Jalisco
Piden sanción a director jurídico de la SSP por ocultar información
La CEDHJ pide a Luis Carlos Nájera que inicie investigación para determinar el nombre de todos los agentes que participaron en estos hechos
GUADALAJARA, JALISCO (02/AGO/2012).- Agentes de la Comisaría General de Seguridad Pública del Estado allanaron un domicilio de Lagos de Moreno el 1 de julio de 2011 para detener a un hombre, al que golpearon y entregaron a la agencia del ministerio público federal después de hora y media de la detención, donde le imputaron que portaba mariguana y un arma calibre .22.
Por los golpes y los maltratos que recibió de los elementos Richard Iván Zamudio Jiménez y Miguel Ángel Flores Álvarez, el detenido estuvo hospitalizado varios días en el Hospital Regional de Lagos de Moreno y fue dejado en libertad por falta de elementos.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) emitió por este caso la recomendación 24/12 al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, por violación a los derechos a la legalidad, privacidad, integridad física y seguridad personal.
Durante la investigación que hizo el organismo, la SSP no quiso proporcionar datos de qué elementos habían participado en la detención, dato que se obtuvo en la ratificación de los policías que suscribieron el oficio de puesta a disposición del agente del ministerio público federal. También se documentaron daños en la chapa de la puerta de la casa del detenido, así como muebles y ropa desordenados.
Para la CEDHJ, lo “más grave” del caso es que el director jurídico de la SSP, Antonio Rodríguez Cervantes, haya omitido información sobre el operativo de los agentes.
El dictamen médico acredita lesiones, equimosis, hematomas, excoriaciones y quemaduras producidas por descargas eléctricas.
La dependencia hace especial énfasis en que el área jurídica de la SSP normalmente no tiene disposición para investigar las violaciones de derechos humanos, además de que ha ocultado información, con lo que incumple con los artículos del 85 al 88 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
“No es creíble que los agentes de los agentes se hayan trasladado a Lagos de Moreno con vehículos oficiales, hayan realizado una detención y que llevaran incluso un oficio de puesta a disposición sin que estuvieran enterado de ello”.
Por esta razón, la CEDHJ pide a Luis Carlos Nájera que inicie la investigación correspondiente para determinar el nombre de todos los agentes que participaron en estos hechos, para que posteriormente tramite y concluya un procedimiento administrativo en su contra, incluidos Iván Zamudio y Miguel Ángel Flores.
También le exigen que eliminen los cateos y las intromisiones domiciliares ilegales, que repare los daños y perjuicios causados al hombre lesionado por los policías y que se amoneste por escrito al director jurídico de la dependencia, por haber ocultado al organismo defensor de derechos humanos, sobre el operativo en Lagos de Moreno.
Quinta recomendación en 2012 para la PGJ
La recomendación 23/2012 es dirigida a la Procuraduría General de Justicia del Estado, por un ministerio público y un elemento de la policía investigadora que omitieron realizar el examen de alcoholemia a un conductor que tuvo un choque el 25 de julio de 2011, el cual tampoco fue detenido para realizar las investigaciones pertinentes.
Los quejosos son una pareja que participaron en el choque, quienes argumentaron que no se había realizado el examen de alcoholemia al causante del accidente.
Quien participó fue el agente de la Policía Investigadora Omar Llamas Ramos, quien no desempeñaba el cargo de actuario y aún así dio fe “de transmitir la información al personal que integró el acta. Además no se advierte que el policía haya rendido algún informe de su actuación al agente del ministerio público, con lo cual ambos conductores quedaron en total incertidumbre”.
Además, argumenta la CEDHJ, el fiscal Marco Antonio Aguilar Corona suscribió el acta realativa a la fe ministerial en el lugar de los hechos, sin que realmente hubiera acudido, “lo que permite presumir la manipulación de información que se asentó”.
Por otro lado, la Contraloría Interna de la Procuraduría inició el procedimiento administrativo P.A.I. 458/2011, pero el 30 de enero de 2012 se dio por terminada la investigación.
