Jalisco
En febrero discuten reformas en materia de seguridad
La convocatoria para elegir al titular del Instituto de Justicia Alternativa será lanzada la próxima semana
GUADALAJARA, JALISCO (15/ENE/2011).- Han pasado 20 meses desde que el gobernador Emilio González Márquez envió al Congreso del Estado un paquete de iniciativas en materia de seguridad y justicia que pretenden dar certeza en procedimientos jurídicos, y éstas no han sido dictaminadas en las comisiones legislativas a las que fueron turnadas.
El mandatario turnó al Poder Legislativo, el pasado 23 de marzo de 2009, un paquete de 15 iniciativas que crea leyes y reforma o deroga algunas existentes.
Entre los puntos más importantes figuran la creación de la Ley de Extinción de Dominio, se profesionaliza el trabajo de los policías investigadores y pone en marcha la aplicación de juicios orales.
Luis Armando Córdoba, diputado presidente de la Comisión de Justicia, una de las comisiones que analiza la mayor parte de las iniciativas, refiere que el análisis de las propuestas se concretará en las próximas semanas. El motivo del retraso en la actual Legislatura, explica, es que se han encontrado inconsistencias y contradicciones los documentos.
“Estamos haciendo una revisión clara del paquete de iniciativas en materia de seguridad que envió el gobernador y encontramos demasiadas inconsistencias y contradicciones”. El pasado mes de agosto, el legislador tricolor tenía la intención de dictaminar este paquete de iniciativas “a más tardar en el mes de octubre (de 2010)”.
A decir del diputado priista, el retraso en la discusión de este dictamen es que al analizar las iniciativas detectaron inconsistencias legales que podrían afectar la aplicación de la justicia, por lo que ahora se trabaja en un nuevo dictamen que será diferente al presentado por González Márquez.
“No queremos decir simplemente que no funcionan las propuestas que envió el gobernador, no queremos que parezca una cuestión política. Por el contrario, estamos en un ejercicio de comunicación con el Poder Ejecutivo y diferentes grupos parlamentarios, porque queremos sacar un nuevo producto”.
Cuestionado en torno a las presuntas inconsistencias, se limitó a referir que se trata de adecuaciones legales que, de aprobarse, podrían ser contradictorias entre sí o entre ordenamientos legales que actualmente están en vigor, pero apunta que prefiere “no adelantar puntualmente las inconsistencias, hasta que no se tenga un documento final. Algunas de las 15 iniciativas del gobernador se contraponían entre sí, entre un capítulo y otro. En las próximas semanas daremos puntal conocimiento de las inconsistencias que hemos encontrado, porque todavía seguimos trabajando en el estudio de las mismas; lo que sí puedo adelantar es que son bastantes”.
Uno de los temas que se incluye en el paquete de 15 iniciativas es el de la aplicación de los juicios orales.
Cuestionado sobre el tema, el presidente de la Comisión Bicamaral de Justicia, el diputado federal panista Gustavo González Hernández, considera que en el combate a la delincuencia la responsabilidad es de todos los órdenes de Gobierno (federal, estatal y municipal), pero advierte que el Poder Legislativo también lleva su parte y “lamentablemente los Congresos a nivel federal y local, no nos hemos podido poner de acuerdo para aprobar las iniciativas en materia de seguridad y de justicia que envió el Presidente Felipe Calderón, y a nivel local sucede lo mismo”.
Comisión de Justicia define prioridades
El presidente de la Comisión de Justicia, Luis Armando Córdoba Díaz, afirma que antes de continuar con el análisis de 14 de las iniciativas, se darán a la tarea de sacar otro de los pendientes.
Se trata de la convocatoria para elegir al titular del Instituto de Justicia Alternativa, que será lanzada la próxima semana. Córdoba Díaz justifica los motivos por los que no se publicó la convocatoria a finales del año pasado, cuando se concretó una reforma constitucional para dar certeza a la figura del Instituto de Justicia Alternativa.
“No quisimos hacer (la convocatoria) a finales de año (2010), porque se puede volver turbio u oscuro. Habría quienes quieran participar en la convocatoria y necesiten algún documento, como carta de policía, o actualizar algún dato, las oficinas estaban cerradas y no queremos que se malinterprete”.
Telón de Fondo
En la congeladora
Jalisco cuenta con una Ley de Justicia Alternativa desde hace dos años y medio, ha tenido dos presupuestos, aunque ninguno de éstos ejercido, porque la nueva norma no se ha aplicado.
