Jalisco
Fines políticos en castigo a corrupción
Funcionarios de diferentes partidos en el poder, acusados de actos ilícitos, han eludido en su mayoría los procesos penales
GUADALAJARA, JALISCO (14/JUN/2013).- La detención del panista Rodolfo Ocampo Velázquez, ex director del SIAPA y ex diputado local y federal, quien está acusado de peculado y aprovechamiento indebido de facultades, es el eslabón más reciente de una larga cadena de acusaciones de corrupción que pesan sobre integrantes de la clase política local y nacional. Sin embargo, estas denuncias públicas no suelen ser motivo de procesos penales en forma, y muy raramente llegan a ameritar castigos con base en la ley. Un manto de impunidad parece cubrir a la clase política.
En ese sentido, el caso de Rodolfo Ocampo parecería marcar una excepción. Pero una revisión a otros casos contra funcionarios locales y nacionales muestra que, cuando quienes cometen algún acto de corrupción llegan a ser penados, suele ocurrir bajo administraciones de signo político contrario al suyo, tal como en este caso.
También queda claro que la consecuencia más frecuente, especialmente en casos muy mediatizados en donde las pruebas se hacen públicas, suele ser un castigo de tipo político. La corrupción, pues, se castiga políticamente, más que con la ley.
Tras los decenios de gobiernos de signo priista, la alternancia política en Jalisco fue presentada como una posibilidad de superar la inercia de corrupción oficial. Pero a lo largo de los años de dominio blanquiazul (1995-2012) se produjeron numerosas denuncias de actos de corrupción cometidos por personajes de primer nivel. Muchos debieron separarse de sus cargos y desaparecieron de los reflectores, pero prácticamente ninguno fue castigado judicialmente.
Con la detención de Rodolfo Ocampo y con la preparación de otras denuncias penales contra funcionarios de la pasada administración, el actual gobernador priista, Aristóteles Sandoval, parece mandar el mensaje de que su Gobierno combatirá a fondo la corrupción, en sintonía con las acciones federales en la materia iniciadas por la administración del Presidente Enrique Peña Nieto.
Pese a ello, y aunque existan casos como el de la líder del sindicato magisterial Elba Esther Gordillo, detenida en febrero, y del ex gobernador de Tabasco, Andrés Granier, quien fue señalado por el nuevo gobierno de esa entidad por un quebranto a las finanzas públicas, también son palpables los ejemplos de funcionarios sobre quienes pesan acusaciones graves pero que han eludido los procesos legales, como el ex gobernador de Coahuila Humberto Moreira, señalado por un caso de peculado y desvío de recursos.
En ese sentido, el caso de Rodolfo Ocampo parecería marcar una excepción. Pero una revisión a otros casos contra funcionarios locales y nacionales muestra que, cuando quienes cometen algún acto de corrupción llegan a ser penados, suele ocurrir bajo administraciones de signo político contrario al suyo, tal como en este caso.
También queda claro que la consecuencia más frecuente, especialmente en casos muy mediatizados en donde las pruebas se hacen públicas, suele ser un castigo de tipo político. La corrupción, pues, se castiga políticamente, más que con la ley.
Tras los decenios de gobiernos de signo priista, la alternancia política en Jalisco fue presentada como una posibilidad de superar la inercia de corrupción oficial. Pero a lo largo de los años de dominio blanquiazul (1995-2012) se produjeron numerosas denuncias de actos de corrupción cometidos por personajes de primer nivel. Muchos debieron separarse de sus cargos y desaparecieron de los reflectores, pero prácticamente ninguno fue castigado judicialmente.
Con la detención de Rodolfo Ocampo y con la preparación de otras denuncias penales contra funcionarios de la pasada administración, el actual gobernador priista, Aristóteles Sandoval, parece mandar el mensaje de que su Gobierno combatirá a fondo la corrupción, en sintonía con las acciones federales en la materia iniciadas por la administración del Presidente Enrique Peña Nieto.
Pese a ello, y aunque existan casos como el de la líder del sindicato magisterial Elba Esther Gordillo, detenida en febrero, y del ex gobernador de Tabasco, Andrés Granier, quien fue señalado por el nuevo gobierno de esa entidad por un quebranto a las finanzas públicas, también son palpables los ejemplos de funcionarios sobre quienes pesan acusaciones graves pero que han eludido los procesos legales, como el ex gobernador de Coahuila Humberto Moreira, señalado por un caso de peculado y desvío de recursos.