Empresarios piden cese del auditor
La Coparmex, Canaco y Consejo de Cámaras Industriales exigen al Congreso de Jalisco separar del cargo a Alonso Godoy Pelayo
temporal del auditor superior
GUADALAJARA, JALISCO (17/FEB/2011).- Ante las dudas generadas por sus conflictos de intereses en los negocios de su suegro, por el cobro adicional de 6.5 millones de pesos en 2009 y porque su perfil no es confiable al frente de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), Alonso Godoy Pelayo debe ser destituido del cargo, coinciden los sectores empresariales. La dimisión contribuiría a la transparencia y credibilidad del Poder Legislativo, afirman.
Pablo Lemus Navarro, presidente del Centro Empresarial de Jalisco (CEJ-Coparmex), resalta que independientemente de los cheques cobrados por Godoy Pelayo, el caso de su suegro (Alfredo Vargas Padilla) representa un conflicto de intereses, pues sin ser impresor se convirtió en proveedor de las formas valoradas del Congreso. “El auditor se tiene que ir desde el momento en que él audita esas compras”.
Es evidente que el funcionario, subraya, tiene buenos padrinos políticos. “Si bien existe el argumento legal de que él no ordenó las compras a su suegro ni solicitó sus bonos y demás prestaciones, un auditor no sólo tiene que ver con el lado legal, sino también con el lado ético. No entiendo cómo a su suegro, sin ser impresor, se le compraran cinco millones de pesos en formas valoradas”.
Para Miguel Alfaro Aranguren, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Guadalajara, Godoy Pelayo dejó de ser una persona confiable para el puesto que desempeña. “Debe dejar el cargo”.
Aunque “no conozco a detalle los incidentes que cuestionan a Godoy Pelayo ni se han corroborado, en cualquier institución, como una empresa, Estado o ciudad, quien más confianza debe generar es quien tiene la encomienda de asegurar la transparencia en el ejercicio de los recursos... en este caso, es el auditor superior”.
Manuel Herrera Vega, coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, aseveró que el Congreso no ha actuado con la transparencia necesaria para convencer a la ciudadanía de que los actos de Godoy Pelayo han sido legales.
También subrayó que no corresponde a su organismo determinar si han sido legales o no esos actos, “lo que sí nos toca es pedir que se transparente si hubo o no un ejercicio adecuado de los recursos públicos para tomar las medidas correspondientes y que la sociedad quede satisfecha”.
En la pasada comparecencia del auditor ante diputados (4 de febrero), éste afirmó que no cometió irregularidades en el cobro de 6.5 millones de pesos. Y descartó renunciar al cargo.