A pesar de ser una de las primeras entidades en contar con esta norma, otros estados, como Oaxaca, han tomado ventaja y ya aplican sistemas similares al de la justicia alternativa.
En enero del año 2007, el entonces gobernador interino Gerardo Octavio Solís Gómez publicó la primera Ley de Justicia Alternativa para el Estado de Jalisco. Y aunque el Instituto no ha sido creado, la ley ya sufrió dos reformas en su redacción. Esta normatividad no se puede aplicar porque no existe un instituto que haga válida la justicia alternativa.
En el Presupuesto de Egresos de 2009, el mismo Poder Legislativo le aprobó a este Instituto un presupuesto de 16 millones 481 mil pesos, recurso que depende del Poder Judicial y que nunca se ejerció.
Para 2010, el gobernador del Estado, Emilio González Márquez, envió en su proyecto de Presupuesto de Egresos 16 millones 975 mil 430 pesos, es decir, cerca de medio millón de pesos más que lo proyectado en 2009, dinero que tampoco se aplicó. En el presupuesto 2011 el gobernador envió una propuesta para que el Instituto ejerza 17 millones 603 mil pesos, pero debido al veto del Ejecutivo, contaría con el mismo recurso destinado en 2010.
La primera convocatoria para elegir director del Instituto de Justicia Alternativa, fue lanzada a principios de 2009 y se registraron 30 interesados, pero se declaró desierta.
Síntesis de las iniciativas enviadas por el gobernador al Congreso en marzo de 2009
1.- Reforma de Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia de Jalisco:
Modifica la atribución del Ministerio Público para certificar documentos que obren en su poder, ello porque desaparece la figura del secretario o de los testigos de asistencia como fedatarios.
Obliga a los auxiliares del Ministerio Públicos a modificar sus conductas al momento del arribo del lugar del crimen, preservarlo a fin de contar con elementos para la investigación de delito.
Se estipulan medidas para llevar a cabo un correcto manejo del lugar de los hechos.
Determina que los servidores públicos de procuración de justicia, como los policías investigadores y agentes del Ministerio Público, deben contar como mínimo con estudios de nivel superior; esta nueva legislación da como plazo cuatro años para que quienes no cuenten con este nivel de estudios muestren su título respectivo.
Se debe someter a controles de confianza a los servidores públicos de la Procuraduría Estatal, quienes se nieguen a estos exámenes, que serán psicológicos, económicos y toxicológicos, deberán ser dados de baja.
En el tema de obligaciones, estas modificaciones establecen la aplicación de correctivos a los agentes, en caso de que incumplan con un adecuado desempeño, estas sanciones irían desde arresto, retención en el servicio y la privación de permisos de salida; también prevé instauración de procesos administrativos o en su defecto penales, dependerá de la falta cometida.
Además, se contempla que en la Procuraduría se cree una Unidad Especializada en la Extinción del Dominio.
2.- Crea Ley de Extinción del Dominio de Bienes para Jalisco:
A nivel federal esta Ley se publicó en junio de 2008. Jalisco requiere adecuaciones en su norma local. Al respecto, el Gobierno estatal expone que esta norma permitirá al Estado la aplicación a su favor de bienes que se pueda acreditar, son instrumento o producto de los delitos de secuestro, robo de vehículos, trata de personas, lenocinio, corrupción de menores, prostitución infantil o delitos contra la salud –narcomenudeo– una vez que sea competencia estatal.
La Secretaría Finanzas será la encargada de la administración y conservación de los bienes embargados; estos bienes se aplicarán para fines de inversión social, seguridad pública y lucha contra las adicciones.
3.- Modificaciones al Código de Procedimientos Civiles:
Cambios al artículo 953 bis, para que entre en vigor la Ley de Extinción de Dominio de Bienes.
4.- Crea el Código de Procedimientos Penales de Jalisco:
De las 15 iniciativas presentadas por el gobernador, ésta es la más nutrida. Incluye 383 artículos y es trascedente pues se exponen los lineamientos para aplicar los juicos orales. Ello, de acuerdo con el Poder Ejecutivo, “modernizaría el sistema de justicia en Jalisco”.
Otra de las novedades en este Código es que establece expresamente el principio de presunción de inocencia, lo que implicaría que el sistema de investigación no requeriría detener a los gobernados a fin de realizar pesquisas.
En el caso del arraigo, establece que sólo procederá en los casos delincuencia organizada, mientras que la prisión preventiva se limitará en delitos como delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos.
