Jalisco

Presentarán denuncias por presuntas irregularidades en fideicomiso de la Villa

La fracción del PAN cuestionó las inconsistencias del informe y su presentación, que atribuyó a una estrategia partidista y no gubernamental

Alfonso Petersen cuestiona auditoria

GUADALAJARA, JALISCO (03/JUN/2010)
.- La Sindicatura de Guadalajara informó que presentará denuncias penales por el ejercicio de recursos a través del fideicomiso originalmente creado para la construcción de la Villa Panamericana, sobre el cual presume un detrimento al erario público por 329 millones 323 mil 219 pesos. 

El informe de la Contraloría sobre el que se basarán estas acciones legales, no obstante, fue cuestionado por la fracción del PAN debido a las múltiples inconsistencias que presenta, y que se fundamenta en la auditoría concluida al fideicomiso por el consultor “Pricewaterhousecoopers”.

Estos resultados fueron presentados ayer, mas no en la sala de prensa de la Presidencia Municipal, sino en la Expo Guadalajara, con pantallas gigantes e invitados dispuestos a aplaudir la presunta corrupción.

El detrimento al erario es un cálculo construido por la Contraloría de la siguiente forma: afirma un ejercicio del fideicomiso por 405 millones 541 mil 29 pesos, a través del cual se obtuvieron 55 predios y un cine en el entorno del Parque Morelos. Luego de la demolición de las construcciones, la dependencia obtuvo nuevos avalúos de la superficie adquirida (21 mil 423 metros cuadrados) que le dan un valor actual de 76 millones 217 mil 810 pesos; ergo, la afectación es de casi 330 millones.

No obstante, la Contraloría no consideró que lo que adquirió el Ayuntamiento fueron fincas, lo que representa, naturalmente, un valor mayor a los baldíos en los que hoy están convertidas. Además, la resta se hizo con el monto total de ejercicio del fideicomiso, pese a que la compra de fincas requirió de 351 millones 172 mil 863 pesos.

Incluso, mientras en un documento la Contraloría habla de casi 330 millones de detrimento, en otro, también proporcionado ayer por la dependencia, eleva esta cifra a los 381 millones 911 mil 433 pesos (cerca de 50 millones de diferencia), pues considera el pago de intereses de la deuda por la que se obtuvieron los recursos del fideicomiso. Estas inconsistencias no fueron aclaradas por el contralor, Víctor Urrea Stettner, pues se negó a dar declaraciones.

El Colegio de Profesionistas en Valuación del Estado de Jalisco realizó los avalúos de las fincas, y el fideicomiso las adquirió al doble, como lo instruyó el pleno del Ayuntamiento durante la gestión anterior, compuesto por ediles del PAN, PRI y PRD. La auditoría no constató desvíos al respecto.

El síndico Héctor Pizano Ramos señala que los avalúos deben revisarse, pues la presente administración desconfía de su sustento técnico, y cuestiona, además, la determinación del pleno, pues el artículo 90 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal obliga a hacer adquisiciones que se ajusten al valor comercial que recoge un avalúo.

Se mostraba renuente, no obstante, a precisar cuáles serán los delitos que se denunciarán por la autoridad municipal, pues aseguraba que esto sería tarea de la Procuraduría General de la República y la Procuraduría de Justicia del Estado de Jalisco:
“Nosotros no queremos señalar concretamente el ilícito, porque no tenemos los elementos, ni podemos señalar concretamente al responsable”, dijo.  Luego de insistir, se referiría a un presunto “desvío y aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades”.

Con respecto a las transferencias que se realizaron por 40 millones al fideicomiso sin la aprobación del pleno (EL INFORMADOR 1/6/2010), agregó el síndico: “Creemos que fue irregular, son cuestiones que tendrán alguna responsabilidad de tipo administrativa, y nosotros lo que estamos haciendo es que la autoridad tenga todos los elementos para que la pueda fincar”.

El PAN percibe estrategia partidista


El coordinador del PAN en Guadalajara, Jorge Salinas Osornio, afirmó que los resultados de la auditoría  se presentaron dentro de una lógica partidista por parte del PRI, más que gubernamental, y criticó que se haya omitido el derecho de los integrantes del comité técnico del fideicomiso para que expusieran la motivación de sus actuaciones.

Cuestionó la ligereza en el adelanto de juicios por parte de los funcionarios y el “show mediático” que se previó para el evento.

Hizo notar que en el presídium se encontró el diputado Carlos Briseño, presidente de la Comisión de Responsabilidades, atestiguando las denuncias, pese a que ante una solicitud de juicio político tendría que fungir como un actor imparcial.

“Se trató de presentar una manifestación de fuerza partidista a una decisión que debe ser meramente de Gobierno”, dijo. El contralor, por su parte, aseguró que el espacio de la Expo no le fue cobrado al Ayuntamiento.

Numeralia

Presuntas irregularidades

310 mil pesos en salidas de efectivo, según estados de cuenta bancarios no identificados y sin soporte documental.

6’660,785 pesos fueron pagados por el fideicomiso por IVA e ISR generados en la compraventa de predios; se afirma que debió ser cubierto por vendedores, pero así lo aprobó el comité técnico.

2’485,821 pesos se pagaron en demoliciones; se cuestiona que el material recuperado no fue descontado del costo.

11’650,000 pesos se destinó al pago de 177 indemnizaciones a inquilinos; se cuestiona que por cada uno de los 55 predios resulten 3.2 inquilinos.

460% de sobreprecio en adquisición de predios sobre su valor actual; este dato compara avalúos de fincas con avalúos de predios, y no de predios con predios.

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