Jalisco
Procuraduría estatal niega agresiones a transportistas
Si el propietario del camión no se acredita con los documentos necesarios, no se regresan las unidades que participaron en accidentes
GUADALAJARA, JALISCO.- La
Procuraduría General de Justicia del Estado desmiente de manera categórica las declaraciones de camioneros, quienes acusan a la fiscalía de provocar accidentes viales a transportistas.
“La institución no participa en ningún operativo con gente armada en vehículos particulares, con el objeto de provocar choques con unidades del transporte público, para luego asegurarlas. En relación con lo señalado en el cuerpo de la nota de referencia (publicada ayer en EL INFORMADOR), en la que se manifiesta que transportistas se quejan de que la Procuraduría General de Justicia del Estado asegura las unidades cuando participan en percances y no son liberadas, es menester aclarar lo siguiente: existe la disposición por parte de la dependencia de no regresar las unidades que participaron en accidentes, si el propietario del vehículo no ha acreditado su legítima propiedad, con los documentos correspondientes. Tampoco se ordena la devolución de la unidad, si al quedar dictaminado que el chofer del transporte público es presunto responsable del percance, no se ha garantizado la reparación del daño a las víctimas de los accidentes”, menciona un comunicado de la Procuraduría.
Destaca que el pasado viernes se realizó una manifestación con autobuses frente al Congreso del Estado por transportistas de la ruta 24 —quienes estacionaron 14 unidades en un carril de la avenida Hidalgo, desde Alcalde hasta la calle Belén—. La movilización terminó con la aplicación de multas y el uso de grúas para retirar los camiones, en un operativo implementado por agentes de la Secretaría de Vialidad y Transporte (SVyT).Los conductores de la ruta 24, encabezados por Arnoldo Licea, acusaron a las autoridades de hostigados y presionarlos para que los empresarios del servicio subrogado dejen de operar.
El dirigente visible del plantón, aseguró que la estrategia más reciente de las autoridades estatales es enviar vehículos para provocar choques. Una vez que se registra el percance, las unidades de transporte son detenidas por la Procuraduría del Estado.“A partir de ayer o antier comenzaron a mandar carros particulares con gente armada. Viene un camión atrás, viene un carro adelante, se hablan por radio y le dicen: Amárratele. Llega otro y choca (a nuestra unidad), llegan los policías, luego Tránsito, traen a la grúa y los retienen; y el procurador no suelta los camiones”.En total están en el corralón 33 camiones por participar en los choques, y el resto por estacionarse en lugar prohibido durante la manifestación. Lo anterior significa que por lo menos el fin de semana, camioneros del servicio subrogado no operarán en la ruta 24.El conflicto que existe desde enero entre transportistas del servicio subrogado y Servicios y Transportes (SyT), se debe a que la paraestatal no refrendó el contrato de subrogación a camioneros de la ruta 24, entre los que se encuentra Enrique Galván Vargas.Como resultado, Galván Vargas y otros transportistas se ampararon y obtuvieron una suspensión para seguir operando al mismo tiempo que las unidades propiedad de la empresa SyT.La duplicidad del servicio genera “corretizas” entre los operadores al intentar ganar clientes.
Los transportistas del grupo de Galván Vargas se quejan de competencia desleal.
“La institución no participa en ningún operativo con gente armada en vehículos particulares, con el objeto de provocar choques con unidades del transporte público, para luego asegurarlas. En relación con lo señalado en el cuerpo de la nota de referencia (publicada ayer en EL INFORMADOR), en la que se manifiesta que transportistas se quejan de que la Procuraduría General de Justicia del Estado asegura las unidades cuando participan en percances y no son liberadas, es menester aclarar lo siguiente: existe la disposición por parte de la dependencia de no regresar las unidades que participaron en accidentes, si el propietario del vehículo no ha acreditado su legítima propiedad, con los documentos correspondientes. Tampoco se ordena la devolución de la unidad, si al quedar dictaminado que el chofer del transporte público es presunto responsable del percance, no se ha garantizado la reparación del daño a las víctimas de los accidentes”, menciona un comunicado de la Procuraduría.
Destaca que el pasado viernes se realizó una manifestación con autobuses frente al Congreso del Estado por transportistas de la ruta 24 —quienes estacionaron 14 unidades en un carril de la avenida Hidalgo, desde Alcalde hasta la calle Belén—. La movilización terminó con la aplicación de multas y el uso de grúas para retirar los camiones, en un operativo implementado por agentes de la Secretaría de Vialidad y Transporte (SVyT).Los conductores de la ruta 24, encabezados por Arnoldo Licea, acusaron a las autoridades de hostigados y presionarlos para que los empresarios del servicio subrogado dejen de operar.
El dirigente visible del plantón, aseguró que la estrategia más reciente de las autoridades estatales es enviar vehículos para provocar choques. Una vez que se registra el percance, las unidades de transporte son detenidas por la Procuraduría del Estado.“A partir de ayer o antier comenzaron a mandar carros particulares con gente armada. Viene un camión atrás, viene un carro adelante, se hablan por radio y le dicen: Amárratele. Llega otro y choca (a nuestra unidad), llegan los policías, luego Tránsito, traen a la grúa y los retienen; y el procurador no suelta los camiones”.En total están en el corralón 33 camiones por participar en los choques, y el resto por estacionarse en lugar prohibido durante la manifestación. Lo anterior significa que por lo menos el fin de semana, camioneros del servicio subrogado no operarán en la ruta 24.El conflicto que existe desde enero entre transportistas del servicio subrogado y Servicios y Transportes (SyT), se debe a que la paraestatal no refrendó el contrato de subrogación a camioneros de la ruta 24, entre los que se encuentra Enrique Galván Vargas.Como resultado, Galván Vargas y otros transportistas se ampararon y obtuvieron una suspensión para seguir operando al mismo tiempo que las unidades propiedad de la empresa SyT.La duplicidad del servicio genera “corretizas” entre los operadores al intentar ganar clientes.
Los transportistas del grupo de Galván Vargas se quejan de competencia desleal.