El aseguramiento de la escena del crimen y la recolección inmediata de los primeros indicios.
5.- Crea la Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad:
Ya no se impondrá prisión a las personas durante el periodo de investigación.
Se crea el Tribunal de Ejecución, que es un órgano colegiado que garantizará el respecto a los derechos de los indicados o en su defecto, procesados.
Se hace énfasis en la atención de la salud para la reinserción de los reclusos y se da un tratamiento individualizado de carácter progresivo y técnico de los reos.
Se crea la figura de libertad anticipada, con la finalidad de estimular en los sentenciados su participación en el tratamiento científico para alcanzar su reinserción social.
En caso de que el Tribunal de Ejecución acepte la libertad anticipada, deberá determinar las condiciones en que se encuentra cada sujeto y las causales para la revocación de este beneficio.
En su artículo 25, se establecen las penas restrictivas de la libertad y contempla que el Tribunal de Penas también puede dar beneficios al reo como: salida del centro penitenciario durante la semana con internamiento los fines de semana, salida los fines de semana con internamiento durante la semana o salida diurna con internamiento nocturna; aclara que esta modalidad tendrá fines laborales, educativos, de salud y deportivos que conduzcan a la reinserción social.
6.- Reforma a Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos:
En su exposición de motivos para reformar esta Ley, el gobernador explica que es necesario realizar cambios en esta norma en particular, para “lograr desmembrar a las instituciones públicas de personal no apto o que no cumple con las características requeridas para su cargo, por eso los elementos de la seguridad pública que no sean aptos en los proceso de evaluación deberán ser dados de baja”.
Por ello, se proponen cambios en el artículo 7 de esta Ley, para establecer como causal de responsabilidad la negativa sin causa justificada de presentar exámenes y evaluaciones de control de confianza y desempeño.
7.- Reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial:
En su exposición de motivos, dice el mandatario estatal: “La sociedad jalisciense percibe que la lentitud, inequidad, corrupción e impunidad son el denominado común cuando de seguridad pública se trata, lo que genera desconfianza en las instituciones”.
Crea un Centro Estatal de Control de Confianza para el Supremo Tribunal de Justicia, el Consejo de la Judicatura para realizar exámenes y evaluación a todos sus integrantes.
8 y 9.- Reformas a la Constitución Política del Estado de Jalisco:
Modifica el artículo 72, y establece que el Tribunal de Arbitraje y Escalafón ya no revisará las controversias relativas a las relaciones de trabajo de los servidores públicos del Poder Judicial, Instituto Electoral, agentes del Ministerio Público y elementos de seguridad pública. Son dos iniciativas distintas que proponen reformas constitucionales.
10.- Creación de la Ley de Control de Confianza de Jalisco:
Pretende crear la profesionalización de los miembros de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia. Crea el Centro Estatal de Control de Confianza.
Se realizarán exámenes patrimoniales, de entorno social, psicométrico, psicológico, toxicológico, polígrafo y demás que se consideren necesarios.
11.- Adición de un capítulo a la Ley Orgánica de la Procuraduría del Estado:
Este capítulo se denomina “de la aplicación de correctivos disciplinarios de la policía investigadora”. Apunta que deberán cumplir con una serie de disposiciones, como preservar el secreto de los asuntos que por razón del desempeño de sus funciones conozcan; abstenerse de auxiliarse por personas no autorizados por la Ley y abstenerse a abandonar sus funciones sin causa justificada. Si faltan a sus obligaciones, podrían hacerse acreedores a correctivos que irían del arresto, a retención en el servicio y privación de permisos de salida.
El arresto “es la internación del agente por no más de 36 horas en un lugar destinado”, se lee en el artículo 43.
12.- Reformas a la Ley Orgánica del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses:
Propone cambios para establecer la actividad de los encargados de la práctica y emisión de dictámenes periciales. Establece la manera de investigar, asegurar la escena del crimen y la manera de hacer la recolección inmediata de los primeros indicios.
13.- Crea la Ley de Sistema de Seguridad Pública:
Establece la carrera policial como obligatoria y permanente; crea un sistema complementario de seguridad social y reconocimientos que puede obtener los elementos de los cuerpos de seguridad pública como: el valor profesional, el servicio y perseverancia.
14.- Reformas a la Ley de Justicia Administrativa:
Los funcionarios del Ministerio Público o elementos policiacos no podrán ser reinstalados en sus puestos, aún si una autoridad administrativa lo determina así. En caso de que ello ocurra, el Estado estará obligado a pagar sólo una indemnización de hasta tres meses.
