Prevén que Sistema Anticorrupción cueste mil millones en 2018

GUADALAJARA, JALISCO (12/JUL/2017).- Aunque el costo del Sistema Estatal Anticorrupción se conocerá hasta finales del año, una vez que se apruebe el Presupuesto de Egresos 2018, de acuerdo con los recursos que se le destinan actualmente a los principales órganos que operarán  y las nuevas figuras, éste podría generar un gasto de mil millones de pesos, estimó el coordinador de los diputados emecistas, Ismael del Toro.

“Se le tiene que sumar lo que hoy es de la Fiscalía, lo que hoy es de la Auditoría Superior del Estado, lo que hoy es del Tribunal Administrativo y de las nuevas figuras que se crean. Sumando estos presupuestos actuales se dio esa posibilidad de que llegara a dar una bolsa de mil millones de pesos”.

Sin embargo, aclaró, se debe diseñar todo el sistema y esperar la propuesta que realice en noviembre próximo el gobernador del Estado, Aristóteles Sandoval Díaz. “Cuando envíe al Legislativo su propuesta de presupuesto (2018), cuando estén creadas todas las reformas, todas las instituciones, entonces se sabrá”.

Recordó que una de las unidades a crearse es la Fiscalía Anticorrupción, que dependerá de la Fiscalía General (ambas contarán con autonomía), “debemos generarle a esta Fiscalía autonomía de organigrama, de facultades y obviamente de presupuesto, porque se le van a dar facultades para sancionar incluso al fiscal general”.

El coordinador de los diputados priistas, Hugo Contreras Zepeda, subrayó que el Sistema de Jalisco tendrá el presupuesto necesario para evitar lo que sucedió a nivel federal, el cual arrancó sin recursos.

El coordinador de los diputados panistas y presidente de la Mesa Directiva, Miguel Monraz, coincidió en que no se puede cometer el error de aprobar las estructuras sin contar con presupuesto, “lo que queremos es no crear una estructura obesa, sino una estructura funcional que permita combatir a la corrupción y la impunidad”.

Recordó que el nuevo Tribunal de Justicia Administrativa contará con una Sala Superior que estará integrada por lo menos con tres magistrados, y al darse la autonomía del Ministerio Público, el personal con el que hoy cuenta la Fiscalía General deberá trasladarse al nuevo organismo autónomo (la Policía estatal quedará separada).

“No se trata de estar creando nueva estructura, simplemente la básica, en lo que tiene que ver prácticamente con el nuevo Tribunal Administrativo y el nuevo modelo que definamos de la Auditoría Superior del Estado”.

Para este año, se cuenta con una bolsa de 30 millones de pesos para la creación del Sistema. En 2016 se destinaron 20 millones; sin embargo, no fueron utilizados. Para 2018 se deberá contemplar el presupuesto que tienen los organismos actuales y sumarse el costo de la nómina que aumentará con las nuevas figuras.

EXCEPTO EL FISCAL GENERAL

Por convocatoria, la mayoría de los nombramientos

Todos los nombramientos que contempla el Sistema Anticorrupción se elegirán mediante una convocatoria, excepto la designación del próximo fiscal general, el cual podría salir de una terna previamente socializada y enviada por el gobernador.

De acuerdo con el calendario aprobado por los diputados, este mes se elegirá a la Comisión de selección que se encargará de designar al Comité de Participación Social, y será este último el que participe y vigile los procesos de nombramientos.
A partir de noviembre, los diputados deberán elegir al próximo auditor, al fiscal anticorrupción, el fiscal general y a los tres magistrados que integrarán la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa.

“El fiscal general, por ser el apéndice de la investigación del Ejecutivo, forzosamente, a pesar de que tenga autonomía, tiene que nacer de una propuesta del Ejecutivo. Todos los demás nombramientos del sistema, tendrán que venir con una convocatoria abierta, en la potestad del Congreso”, declaró Ismael del Toro.

El diputado emecista subrayó que pretenden uniformar el procedimiento de selección de todas las instancias, y que en ese procedimiento quede como condición obligada la participación de organismos de la sociedad civil.

