Jalisco
Retardan justicia alternativa
En dos años asignaron más de 33 millones de pesos para un instituto de mediación, pero diputados no definieron al director
Ejecutivo y Judicial urgen a la
aplicación de justicia alternativa
GUADALAJARA, JALISCO (17/AGO/2010).- El Estado cuenta con una Ley de Justicia Alternativa desde hace dos años y medio, para la que se asignó presupuesto público en 2009 y 2010, pero no se ha ejercido un peso. Si bien la ley ya entró en vigor, no se puede aplicar porque no existe el instituto que debe ejercerla. La razón es que el Congreso del Estado no ha acordado el nombramiento de quien sería director del Instituto de Justicia Alternativa.
En el Presupuesto de Egresos 2009, el Poder Legislativo aprobó para la creación del instituto una bolsa de 16 millones 481 mil pesos, recurso que dependería del Poder Judicial. Para 2010, el gobernador Emilio González Márquez, etiquetó 16 millones 975 mil 430 pesos para este propósito, pero a ocho meses de iniciado el año el dinero sigue “en caja”.
Durante las primeras semanas de 2009 se lanzó la primera convocatoria para nombrar al director del instituto, para la cual se registraron 30 interesados. Pero entonces “no existieron las condiciones por parte de las fracciones parlamentarias para nombrarlo, así que se dejó sin efecto esa convocatoria”, recordó el ex presidente de la Comisión de Justicia de la pasada Legislatura, Juan Carlos Márquez Rosas.
En tanto, el actual presidente de la misma comisión legislativa, Luis Armando Córdova Díaz, sostiene que en la próxima sesión de la comisión presentarán un anteproyecto para una nueva convocatoria. “La finalidad es ajustarlo con las aportaciones vertidas y en su conjunto realizar el proyecto definitivo para someterlo a la consideración de la asamblea del Congreso”. Sin embargo, no determinó una fecha exacta para que se lleve a cabo el procedimiento.
El nuevo Instituto de Justicia Alternativa disminuiría hasta 60% la carga laboral en juzgados al permitir acuerdos entre partes en conflicto que se confrontan legalmente. De acuerdo con especialistas en Derecho, este instituto reduciría la corrupción y haría más eficiente el desempeño del Poder Judicial, por lo que urge su creación.
aplicación de justicia alternativa
GUADALAJARA, JALISCO (17/AGO/2010).- El Estado cuenta con una Ley de Justicia Alternativa desde hace dos años y medio, para la que se asignó presupuesto público en 2009 y 2010, pero no se ha ejercido un peso. Si bien la ley ya entró en vigor, no se puede aplicar porque no existe el instituto que debe ejercerla. La razón es que el Congreso del Estado no ha acordado el nombramiento de quien sería director del Instituto de Justicia Alternativa.
En el Presupuesto de Egresos 2009, el Poder Legislativo aprobó para la creación del instituto una bolsa de 16 millones 481 mil pesos, recurso que dependería del Poder Judicial. Para 2010, el gobernador Emilio González Márquez, etiquetó 16 millones 975 mil 430 pesos para este propósito, pero a ocho meses de iniciado el año el dinero sigue “en caja”.
Durante las primeras semanas de 2009 se lanzó la primera convocatoria para nombrar al director del instituto, para la cual se registraron 30 interesados. Pero entonces “no existieron las condiciones por parte de las fracciones parlamentarias para nombrarlo, así que se dejó sin efecto esa convocatoria”, recordó el ex presidente de la Comisión de Justicia de la pasada Legislatura, Juan Carlos Márquez Rosas.
En tanto, el actual presidente de la misma comisión legislativa, Luis Armando Córdova Díaz, sostiene que en la próxima sesión de la comisión presentarán un anteproyecto para una nueva convocatoria. “La finalidad es ajustarlo con las aportaciones vertidas y en su conjunto realizar el proyecto definitivo para someterlo a la consideración de la asamblea del Congreso”. Sin embargo, no determinó una fecha exacta para que se lleve a cabo el procedimiento.
El nuevo Instituto de Justicia Alternativa disminuiría hasta 60% la carga laboral en juzgados al permitir acuerdos entre partes en conflicto que se confrontan legalmente. De acuerdo con especialistas en Derecho, este instituto reduciría la corrupción y haría más eficiente el desempeño del Poder Judicial, por lo que urge su creación.