15.- Reformas al Código Penal:
Deroga artículos y adecua otros, para aplicar las otras reformas propuestas para evitar contraposición de las normas.
El mandatario turnó al Poder Legislativo, el pasado 23 de marzo de 2009, un paquete de 15 iniciativas que crea leyes y reforma o deroga algunas existentes.
Entre los puntos más importantes figuran la creación de la Ley de Extinción de Dominio, se profesionaliza el trabajo de los policías investigadores y pone en marcha la aplicación de juicios orales.
Luis Armando Córdoba, diputado presidente de la Comisión de Justicia, una de las comisiones que analiza la mayor parte de las iniciativas, refiere que el análisis de las propuestas se concretará en las próximas semanas. El motivo del retraso en la actual Legislatura, explica, es que se han encontrado inconsistencias y contradicciones los documentos.
“Estamos haciendo una revisión clara del paquete de iniciativas en materia de seguridad que envió el gobernador y encontramos demasiadas inconsistencias y contradicciones”. El pasado mes de agosto, el legislador tricolor tenía la intención de dictaminar este paquete de iniciativas “a más tardar en el mes de octubre (de 2010)”.
A decir del diputado priista, el retraso en la discusión de este dictamen es que al analizar las iniciativas detectaron inconsistencias legales que podrían afectar la aplicación de la justicia, por lo que ahora se trabaja en un nuevo dictamen que será diferente al presentado por González Márquez.
“No queremos decir simplemente que no funcionan las propuestas que envió el gobernador, no queremos que parezca una cuestión política. Por el contrario, estamos en un ejercicio de comunicación con el Poder Ejecutivo y diferentes grupos parlamentarios, porque queremos sacar un nuevo producto”.
Cuestionado en torno a las presuntas inconsistencias, se limitó a referir que se trata de adecuaciones legales que, de aprobarse, podrían ser contradictorias entre sí o entre ordenamientos legales que actualmente están en vigor, pero apunta que prefiere “no adelantar puntualmente las inconsistencias, hasta que no se tenga un documento final. Algunas de las 15 iniciativas del gobernador se contraponían entre sí, entre un capítulo y otro. En las próximas semanas daremos puntal conocimiento de las inconsistencias que hemos encontrado, porque todavía seguimos trabajando en el estudio de las mismas; lo que sí puedo adelantar es que son bastantes”.
Uno de los temas que se incluye en el paquete de 15 iniciativas es el de la aplicación de los juicios orales.
Cuestionado sobre el tema, el presidente de la Comisión Bicamaral de Justicia, el diputado federal panista Gustavo González Hernández, considera que en el combate a la delincuencia la responsabilidad es de todos los órdenes de Gobierno (federal, estatal y municipal), pero advierte que el Poder Legislativo también lleva su parte y “lamentablemente los Congresos a nivel federal y local, no nos hemos podido poner de acuerdo para aprobar las iniciativas en materia de seguridad y de justicia que envió el Presidente Felipe Calderón, y a nivel local sucede lo mismo”.
Comisión de Justicia define prioridades
El presidente de la Comisión de Justicia, Luis Armando Córdoba Díaz, afirma que antes de continuar con el análisis de 14 de las iniciativas, se darán a la tarea de sacar otro de los pendientes.
Se trata de la convocatoria para elegir al titular del Instituto de Justicia Alternativa, que será lanzada la próxima semana. Córdoba Díaz justifica los motivos por los que no se publicó la convocatoria a finales del año pasado, cuando se concretó una reforma constitucional para dar certeza a la figura del Instituto de Justicia Alternativa.
“No quisimos hacer (la convocatoria) a finales de año (2010), porque se puede volver turbio u oscuro. Habría quienes quieran participar en la convocatoria y necesiten algún documento, como carta de policía, o actualizar algún dato, las oficinas estaban cerradas y no queremos que se malinterprete”.
Telón de Fondo
En la congeladora
Jalisco cuenta con una Ley de Justicia Alternativa desde hace dos años y medio, ha tenido dos presupuestos, aunque ninguno de éstos ejercido, porque la nueva norma no se ha aplicado.
A pesar de ser una de las primeras entidades en contar con esta norma, otros estados, como Oaxaca, han tomado ventaja y ya aplican sistemas similares al de la justicia alternativa.