Para el diputado priista Hugo Contreras, aún y cuando el gobernador sea quien envíe una terna al Congreso para la elección del fiscal general, se garantizará la autonomía de la Fiscalía.

“Hoy estaban comentando que en su momento (el Comité de) Participación Ciudadana puede hacer algunas recomendaciones, la propia iniciativa del gobernador viene dándole participación a éste”.

De acuerdo con la iniciativa enviada por el Ejecutivo, el fiscal saldrá de una terna enviada por el gobernador, quien de manera previa tomará en cuenta la opinión de los ciudadanos que integren el Comité.

MESA LEGISLATIVA DE GOBERNANZA

Piden que Auditoría investigue de oficio

La Mesa legislativa de gobernanza del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), integrada por diputados, representantes de organizaciones civiles, organismos empresariales y funcionarios, revisó ayer planteamientos del proyecto de dictamen de las reformas constitucionales, que definirán su conformación y funcionamiento.

Mientras el Congreso de Jalisco prevé votar la reforma constitucional mañana, ayer se analizaron puntos como la fiscalización superior, el Tribunal de Justicia Administrativa, el régimen de responsabilidades y los Órganos de Internos de Control (OIC). Además de los cambios para dar autonomía a la Fiscalía General y la creación de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

En materia de fiscalización se definió eliminar el principio de anualidad para que la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) pueda revisar ejercicios fiscales sin concluir el año en referencia, o reabrir alguno ya auditado.
 
Augusto Chacón, integrante de la organización Jalisco Cómo Vamos, propuso se considere que la ASEJ pueda actuar de oficio e iniciar revisiones especiales, aunque no exista una denuncia. También se planteó especificar la obligación de realizar auditorías de desempeño  para supervisar los resultados de programas o acciones de las dependencias.

Jesús Ibarra, académico del ITESO, sugirió que se den facultades a la ASEJ para sancionar faltas administrativas no graves y las que resulten graves turnarlas al nuevo Tribunal de Justicia Administrativa, aspecto ya considerado en la reforma federal.

Respecto a la conformación del Tribunal de Justicia Administrativa, la diputada Rocío Corona, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, reconoció que no hay un acuerdo sobre cómo quedará integrado, en sus nombramientos y temporalidad. El planteamiento, que está en revisión, es que las seis salas del Tribunal de lo Administrativo se conviertan en una primera instancia y crear una sala superior de segunda instancia con tres magistrados. Se reiteró que el nuevo Tribunal será autónomo y no formará parte del Poder Judicial del Estado, como está especificado en la reforma federal anticorrupción.

Sobre el régimen de responsabilidades, las organizaciones civiles pidieron que los delitos por corrupción no prescriban, mientras que las faltas administrativas si tendrían una temporalidad aún por definir. Se explicó que los Órganos de Control Interno sustituirán a las actuales contralorías de las dependencias públicas y tendrán facultad para sancionar faltas no graves.

Respecto a los cambios en la Fiscalía General se recordó que incluyen modificaciones para establecer la autonomía y crear la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, junto con los cambios a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y para separar el área de investigación (Ministerio Público) de la Policía del Estado. También está pendiente definir el mecanismo de elección y la duración en el cargo de los titulares de estas áreas.

Garantizan debate con los organismos civiles

Los diputados aseguran que las propuestas que realice la sociedad civil organizada sí quedarán plasmadas en el Sistema Anticorrupción, lo cual se reflejará en la aprobación de las reformas constitucionales que se aprobarán este jueves, y las leyes complementarias que quedarán listas en septiembre próximo.

La diputada panista María del Pilar Pérez Chavira informó que, con la instalación de la Comisión especial en la materia, la cual preside, se dio respuesta a la petición que realizaron el pasado 28 de junio las cúpulas empresariales, universidades y organizaciones civiles, para que previo a la aprobación de estas reformas, se dé un debate en el que sean tomados en cuenta.

