Jalisco
Habrá nuevo órgano anticorrupción
La Fiscalía deberá conformar un área especializada en perseguir delitos de servidores públicos, según una reforma constitucional
GUADALAJARA, JALISCO (26/DIC/2013).- El combate a la corrupción en Jalisco está en vías de verse fortalecido con la creación de un órgano facultado para investigar y sancionar a funcionarios estatales y municipales, así como a jueces y magistrados, una vez que la reforma constitucional recientemente aprobada por los senadores pase por la
Cámara de Diputados, en febrero.
La modificación de los senadores prevé la conformación de un órgano nacional de combate a la corrupción cuya estructura será replicada en cada una de las entidades federativas, como Jalisco, y mientras estas nuevas instituciones locales autónomas se encargarán de sancionar las corruptelas de los funcionarios del Estado, los municipios y el Poder Judicial en el ámbito administrativo, en materia penal lo harán todas las procuradurías, al integrar a sus estructuras fiscalías especializadas en la persecución de este tipo de delitos cometidos desde el servicio público.
Es decir que, en Jalisco, además de un nuevo órgano anticorrupción que vigilará la actuación de los funcionarios estatales, municipales y judiciales, la Fiscalía General del Estado tendrá que poner en operación una fiscalía concentrada por completo en la investigación de los delitos relacionados con el uso indebido de las atribuciones y recursos públicos, en los casos que así pueda configurarse.
El titular del próximo órgano de combate a la corrupción en Jalisco se desempeñará por periodos improrrogables de siete años, y contará con amplias facultades para el rastreo de los ingresos y operaciones financieras de los servidores públicos, principalmente para la investigación del enriquecimiento ilícito.
En el periodo 2007-2012 se dictaron al menos 360 sentencias condenatorias en Jalisco contra servidores públicos por actos de corrupción, tales como cohecho, abuso de autoridad, ejercicio indebido de atribuciones y facultades, y por delitos cometidos en la administración de justicia, aunque ninguna de éstas por enriquecimiento ilícito, de acuerdo con las estadísticas más actuales del Instituto Nacional de Geografía y Estadística.
El órgano nacional de combate a la corrupción nacerá con facultades para atraer hechos del orden municipal o estatal de cualquier parte del país. Además, justo como sucedió con la reforma constitucional en materia de transparencia, ahora también el Congreso de la Unión expedirá una ley general en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos y combate a la corrupción, que deberá acatarse en todas las entidades federativas, para homologar así el marco legal de atención a esta problemática.
La modificación de los senadores prevé la conformación de un órgano nacional de combate a la corrupción cuya estructura será replicada en cada una de las entidades federativas, como Jalisco, y mientras estas nuevas instituciones locales autónomas se encargarán de sancionar las corruptelas de los funcionarios del Estado, los municipios y el Poder Judicial en el ámbito administrativo, en materia penal lo harán todas las procuradurías, al integrar a sus estructuras fiscalías especializadas en la persecución de este tipo de delitos cometidos desde el servicio público.
Es decir que, en Jalisco, además de un nuevo órgano anticorrupción que vigilará la actuación de los funcionarios estatales, municipales y judiciales, la Fiscalía General del Estado tendrá que poner en operación una fiscalía concentrada por completo en la investigación de los delitos relacionados con el uso indebido de las atribuciones y recursos públicos, en los casos que así pueda configurarse.
El titular del próximo órgano de combate a la corrupción en Jalisco se desempeñará por periodos improrrogables de siete años, y contará con amplias facultades para el rastreo de los ingresos y operaciones financieras de los servidores públicos, principalmente para la investigación del enriquecimiento ilícito.
En el periodo 2007-2012 se dictaron al menos 360 sentencias condenatorias en Jalisco contra servidores públicos por actos de corrupción, tales como cohecho, abuso de autoridad, ejercicio indebido de atribuciones y facultades, y por delitos cometidos en la administración de justicia, aunque ninguna de éstas por enriquecimiento ilícito, de acuerdo con las estadísticas más actuales del Instituto Nacional de Geografía y Estadística.
El órgano nacional de combate a la corrupción nacerá con facultades para atraer hechos del orden municipal o estatal de cualquier parte del país. Además, justo como sucedió con la reforma constitucional en materia de transparencia, ahora también el Congreso de la Unión expedirá una ley general en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos y combate a la corrupción, que deberá acatarse en todas las entidades federativas, para homologar así el marco legal de atención a esta problemática.