Jalisco
Presentan informe de la ausencia de control civil en la militarización
Los estados donde más violaciones de derechos humanos han ocurrido son Guerrero, Tamaulipas, Chihuahua, Michoacán, Sinaloa, Nuevo León y Oaxaca: Centro Prodh
GUADALAJARA, JALISCO.- Ante el poco respeto a las garantías individuales en el ejercicio de las Fuerzas Armadas en su lucha contra el narcotráfico, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (Centro Prodh), presentó su informe en la Casa Iteso Clavijero. Los principales abusos los constituyen las irrupciones de viviendas, detenciones arbitrarias, torturas y violaciones.
Después de la bienvenida de Juan Luis Orozco, rector del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente ( ITESO), el director del Centro, Luis Arriaga Valenzuela, puntualizó que las recomendaciones contenidas en el documento tienen que ver con el fuero militar y con los delitos cometidos por militares en agravio de civiles.
Según el informe, en la extensión de este fuero, donde se han involucrado civiles, no hay justicia para las víctimas.
En el estudio realizado por esta institución, que abarca de enero de 2007 a diciembre de 2008 se encontró que, al menos, 309 personas en 120 casos reportados por los medios de comunicación fueron objeto de abusos cometidos por las Fuerzas Armadas. Según este documento, los estados donde más violaciones de derechos humanos han ocurrido son Guerrero, Tamaulipas, Chihuahua, Michoacán, Sinaloa, Nuevo León y Oaxaca. Durante el año pasado, 17 personas perdieron la vida y treinta y nueve fueron reportadas heridas a causa de una agresión.
Arriaga Valenzuela señaló que el primer inciso de la segunda fracción del artículo 57º del Código de Justicia Militar viola los derechos previstos en los artículos 1º, 13º, 14º, 16º, 17º, 20º y 133º de la Constitución Mexicana, así como disposiciones de carácter regional y universal de derechos humanos que también forman parte de la legislación. Por ello se ha pedido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en compañía con los familiares de las víctimas, revisar la constitucionalidad de dicho código.
Guillermo Zepeda, integrante del Programa de Derechos Humanos del ITESO, hizo un breve recuento de la historia de la lucha contra el narcotráfico y evidenció la gradual transición de las actividades del ejército, de operativos muy concretos y específicos a las actividades más coloquiales como el patrullaje, rivalizando con la Policía.
Del proceso de militarización impulsado por la administración del Presidente Felipe Calderón, Luis Arriaga comentó que el papel fundamental de las Fuerzas Armadas debería ser la seguridad nacional y exterior y no la seguridad pública, ciudadana y humana.
Entre las exigencias del Centro Prodh y otras organizaciones de Derechos Humanos se encuentran que los presuntos responsables de violaciones a las garantías individuales sean puestos a disposición de la autoridad civil competente, además de que las autoridades civiles involucradas, como la Procuraduría General de la República y las procuradurías estatales, hagan uso de sus facultades legales para que los hechos sean atraídos y esclarecidos por el fuero civil.
“Ningún argumento puede justificar la pérdida de vidas humanas, ni la comisión de graves violaciones a los derechos humanos. Es indispensable garantizar la seguridad de las mexicanas y los mexicanos, pero con un estricto respeto a los Derechos Humanos. Sin controles civiles sobre el Ejército, esto no será posible”, resumió el titular de la organización.
EL INFORMADOR/David Morales
Después de la bienvenida de Juan Luis Orozco, rector del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente ( ITESO), el director del Centro, Luis Arriaga Valenzuela, puntualizó que las recomendaciones contenidas en el documento tienen que ver con el fuero militar y con los delitos cometidos por militares en agravio de civiles.
Según el informe, en la extensión de este fuero, donde se han involucrado civiles, no hay justicia para las víctimas.
En el estudio realizado por esta institución, que abarca de enero de 2007 a diciembre de 2008 se encontró que, al menos, 309 personas en 120 casos reportados por los medios de comunicación fueron objeto de abusos cometidos por las Fuerzas Armadas. Según este documento, los estados donde más violaciones de derechos humanos han ocurrido son Guerrero, Tamaulipas, Chihuahua, Michoacán, Sinaloa, Nuevo León y Oaxaca. Durante el año pasado, 17 personas perdieron la vida y treinta y nueve fueron reportadas heridas a causa de una agresión.
Arriaga Valenzuela señaló que el primer inciso de la segunda fracción del artículo 57º del Código de Justicia Militar viola los derechos previstos en los artículos 1º, 13º, 14º, 16º, 17º, 20º y 133º de la Constitución Mexicana, así como disposiciones de carácter regional y universal de derechos humanos que también forman parte de la legislación. Por ello se ha pedido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en compañía con los familiares de las víctimas, revisar la constitucionalidad de dicho código.
Guillermo Zepeda, integrante del Programa de Derechos Humanos del ITESO, hizo un breve recuento de la historia de la lucha contra el narcotráfico y evidenció la gradual transición de las actividades del ejército, de operativos muy concretos y específicos a las actividades más coloquiales como el patrullaje, rivalizando con la Policía.
Del proceso de militarización impulsado por la administración del Presidente Felipe Calderón, Luis Arriaga comentó que el papel fundamental de las Fuerzas Armadas debería ser la seguridad nacional y exterior y no la seguridad pública, ciudadana y humana.
Entre las exigencias del Centro Prodh y otras organizaciones de Derechos Humanos se encuentran que los presuntos responsables de violaciones a las garantías individuales sean puestos a disposición de la autoridad civil competente, además de que las autoridades civiles involucradas, como la Procuraduría General de la República y las procuradurías estatales, hagan uso de sus facultades legales para que los hechos sean atraídos y esclarecidos por el fuero civil.
“Ningún argumento puede justificar la pérdida de vidas humanas, ni la comisión de graves violaciones a los derechos humanos. Es indispensable garantizar la seguridad de las mexicanas y los mexicanos, pero con un estricto respeto a los Derechos Humanos. Sin controles civiles sobre el Ejército, esto no será posible”, resumió el titular de la organización.
EL INFORMADOR/David Morales