La CEDHJ señala que “es lamentable que el contralor interno de esa dependencia haya ordenado la terminación de la investigación y sobre todo que la hubiese sustentado en argumentos falsos, con lo cual se propicia la impunidad y contraviene los principios de legalidad”.
EL INFORMADOR / ALEJANDRA GUILLÉN
Por los golpes y los maltratos que recibió de los elementos Richard Iván Zamudio Jiménez y Miguel Ángel Flores Álvarez, el detenido estuvo hospitalizado varios días en el Hospital Regional de Lagos de Moreno y fue dejado en libertad por falta de elementos.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) emitió por este caso la recomendación 24/12 al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, por violación a los derechos a la legalidad, privacidad, integridad física y seguridad personal.
Durante la investigación que hizo el organismo, la SSP no quiso proporcionar datos de qué elementos habían participado en la detención, dato que se obtuvo en la ratificación de los policías que suscribieron el oficio de puesta a disposición del agente del ministerio público federal. También se documentaron daños en la chapa de la puerta de la casa del detenido, así como muebles y ropa desordenados.
Para la CEDHJ, lo “más grave” del caso es que el director jurídico de la SSP, Antonio Rodríguez Cervantes, haya omitido información sobre el operativo de los agentes.
El dictamen médico acredita lesiones, equimosis, hematomas, excoriaciones y quemaduras producidas por descargas eléctricas.
La dependencia hace especial énfasis en que el área jurídica de la SSP normalmente no tiene disposición para investigar las violaciones de derechos humanos, además de que ha ocultado información, con lo que incumple con los artículos del 85 al 88 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
“No es creíble que los agentes de los agentes se hayan trasladado a Lagos de Moreno con vehículos oficiales, hayan realizado una detención y que llevaran incluso un oficio de puesta a disposición sin que estuvieran enterado de ello”.
Por esta razón, la CEDHJ pide a Luis Carlos Nájera que inicie la investigación correspondiente para determinar el nombre de todos los agentes que participaron en estos hechos, para que posteriormente tramite y concluya un procedimiento administrativo en su contra, incluidos Iván Zamudio y Miguel Ángel Flores.
También le exigen que eliminen los cateos y las intromisiones domiciliares ilegales, que repare los daños y perjuicios causados al hombre lesionado por los policías y que se amoneste por escrito al director jurídico de la dependencia, por haber ocultado al organismo defensor de derechos humanos, sobre el operativo en Lagos de Moreno.
Quinta recomendación en 2012 para la PGJ
La recomendación 23/2012 es dirigida a la Procuraduría General de Justicia del Estado, por un ministerio público y un elemento de la policía investigadora que omitieron realizar el examen de alcoholemia a un conductor que tuvo un choque el 25 de julio de 2011, el cual tampoco fue detenido para realizar las investigaciones pertinentes.
Los quejosos son una pareja que participaron en el choque, quienes argumentaron que no se había realizado el examen de alcoholemia al causante del accidente.
Quien participó fue el agente de la Policía Investigadora Omar Llamas Ramos, quien no desempeñaba el cargo de actuario y aún así dio fe “de transmitir la información al personal que integró el acta. Además no se advierte que el policía haya rendido algún informe de su actuación al agente del ministerio público, con lo cual ambos conductores quedaron en total incertidumbre”.
Además, argumenta la CEDHJ, el fiscal Marco Antonio Aguilar Corona suscribió el acta realativa a la fe ministerial en el lugar de los hechos, sin que realmente hubiera acudido, “lo que permite presumir la manipulación de información que se asentó”.
Por otro lado, la Contraloría Interna de la Procuraduría inició el procedimiento administrativo P.A.I. 458/2011, pero el 30 de enero de 2012 se dio por terminada la investigación.
La CEDHJ señala que “es lamentable que el contralor interno de esa dependencia haya ordenado la terminación de la investigación y sobre todo que la hubiese sustentado en argumentos falsos, con lo cual se propicia la impunidad y contraviene los principios de legalidad”.
EL INFORMADOR / ALEJANDRA GUILLÉN