Jalisco
Regulan atribución para condonar multas en Guadalajara
El Ayuntamiento le prohíbe al secretario general otorgar descuentos superiores a 50%
GUADALAJARA, JALISCO (04/OCT/2012).- Las reformas al marco reglamentario del Ayuntamiento de Guadalajara aprobadas durante la última sesión ordinaria presidida por Francisco Ayón López, el 28 de septiembre, incluyeron un acotamiento a la facultad del titular de la Secretaría General en el otorgamiento de descuentos a multas municipales, y con ello, le ha quedado prohibido autorizar reducciones que superen el 50% del monto original de la infracción.
El constante uso de esta atribución entre agosto de 2010 a octubre de 2011, por Roberto López Lara, secretario general tapatío en ese periodo, causó que dejaran de ingresar a la hacienda municipal 18 millones 858 mil 418 pesos, al haber validado descuentos sobre 12 mil 100 multas en una función que no es fiscalizada por la Contraloría Municipal, y que no sigue otro criterio más que la valoración personal del titular en turno de esa dependencia.
Una pérdida de esa magnitud es muy importante para el tamaño de las arcas tapatías. En todo el 2012 se presupuestó un ingreso por concepto de multas de 37.3 millones de pesos, esto quiere decir que a través de los miles de descuentos otorgados por López Lara en sólo 15 meses, se perdió una cantidad equivalente a la mitad del monto total proyectado en el año.
Con esta determinación de los regidores, ahora el Reglamento de la Administración Pública Municipal de Guadalajara, en su artículo 32, fracción VII, acota la facultad del secretario general en este sentido: “Condonar o reducir por acuerdo del presidente municipal las multas impuestas por la contravención a los reglamentos, normas y acuerdos de carácter municipal, otorgándose como máximo un descuento del 50%”.
Especialistas en materia de la administración pública municipal como Horacio Villaseñor Manzanedo, habían advertido ya que una facultad como ésta, que permanecía sin ningún tipo de regulación sobre su uso, otorgaba un margen de actuación demasiado amplio para cualquiera que ocupe la titularidad de la Secretaría General, lo que podía resultar propicio para el intercambio de favores o corruptelas.
Fue el mismo líder estatal del PRI en Jalisco, Eduardo Almaguer Ramírez, quien afirmó el 13 de julio de 2012 que limitarían dicha facultad, cuando aún estaba al frente de la Comisión de Gobernación, Reglamentos y Vigilancia del Ayuntamiento, como regidor tapatío. Dijo que la reforma reglamentaria estaría lista antes de terminar la gestión y así sucedió.
Se le ha reconocido a dicha facultad un fin social pues a ésta llegan a recurrir ciudadanos en condiciones de pobreza para que se les condone una multa, por eso hay registros de infracciones cuyos montos originales eran de sólo 300 pesos, pero igual es aprovechada por desarrolladores inmobiliarios o constructores inconformes con sus sanciones, a estos se deben principalmente los registros de las multas más altas y que pueden llegar a rondar los 700 mil pesos.
De acuerdo a la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal de Jalisco esta atribución para autorizar reducciones a las multas es propia de todos los presidentes municipales, aunque pueden delegarla, como es el caso de Guadalajara, donde ya está este avance en su regulación, aunque el secretario general seguirá sin estar obligado, por otra parte, a verificar y demostrar que la sanción que perdona estuvo mal impuesta, o que la persona que lo solicita es de escasos recursos.
EL INFORMADOR / LUIS HERRERA
El constante uso de esta atribución entre agosto de 2010 a octubre de 2011, por Roberto López Lara, secretario general tapatío en ese periodo, causó que dejaran de ingresar a la hacienda municipal 18 millones 858 mil 418 pesos, al haber validado descuentos sobre 12 mil 100 multas en una función que no es fiscalizada por la Contraloría Municipal, y que no sigue otro criterio más que la valoración personal del titular en turno de esa dependencia.
Una pérdida de esa magnitud es muy importante para el tamaño de las arcas tapatías. En todo el 2012 se presupuestó un ingreso por concepto de multas de 37.3 millones de pesos, esto quiere decir que a través de los miles de descuentos otorgados por López Lara en sólo 15 meses, se perdió una cantidad equivalente a la mitad del monto total proyectado en el año.
Con esta determinación de los regidores, ahora el Reglamento de la Administración Pública Municipal de Guadalajara, en su artículo 32, fracción VII, acota la facultad del secretario general en este sentido: “Condonar o reducir por acuerdo del presidente municipal las multas impuestas por la contravención a los reglamentos, normas y acuerdos de carácter municipal, otorgándose como máximo un descuento del 50%”.
Especialistas en materia de la administración pública municipal como Horacio Villaseñor Manzanedo, habían advertido ya que una facultad como ésta, que permanecía sin ningún tipo de regulación sobre su uso, otorgaba un margen de actuación demasiado amplio para cualquiera que ocupe la titularidad de la Secretaría General, lo que podía resultar propicio para el intercambio de favores o corruptelas.
Fue el mismo líder estatal del PRI en Jalisco, Eduardo Almaguer Ramírez, quien afirmó el 13 de julio de 2012 que limitarían dicha facultad, cuando aún estaba al frente de la Comisión de Gobernación, Reglamentos y Vigilancia del Ayuntamiento, como regidor tapatío. Dijo que la reforma reglamentaria estaría lista antes de terminar la gestión y así sucedió.
Se le ha reconocido a dicha facultad un fin social pues a ésta llegan a recurrir ciudadanos en condiciones de pobreza para que se les condone una multa, por eso hay registros de infracciones cuyos montos originales eran de sólo 300 pesos, pero igual es aprovechada por desarrolladores inmobiliarios o constructores inconformes con sus sanciones, a estos se deben principalmente los registros de las multas más altas y que pueden llegar a rondar los 700 mil pesos.
De acuerdo a la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal de Jalisco esta atribución para autorizar reducciones a las multas es propia de todos los presidentes municipales, aunque pueden delegarla, como es el caso de Guadalajara, donde ya está este avance en su regulación, aunque el secretario general seguirá sin estar obligado, por otra parte, a verificar y demostrar que la sanción que perdona estuvo mal impuesta, o que la persona que lo solicita es de escasos recursos.
EL INFORMADOR / LUIS HERRERA