Jalisco
Empresa de outsourcing descarta represalias contra el Gobierno del Estado
El representante de Mafemar afirma que no emprenderán acciones legales por cancelación de contratos del Seguro Popular
GUADALAJARA, JALISCO (11/JUL/2013).- No habrá acciones en contra. La empresa de outsourcing Mafemar, contratada por el Gobierno del Estado, descartó que tenga en mente emprender acciones legales contra el Ejecutivo local, después de que éste diera carta abierta a los trabajadores del Seguro Popular para que cancelaran los contratos que ya habían firmado.
El contexto es el siguiente: el secretario de Salud, Jaime Agustín González, afirmó la semana pasada que los empleados del Seguro Popular tendrían que renovar contrato con la empresa Mafemar; de lo contrario, afirmó, no podrían permanecer con la institución. Esto provocó, según los mismos empleados inconformes, que 70% de los trabajadores se sometieran a esta condición.
El martes pasado cambió la posición del titular de Salud, ya que afirmó que los trabajadores podrían decidir si querían continuar trabajando por honorarios o por outsourcing. En ese momento agregó: los que ya habían firmado su contrato con la empresa Mafemar, podrían cancelarlo si así lo desean.
Mauricio Herrejón, representante legal de Mafemar, afirmó que no emprenderían acciones legales ante esta situación, ya que no buscan hacer "un negocio de 10 días" y prefieren que la permanencia de sus clientes sea por los servicios que ofrecen.
Además, dijo que el contrato que se tiene con el Ejecutivo estatal es flexible, de tal manera que éste puede cortar la relación cuando lo vea necesario.
Una de las quejas de los trabajadores, es que una de las cláusulas del contrato dice lo siguiente: "El prestador estará obligado a desempeñar sus servicios, en el lugar que 'MAFEMAR', le indique (sic)". Pese a lo anterior, Mauricio Herrejón negó que la empresa pueda tomar estas decisiones, ya que es el Seguro Popular el que define las funciones de los empleados. Esto también quiere decir que la compañía de outsourcing no puede provocar un cambio de residencia del trabajador, explicó el representante legal.
EL INFORMADOR/ROBERTO MEDINA
El contexto es el siguiente: el secretario de Salud, Jaime Agustín González, afirmó la semana pasada que los empleados del Seguro Popular tendrían que renovar contrato con la empresa Mafemar; de lo contrario, afirmó, no podrían permanecer con la institución. Esto provocó, según los mismos empleados inconformes, que 70% de los trabajadores se sometieran a esta condición.
El martes pasado cambió la posición del titular de Salud, ya que afirmó que los trabajadores podrían decidir si querían continuar trabajando por honorarios o por outsourcing. En ese momento agregó: los que ya habían firmado su contrato con la empresa Mafemar, podrían cancelarlo si así lo desean.
Mauricio Herrejón, representante legal de Mafemar, afirmó que no emprenderían acciones legales ante esta situación, ya que no buscan hacer "un negocio de 10 días" y prefieren que la permanencia de sus clientes sea por los servicios que ofrecen.
Además, dijo que el contrato que se tiene con el Ejecutivo estatal es flexible, de tal manera que éste puede cortar la relación cuando lo vea necesario.
Una de las quejas de los trabajadores, es que una de las cláusulas del contrato dice lo siguiente: "El prestador estará obligado a desempeñar sus servicios, en el lugar que 'MAFEMAR', le indique (sic)". Pese a lo anterior, Mauricio Herrejón negó que la empresa pueda tomar estas decisiones, ya que es el Seguro Popular el que define las funciones de los empleados. Esto también quiere decir que la compañía de outsourcing no puede provocar un cambio de residencia del trabajador, explicó el representante legal.
EL INFORMADOR/ROBERTO MEDINA