En enero del año 2007, el entonces gobernador interino Gerardo Octavio Solís Gómez publicó la primera Ley de Justicia Alternativa para el Estado de Jalisco. Y aunque el Instituto no ha sido creado, la ley ya sufrió dos reformas en su redacción. Esta normatividad no se puede aplicar porque no existe un instituto que haga válida la justicia alternativa.
En el Presupuesto de Egresos de 2009, el mismo Poder Legislativo le aprobó a este Instituto un presupuesto de 16 millones 481 mil pesos, recurso que depende del Poder Judicial y que nunca se ejerció.
Para 2010, el gobernador del Estado, Emilio González Márquez, envió en su proyecto de Presupuesto de Egresos 16 millones 975 mil 430 pesos, es decir, cerca de medio millón de pesos más que lo proyectado en 2009, dinero que tampoco se aplicó. En el presupuesto 2011 el gobernador envió una propuesta para que el Instituto ejerza 17 millones 603 mil pesos, pero debido al veto del Ejecutivo, contaría con el mismo recurso destinado en 2010.
La primera convocatoria para elegir director del Instituto de Justicia Alternativa, fue lanzada a principios de 2009 y se registraron 30 interesados, pero se declaró desierta.
Síntesis de las iniciativas enviadas por el gobernador al Congreso en marzo de 2009
1.- Reforma de Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia de Jalisco:
Modifica la atribución del Ministerio Público para certificar documentos que obren en su poder, ello porque desaparece la figura del secretario o de los testigos de asistencia como fedatarios.
Obliga a los auxiliares del Ministerio Públicos a modificar sus conductas al momento del arribo del lugar del crimen, preservarlo a fin de contar con elementos para la investigación de delito.
Se estipulan medidas para llevar a cabo un correcto manejo del lugar de los hechos.
Determina que los servidores públicos de procuración de justicia, como los policías investigadores y agentes del Ministerio Público, deben contar como mínimo con estudios de nivel superior; esta nueva legislación da como plazo cuatro años para que quienes no cuenten con este nivel de estudios muestren su título respectivo.
Se debe someter a controles de confianza a los servidores públicos de la Procuraduría Estatal, quienes se nieguen a estos exámenes, que serán psicológicos, económicos y toxicológicos, deberán ser dados de baja.
En el tema de obligaciones, estas modificaciones establecen la aplicación de correctivos a los agentes, en caso de que incumplan con un adecuado desempeño, estas sanciones irían desde arresto, retención en el servicio y la privación de permisos de salida; también prevé instauración de procesos administrativos o en su defecto penales, dependerá de la falta cometida.
Además, se contempla que en la Procuraduría se cree una Unidad Especializada en la Extinción del Dominio.
2.- Crea Ley de Extinción del Dominio de Bienes para Jalisco:
A nivel federal esta Ley se publicó en junio de 2008. Jalisco requiere adecuaciones en su norma local. Al respecto, el Gobierno estatal expone que esta norma permitirá al Estado la aplicación a su favor de bienes que se pueda acreditar, son instrumento o producto de los delitos de secuestro, robo de vehículos, trata de personas, lenocinio, corrupción de menores, prostitución infantil o delitos contra la salud –narcomenudeo– una vez que sea competencia estatal.
La Secretaría Finanzas será la encargada de la administración y conservación de los bienes embargados; estos bienes se aplicarán para fines de inversión social, seguridad pública y lucha contra las adicciones.
3.- Modificaciones al Código de Procedimientos Civiles:
Cambios al artículo 953 bis, para que entre en vigor la Ley de Extinción de Dominio de Bienes.
4.- Crea el Código de Procedimientos Penales de Jalisco:
De las 15 iniciativas presentadas por el gobernador, ésta es la más nutrida. Incluye 383 artículos y es trascedente pues se exponen los lineamientos para aplicar los juicos orales. Ello, de acuerdo con el Poder Ejecutivo, “modernizaría el sistema de justicia en Jalisco”.
Otra de las novedades en este Código es que establece expresamente el principio de presunción de inocencia, lo que implicaría que el sistema de investigación no requeriría detener a los gobernados a fin de realizar pesquisas.
En el caso del arraigo, establece que sólo procederá en los casos delincuencia organizada, mientras que la prisión preventiva se limitará en delitos como delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos.
El aseguramiento de la escena del crimen y la recolección inmediata de los primeros indicios.
5.- Crea la Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad:
Ya no se impondrá prisión a las personas durante el periodo de investigación.
