Jalisco
Nuevo intento para cambiar al auditor
Diputados avalan que la Comisión de Vigilancia inicie los trámites para reponer el nombramiento del funcionario
GUADALAJARA, JALISCO (23/NOV/2012).- Por unanimidad, los legisladores locales avalaron la propuesta de la Junta de Coordinación Política para instruir a la Comisión de Vigilancia, que preside el diputado del PRI Juan Manuel Alatorre Franco, a que realice las acciones necesarias para cumplir con la resolución del amparo 1821/2009 dictada por el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en Jalisco.
En el momento en que se sometió a discusión en el pleno del Congreso, el diputado del PAN, Alberto Esquer, señaló que “ante los diversos escándalos de corrupción en que incurrió Alonso Godoy Pelayo, esta Legislatura debe poner un alto, debemos corregir el rumbo para que la Auditoría tenga una tarea de verdadera fiscalización”.
La exposición de motivos del acuerdo legislativo presentado por los coordinadores parlamentarios refiere que debido a “la extensa historia de irregularidades de procedimientos técnicos, anuencia y complicidad en el mal empleo de los recursos públicos por todos los niveles de Gobierno en el Estado, la transacción en la dictaminación de cuentas públicas e irregularidades en los procesos de nombramiento del ciudadano que habrá de ocupar el cargo de auditor superior del Estado de Jalisco y los múltiples escándalos de los que ha sido objeto la Auditoría Superior del Estado, en complicidad y franco encubrimiento de legislaturas anteriores, han sumido en el descrédito y la nula confianza de todas las esferas de la sociedad a la propia Auditoría como a este Poder Legislativo, el cual tiene la obligación legal y el compromiso moral de responder a la ciudadanía respecto la historia obscura que se ha escrito en el presente tema y a la cual es necesario darle un desenlace”.
El acuerdo expone que existe una resolución del Tribunal Federal en materia Administrativa y de Trabajo que refiere que es procedente “conceder a Héctor Alberto Romero Fierro, el amparo y protección de la Justicia Federal para los efectos que las autoridades responsables, Congreso del Estado de Jalisco y Comisión de Vigilancia del propio Congreso, en el ámbito de sus competencias, dejen insubsistente el acuerdo legislativo dictado por la Comisión de Vigilancia de la LVIII Legislatura el 24 de noviembre de 2009, por medio del cual determinó cambiar los términos del acuerdo legislativo 57/LVIII-08 así como todas y cada una de las consecuencias jurídicas y materiales derivadas del mismo”.
No obstante, hace referencia a que la sentencia aún no causa estado, lo que deja abierta la posibilidad que el auditor solicite un amparo como en otras ocasiones lo ha hecho, por lo que se advierte la posibilidad de que el conflicto legal se prolongue.
En el momento en que se sometió a discusión en el pleno del Congreso, el diputado del PAN, Alberto Esquer, señaló que “ante los diversos escándalos de corrupción en que incurrió Alonso Godoy Pelayo, esta Legislatura debe poner un alto, debemos corregir el rumbo para que la Auditoría tenga una tarea de verdadera fiscalización”.
La exposición de motivos del acuerdo legislativo presentado por los coordinadores parlamentarios refiere que debido a “la extensa historia de irregularidades de procedimientos técnicos, anuencia y complicidad en el mal empleo de los recursos públicos por todos los niveles de Gobierno en el Estado, la transacción en la dictaminación de cuentas públicas e irregularidades en los procesos de nombramiento del ciudadano que habrá de ocupar el cargo de auditor superior del Estado de Jalisco y los múltiples escándalos de los que ha sido objeto la Auditoría Superior del Estado, en complicidad y franco encubrimiento de legislaturas anteriores, han sumido en el descrédito y la nula confianza de todas las esferas de la sociedad a la propia Auditoría como a este Poder Legislativo, el cual tiene la obligación legal y el compromiso moral de responder a la ciudadanía respecto la historia obscura que se ha escrito en el presente tema y a la cual es necesario darle un desenlace”.
El acuerdo expone que existe una resolución del Tribunal Federal en materia Administrativa y de Trabajo que refiere que es procedente “conceder a Héctor Alberto Romero Fierro, el amparo y protección de la Justicia Federal para los efectos que las autoridades responsables, Congreso del Estado de Jalisco y Comisión de Vigilancia del propio Congreso, en el ámbito de sus competencias, dejen insubsistente el acuerdo legislativo dictado por la Comisión de Vigilancia de la LVIII Legislatura el 24 de noviembre de 2009, por medio del cual determinó cambiar los términos del acuerdo legislativo 57/LVIII-08 así como todas y cada una de las consecuencias jurídicas y materiales derivadas del mismo”.
No obstante, hace referencia a que la sentencia aún no causa estado, lo que deja abierta la posibilidad que el auditor solicite un amparo como en otras ocasiones lo ha hecho, por lo que se advierte la posibilidad de que el conflicto legal se prolongue.