Jalisco
El gobernador veta tres decretos aprobados por el Congreso
Las observaciones llegaron al Legislativo el pasado 29 de noviembre
GUADALAJARA, JALISCO (08/DIC/2010).- El gobernador del Estado, Emilio González Márquez, vetó tres decretos que el Poder Legislativo aprobó recientemente; se trata de los que se refieren a la creación de la Ley del Instituto del Adulto Mayor, las reformas al artículo 71 del Código Penal y los cambios al artículo 159 de la Ley de los Servicios de Vialidad, Tránsito y Transporte.
Las observaciones llegaron al Poder Legislativo el pasado 29 de noviembre en Oficialía de Partes del Congreso y se dieron cuenta ayer en la sesión del pleno.
En el caso del Instituto del Adulto Mayor, la observación del Ejecutivo se refiere a que el Congreso del Estado no llevó a cabo un análisis respecto al impacto presupuestario y social de la reforma; además, carece de enfoque de perspectiva familiar y comunitaria como una estrategia en el abordaje de la problemática del adulto mayor. La ley que se pretende expedir contiene duplicidad de funciones y de responsabilidades entre dependencias e instituciones.
En la propuesta legislativa se establece un procedimiento especial para el nombramiento del presidente del instituto, mismo que ningún organismo público descentralizado tiene para la elección de su titular, ya que debe ser nombrado y removido por el gobernador.
En lo que se refiere a la reforma del artículo 71 del Código Penal, el Poder Ejecutivo señala que los diputados no dieron derecho de audiencia a algún representante del Gobierno estatal para la discusión de las modificaciones.
En el fondo de las reformas, el Gobierno señala que se podrá otorgar libertad condicional a los sentenciados a pena privativa de la libertad hasta por cuatro años. Con la reforma se pretende incrementar a cinco años, con lo que se beneficiarían a sentenciados por delitos de alto impacto como lenocinio, robo calificado, lesiones graves, abigeato, robo de infantes, entre otros, y se podría dejar en libertad a más de 400 sentenciados si entrara en vigor esta ley.
En cuanto a la reforma del artículo 159 de la Ley de los Servicios de Vialidad, Tránsito y Transporte, las observaciones se refieren a la falta de notificación a personal del Poder Ejecutivo para integrarse a la discusión del dictamen.
Actualmente el artículo señala que no se podrá recoger documentación a operadores y conductores, con excepción de los que conduzcan vehículos de transporte público o de carga. Este régimen especial se sustenta en la prestación del servicio y en la capacidad especializada en la conducción de vehículos de transporte público, a diferencia de los conductores en general; además de que se requiere mayor control por parte de la Secretaría de Vialidad debido a que este tipo de transporte genera accidentes de alto impacto.
La reforma pretende eliminar la posibilidad de recoger documentos a operadores y conductores de transporte público, fundamentándose en la resolución aislada de un amparo presentado por un grupo de transportistas y resuelto a favor de tres de ellos. Sin embargo, en caso de entrar en vigor, se aplicaría para todos los operadores y conductores del transporte público aún y cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que un amparo no obliga a modificar una ley.
A estos vetos se suma el de las reformas a la Ley de Presupuesto dadas a conocer recientemente por diputados del PRI.
Proponen cambios a estructura orgánica
Modifican normatividad de Justicia Alternativa
Por unanimidad, el Congreso del Estado aprobó reformas a la Ley de Justicia Alternativa. Entre las modificaciones están que una vez sancionado y registrado el convenio en el Instituto de Justicia Alternativa, se pueda exigir su cumplimiento forzoso ante un juez de primera instancia.
También se estableció que en materia penal no procederá el trámite del método alternativo respecto a las conductas que son graves, aún cuando sean cometidas en grado de tentativa.
La justicia alternativa resolverá conflictos en materia civil, familiar y penal. En materia civil, una vez validado el convenio por el instituto, éste va a ser homologado a la categoría de sentencia ejecutoriada.
En materia penal, la diferencia es que sólo son susceptibles de resolver a través de un método alterno las conductas que el código establece como no graves, como las lesiones simples o injurias.
La Secretaría General de Gobierno, la Procuraduría de Justicia, la Procuraduría Social y demás autoridades que por disposición legal tengan atribuciones para ello, podrán desempeñar las funciones de mediación o conciliación, sin requerir la certificación y las acreditaciones a que se refiere la Ley de Justicia Alternativa.