El diputado Ismael del Toro acentuó que las propuestas realizadas por los representantes de la sociedad civil serán incluidas en el dictamen que aprobará la Comisión de Puntos Constitucionales y posteriormente el pleno, “se les informarán para que tengan claridad, que todo lo que se han esforzado y han hecho va a quedar plasmado en el proceso legislativo”.

Para septiembre, dijo, se afinará el trabajo de esta Comisión, “van a participar, van a seguir en la opinión, y van a conocer el dictamen previo a su votación”.

El diputado Miguel Monraz comentó que se les entregará el pre proyecto de dictamen y los lineamientos generales que se debatirán en las distintas comisiones, “lo que vamos a construir, es el dictamen con las observaciones que nos hicieron ellos. Eso ya es una atribución, es una facultad de los diputados, analizar las propuestas (discutirlas y aprobarlas)”. Sin embargo, aseguró, se informará a los organismos el por qué se aprobaron o rechazaron algunos de los puntos propuestos.

El diputado priista Hugo Contreras aseguró que el Congreso ha cumplido con darles el espacio y formar parte de este trabajo legislativo, pero “la facultad potestativa que tienen los diputados, tendrá que ejercerse y llegar a los acuerdos. Ya se dio una apertura con todos y se está escuchando y se está registrando, y donde tengamos coincidencia será un gran paso; donde no, veremos hasta dónde se puede construir consensos”.

AGENDA

13 Julio: Se aprueban las reformas fundamentales (constitucionales).

18 Julio: Aprobación de las reformas del Constituyente (municipios) y posterior publicación en el Diario Oficial de Jalisco.

* Agosto: Se elegirá a la Comisión de Selección, que se encargará de elegir al Comité de Participación Social.

* Septiembre: Aprobación de leyes secundarias: Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas Públicas, Ley de Responsabilidades Administrativas, Código Penal, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa. Se aprobará la Ley del Sistema Anticorrupción.

* Septiembre: Convocatoria para la selección del Comité de Participación Social que se encargará de vigilar el Sistema.

* Noviembre: Se analizará la propuesta de presupuesto para el Sistema Anticorrupción, que estará incluido en el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2018, enviado al Congreso por el Ejecutivo.

* Diciembre: Se aprobará el presupuesto del Sistema. Se realizarán los nombramientos del auditor, el fiscal general y fiscal anticorrupción, los tres magistrados de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa, así como los tres auditores especiales de la Auditoría Superior del Estado (ASEJ).

* Enero de 2018: Operación del Sistema Anticorrupción.

* Por definir día.

SEMÁFORO DEL IMCO

Jalisco, de los más rezagados

En la segunda actualización del Semáforo de la Reforma Constitucional lanzado por la Coparmex, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y Transparencia Mexicana, sólo cuatro Estados aparecen en rojo en su nivel de implementación: Campeche, Chihuahua, Tabasco y Jalisco, aunque dos estarían por mejorar próximamente, adelantó el investigador del IMCO, Fernando Alcázar, lo que significaría que nuestro Estado y Chihuahua “atrasarían” la ley a nivel nacional.

“De entrada, lo que sabemos es que van a poner en riesgo la implementación del sistema nacional anticorrupción en su conjunto. Campeche ya tenemos el reporte que ya aprobó su reforma constitucional, por ejemplo,  y también Tabasco. Se reducen cada vez más los Estados que no contaban con nada, aunque esta información la tendremos el próximo lunes”.

Aunque el Congreso de Jalisco prevé la aprobación de la reformas constitucionales este jueves, el experto subraya: “El transitorio constitucional no establece consecuencias concretas al incumplimiento de ese plazo, si nos referimos a la implementación de otros sistemas a nivel nacional, como el régimen de transparencia o el sistema acusatorio penal, se habían establecido plazos que no se cumplieron y la autoridad federal determinó otorgar prórrogas… no sabemos si se otorguen prórrogas”.

Sobre el Sistema Anticorrupción en Jalisco, indicó que está entre los 13 Estados que aún no cuentan con una propuesta de ley. “No sabemos  qué pasará porque no tenemos el documento, por lo pronto queremos que todos tengan una ley satisfactoria”.

