derechos de propiedad intelectual”.
“Aprobar ACTA es buscar delincuentes en el sitio equivocado”, advierte Rodríguez Armenta.
Sostiene que esta medida ya ha sido adoptada por algunos gobiernos para contrarrestar los alcances de la Internet en movimientos sociales como los que actualmente acontecen en algunas naciones árabes.
Por su parte, Martín Mora Martínez, profesor del Departamento de Estudios Socio-urbanos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) sostiene que la adición de nuestro país a este Acuerdo perjudicaría el trabajo de los investigadores:
“De firmarse un tratado como éste, tendríamos una instancia gubernamental bien definida que regularía hasta qué tipo de trabajo debemos hacer los investigadores o las universidades en general”.
Comenta que tanto el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología ( Conacyt) como el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), ya representan un filtro para regular el trabajo de los investigadores.
El 6 de abril el grupo de senadores encargados de revisar el caso, sesionarán por última ocasión.
EL INFORMADOR / RAFAEL ZAPATA