También se modificará la integración del instituto, ahora estará conformado por el director, que será quien lo presida; dos representantes del Poder Ejecutivo, que serán designados por el gobernador, preferentemente de la Procuraduría General de Justicia del Estado o de la Procuraduría Social; dos representantes del Poder Judicial, uno de ellos elegido por el presidente del Supremo Tribunal de Justicia o a quien designe, así como un juez de primera instancia designado por el Consejo de la Judicatura; también habría dos representantes del Poder Legislativo que serán los presidentes de las comisiones de Justicia y de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos o quienes designen.
Reformas en materia de contabilidad
Coordinador del PRI propone su “ley Marrufo”
El coordinador de los diputados del PRI, Roberto Marrufo Torres, decidió fijar su postura ayer, 24 horas después de que se dieran a conocer oficialmente las observaciones de presuntas irregularidades financieras cometidas por diputados de la pasada Legislatura. Los documentos presentados el lunes a los medios de comunicación incluyen cuatro partes con observaciones a los ejercicios 2007, 2008, 2009 y enero de 2010.
Para ello, el tricolor expuso que propondrá reformas a la Ley de Contabilidad del Gasto de Jalisco: “Propondré la creación de una ley, que probablemente llamen ‘ley Marrufo’, no me importaría enfrentar intereses mezquinos que se opongan al interés de Jalisco y si en el camino alguien opta por la comodidad, la vanidad o la avaricia, que sepa que estoy aquí”.
Y continuó: “Presenté una iniciativa a nombre de la fracción (del PRI), para reformar la Ley de Contabilidad gubernamental, donde se ven algunos aspectos como dar mayor transparencia a la gestión de Gobierno en sus tres funciones, y organismos autónomos, socializar la rendición de cuentas, homologar los registros públicos contables”.
Reconoció que de no modificar la manera de asignar recursos en el Congreso, se podría caer en riesgo de cometer los mismos “errores” de la pasada Legislatura.
Reiteró la intención de que el auditor superior coteje los datos obtenidos de la auditoría privada con la revisión de la cuenta pública 2009 y 2010, y entregue un informe a los diputados a la par que estableció un compromiso que denominó: “100% transparencia, cero corrupción y cero tolerancia”.
Admitió que con las observaciones de los años 2007 y 2008, “poco o nada se puede hacer” para fincar responsabilidades a quienes habrían cometido irregularidades.
Las observaciones llegaron al Poder Legislativo el pasado 29 de noviembre en Oficialía de Partes del Congreso y se dieron cuenta ayer en la sesión del pleno.
En el caso del Instituto del Adulto Mayor, la observación del Ejecutivo se refiere a que el Congreso del Estado no llevó a cabo un análisis respecto al impacto presupuestario y social de la reforma; además, carece de enfoque de perspectiva familiar y comunitaria como una estrategia en el abordaje de la problemática del adulto mayor. La ley que se pretende expedir contiene duplicidad de funciones y de responsabilidades entre dependencias e instituciones.
En la propuesta legislativa se establece un procedimiento especial para el nombramiento del presidente del instituto, mismo que ningún organismo público descentralizado tiene para la elección de su titular, ya que debe ser nombrado y removido por el gobernador.
En lo que se refiere a la reforma del artículo 71 del Código Penal, el Poder Ejecutivo señala que los diputados no dieron derecho de audiencia a algún representante del Gobierno estatal para la discusión de las modificaciones.
En el fondo de las reformas, el Gobierno señala que se podrá otorgar libertad condicional a los sentenciados a pena privativa de la libertad hasta por cuatro años. Con la reforma se pretende incrementar a cinco años, con lo que se beneficiarían a sentenciados por delitos de alto impacto como lenocinio, robo calificado, lesiones graves, abigeato, robo de infantes, entre otros, y se podría dejar en libertad a más de 400 sentenciados si entrara en vigor esta ley.
En cuanto a la reforma del artículo 159 de la Ley de los Servicios de Vialidad, Tránsito y Transporte, las observaciones se refieren a la falta de notificación a personal del Poder Ejecutivo para integrarse a la discusión del dictamen.