Se crea el Tribunal de Ejecución, que es un órgano colegiado que garantizará el respecto a los derechos de los indicados o en su defecto, procesados.
Se hace énfasis en la atención de la salud para la reinserción de los reclusos y se da un tratamiento individualizado de carácter progresivo y técnico de los reos.
Se crea la figura de libertad anticipada, con la finalidad de estimular en los sentenciados su participación en el tratamiento científico para alcanzar su reinserción social.
En caso de que el Tribunal de Ejecución acepte la libertad anticipada, deberá determinar las condiciones en que se encuentra cada sujeto y las causales para la revocación de este beneficio.
En su artículo 25, se establecen las penas restrictivas de la libertad y contempla que el Tribunal de Penas también puede dar beneficios al reo como: salida del centro penitenciario durante la semana con internamiento los fines de semana, salida los fines de semana con internamiento durante la semana o salida diurna con internamiento nocturna; aclara que esta modalidad tendrá fines laborales, educativos, de salud y deportivos que conduzcan a la reinserción social.
6.- Reforma a Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos:
En su exposición de motivos para reformar esta Ley, el gobernador explica que es necesario realizar cambios en esta norma en particular, para “lograr desmembrar a las instituciones públicas de personal no apto o que no cumple con las características requeridas para su cargo, por eso los elementos de la seguridad pública que no sean aptos en los proceso de evaluación deberán ser dados de baja”.
Por ello, se proponen cambios en el artículo 7 de esta Ley, para establecer como causal de responsabilidad la negativa sin causa justificada de presentar exámenes y evaluaciones de control de confianza y desempeño.
7.- Reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial:
En su exposición de motivos, dice el mandatario estatal: “La sociedad jalisciense percibe que la lentitud, inequidad, corrupción e impunidad son el denominado común cuando de seguridad pública se trata, lo que genera desconfianza en las instituciones”.
Crea un Centro Estatal de Control de Confianza para el Supremo Tribunal de Justicia, el Consejo de la Judicatura para realizar exámenes y evaluación a todos sus integrantes.
8 y 9.- Reformas a la Constitución Política del Estado de Jalisco:
Modifica el artículo 72, y establece que el Tribunal de Arbitraje y Escalafón ya no revisará las controversias relativas a las relaciones de trabajo de los servidores públicos del Poder Judicial, Instituto Electoral, agentes del Ministerio Público y elementos de seguridad pública. Son dos iniciativas distintas que proponen reformas constitucionales.
10.- Creación de la Ley de Control de Confianza de Jalisco:
Pretende crear la profesionalización de los miembros de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia. Crea el Centro Estatal de Control de Confianza.
Se realizarán exámenes patrimoniales, de entorno social, psicométrico, psicológico, toxicológico, polígrafo y demás que se consideren necesarios.
11.- Adición de un capítulo a la Ley Orgánica de la Procuraduría del Estado:
Este capítulo se denomina “de la aplicación de correctivos disciplinarios de la policía investigadora”. Apunta que deberán cumplir con una serie de disposiciones, como preservar el secreto de los asuntos que por razón del desempeño de sus funciones conozcan; abstenerse de auxiliarse por personas no autorizados por la Ley y abstenerse a abandonar sus funciones sin causa justificada. Si faltan a sus obligaciones, podrían hacerse acreedores a correctivos que irían del arresto, a retención en el servicio y privación de permisos de salida.
El arresto “es la internación del agente por no más de 36 horas en un lugar destinado”, se lee en el artículo 43.
12.- Reformas a la Ley Orgánica del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses:
Propone cambios para establecer la actividad de los encargados de la práctica y emisión de dictámenes periciales. Establece la manera de investigar, asegurar la escena del crimen y la manera de hacer la recolección inmediata de los primeros indicios.
13.- Crea la Ley de Sistema de Seguridad Pública:
Establece la carrera policial como obligatoria y permanente; crea un sistema complementario de seguridad social y reconocimientos que puede obtener los elementos de los cuerpos de seguridad pública como: el valor profesional, el servicio y perseverancia.
14.- Reformas a la Ley de Justicia Administrativa:
Los funcionarios del Ministerio Público o elementos policiacos no podrán ser reinstalados en sus puestos, aún si una autoridad administrativa lo determina así. En caso de que ello ocurra, el Estado estará obligado a pagar sólo una indemnización de hasta tres meses.
15.- Reformas al Código Penal:
Deroga artículos y adecua otros, para aplicar las otras reformas propuestas para evitar contraposición de las normas.