Ayer, el gobernador Aristóteles Sandoval emitió en su cuenta de Twitter mensajes en los que decía que Jalisco no podía quedarse rezagado en la implementación del Sistema. “Planteamos autonomía plena para Fiscalía (General) y Fiscalía Anticorrupción. Algunas voces buscan aplazarlo. Aprobación del Sistema Anticorrupción es prioritaria e impostergable. Jalisco debe seguir poniendo el ejemplo”.

Sin definir, Consejo social

El nombramiento del grupo de notables denominado Comisión de selección, que participará en el proceso del nombramiento del Consejo de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, sigue sin acuerdo. Ayer se explicó que serán nueve jaliscienses distinguidos los que participarían en la Comisión, pero todavía falta definir si serán tres o cinco los integrantes del Consejo de Participación Social.

PROPONEN MÁS SANCIONES

En el capítulo de sanciones a los particulares o empresarios, la representante de la agrupación Tomalá cuestionó que la sanción máxima sea la disolución de empresas involucradas en actos de corrupción con daño al erario. Se planteó que no se consideran los casos de las compañías “fantasma” creadas para cometer irregularidades. Por eso se propuso que en esos casos se proceda directamente contra las personas físicas y exigir el resarcir el daño.

Jesús Ibarra, académico del ITESO, recordó que en la reforma federal sí se contempla la extinción de las empresas, pero el punto quedó sin acuerdo entre los diputados.

Por otra parte, Gilberto Tinajero Díaz, académico de la Universidad de Guadalajara, resaltó la necesidad de incluir a los líderes sindicales y presidentes de partidos políticos en el sistema, para la creación de sus órganos de control interno y que presenten declaración 3de3 (patrimonial, fiscal y de intereses). La diputada priista Rocío Corona aclaró que ambos temas son materia federal, razón por la cual no se incluyen en el proyecto de reforma.

TELÓN DE FONDO

Radiografía nacional

El 18 de julio vence el plazo para que los Estados activen sus Sistemas Locales Anticorrupción (SLA), pero Jalisco sigue con una reforma constitucional “deficiente” y apenas esta semana aprobará las modificaciones constitucionales básicas para su implementación a nivel estatal.

En la segunda actualización (mayo) del Semáforo anticorrupción: Monitoreo de los Sistemas Locales Anticorrupción, lanzado por la Coparmex y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y Transparencia Mexicana, Jalisco apareció de nuevo con el 55% de implementación; es decir, que no avanzó comparado con la primera actualización publicada el 5 de abril.

En abril se informó que 10 Estados contaban con una reforma constitucional satisfactoria, cuatro estaban aún sin iniciar la construcción de sus sistemas locales anticorrupción y tres tenían problemas graves en sus reformas constitucionales. Hasta lo registrado al 18 de mayo se registró que cuatro Estados (Hidalgo, Morelos, Oaxaca y Tamaulipas) que tenían una iniciativa la convirtieron en una reforma constitucional satisfactoria; es decir, que 22 estados ya cuentan con una reforma constitucional, aunque 14 satisfactorias y ocho regulares.

En la publicación subrayaron que en las preocupaciones generales estaban que Campeche, Chihuahua y Tabasco aún no empezaban  a construir sus SLA, mientras que “Jalisco permanece con una reforma constitucional deficiente”.

Fernando Alcazar, investigador del IMCO, considerara que hasta lo anunciado al momento por los diputados de Jalisco, los cambios no serían suficientes. “No de manera íntegra, porque en la constitución debe establecerse que el Tribunal Estatal Administrativo va a hacer las sanciones administrativas, la regulación primordial de  la Auditoría Superior está en la Constitución, y con este nuevo régimen le corresponden otras facultades, por ejemplo la investigación y sustentación de las faltas administrativas. Sí debe de estar en la constitución y a reserva de revisar las leyes secundarias cuando se aprueben veremos cómo queda ese sistema de sanciones administrativas, pero nosotros creemos que debe estar en la Constitución y no se subsana de manera completa”.

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