Actualmente el artículo señala que no se podrá recoger documentación a operadores y conductores, con excepción de los que conduzcan vehículos de transporte público o de carga. Este régimen especial se sustenta en la prestación del servicio y en la capacidad especializada en la conducción de vehículos de transporte público, a diferencia de los conductores en general; además de que se requiere mayor control por parte de la Secretaría de Vialidad debido a que este tipo de transporte genera accidentes de alto impacto.
La reforma pretende eliminar la posibilidad de recoger documentos a operadores y conductores de transporte público, fundamentándose en la resolución aislada de un amparo presentado por un grupo de transportistas y resuelto a favor de tres de ellos. Sin embargo, en caso de entrar en vigor, se aplicaría para todos los operadores y conductores del transporte público aún y cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que un amparo no obliga a modificar una ley.
A estos vetos se suma el de las reformas a la Ley de Presupuesto dadas a conocer recientemente por diputados del PRI.
Proponen cambios a estructura orgánica
Modifican normatividad de Justicia Alternativa
Por unanimidad, el Congreso del Estado aprobó reformas a la Ley de Justicia Alternativa. Entre las modificaciones están que una vez sancionado y registrado el convenio en el Instituto de Justicia Alternativa, se pueda exigir su cumplimiento forzoso ante un juez de primera instancia.
También se estableció que en materia penal no procederá el trámite del método alternativo respecto a las conductas que son graves, aún cuando sean cometidas en grado de tentativa.
La justicia alternativa resolverá conflictos en materia civil, familiar y penal. En materia civil, una vez validado el convenio por el instituto, éste va a ser homologado a la categoría de sentencia ejecutoriada.
En materia penal, la diferencia es que sólo son susceptibles de resolver a través de un método alterno las conductas que el código establece como no graves, como las lesiones simples o injurias.
La Secretaría General de Gobierno, la Procuraduría de Justicia, la Procuraduría Social y demás autoridades que por disposición legal tengan atribuciones para ello, podrán desempeñar las funciones de mediación o conciliación, sin requerir la certificación y las acreditaciones a que se refiere la Ley de Justicia Alternativa.
También se modificará la integración del instituto, ahora estará conformado por el director, que será quien lo presida; dos representantes del Poder Ejecutivo, que serán designados por el gobernador, preferentemente de la Procuraduría General de Justicia del Estado o de la Procuraduría Social; dos representantes del Poder Judicial, uno de ellos elegido por el presidente del Supremo Tribunal de Justicia o a quien designe, así como un juez de primera instancia designado por el Consejo de la Judicatura; también habría dos representantes del Poder Legislativo que serán los presidentes de las comisiones de Justicia y de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos o quienes designen.
Reformas en materia de contabilidad
Coordinador del PRI propone su “ley Marrufo”
El coordinador de los diputados del PRI, Roberto Marrufo Torres, decidió fijar su postura ayer, 24 horas después de que se dieran a conocer oficialmente las observaciones de presuntas irregularidades financieras cometidas por diputados de la pasada Legislatura. Los documentos presentados el lunes a los medios de comunicación incluyen cuatro partes con observaciones a los ejercicios 2007, 2008, 2009 y enero de 2010.
Para ello, el tricolor expuso que propondrá reformas a la Ley de Contabilidad del Gasto de Jalisco: “Propondré la creación de una ley, que probablemente llamen ‘ley Marrufo’, no me importaría enfrentar intereses mezquinos que se opongan al interés de Jalisco y si en el camino alguien opta por la comodidad, la vanidad o la avaricia, que sepa que estoy aquí”.
Y continuó: “Presenté una iniciativa a nombre de la fracción (del PRI), para reformar la Ley de Contabilidad gubernamental, donde se ven algunos aspectos como dar mayor transparencia a la gestión de Gobierno en sus tres funciones, y organismos autónomos, socializar la rendición de cuentas, homologar los registros públicos contables”.
Reconoció que de no modificar la manera de asignar recursos en el Congreso, se podría caer en riesgo de cometer los mismos “errores” de la pasada Legislatura.
Reiteró la intención de que el auditor superior coteje los datos obtenidos de la auditoría privada con la revisión de la cuenta pública 2009 y 2010, y entregue un informe a los diputados a la par que estableció un compromiso que denominó: “100% transparencia, cero corrupción y cero tolerancia”.
Admitió que con las observaciones de los años 2007 y 2008, “poco o nada se puede hacer” para fincar responsabilidades a quienes habrían cometido irregularidades.