Jalisco
El caso del auditor será regresado a Comisión de Vigilancia
Carlos Briseño advierte que Secretaría General tiene hasta el viernes para aportar información
GUADALAJARA, JALISCO (25/JUL/2011).- El presidente de la Comisión de Responsabilidades, Carlos Alberto Briseño Becerra, dio a conocer la lista de los documentos solicitados por esa comisión legislativa al secretario general del
Congreso, Manuel Correa Ceseña, para determinar si existieron irregularidades en los pagos por 9.8 millones de pesos que de manera extraordinaria a su salario recibió el auditor superior en la entidad, Alonso Godoy Pelayo.
Entre la documentación solicitada están los acuerdos internos de las Comisiones de Administración de las 57 y 58 legislaturas, a través de los cuales se autorizaron pagos extraordinarios, así como los acuerdos de la Junta de Coordinación Política de las mismas legislaturas.
También pidió los acuerdos de las pasadas dos Legislaturas en los que se autorizaron pagos extraordinarios a funcionarios del Congreso del Estado y de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco; la totalidad de las pólizas de cheques de los apoyos extraordinarios realizados a funcionarios del Congreso y de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, y toda la documentación e información con la que cuente la Secretaría relacionada con ese tema.
La mayoría de esta información ya fue requerida semanas atrás a la Dirección Jurídica del Congreso a cargo de Antonio Rocha Santos, cuando el presidente de la Comisión de Vigilancia, Salvador Barajas del Toro, pretendía tener elementos para determinar si el pago fue ilegal y se informó que la mayoría de esos documentos no existían. Cuestionado al respecto, Carlos Briseño pidió no adelantar la resolución en torno a la petición de esta información.
El legislador Briseño Becerra dijo que la instrucción del pleno del Congreso -un acuerdo legislativo- es clara, se pide investigar, analizar y emitir un punto de vista, pero aclaró que en ningún momento se pide que se inicie un proceso de juicio político contra el auditor, Alonso Godoy Pelayo, y advirtió que tampoco un procedimiento de responsabilidad penal.
“Es un acuerdo que tiene que ser dictaminado por la Comisión de Responsabilidades por instrucción del Pleno, a fin de que se conozcan los pormenores del caso del Auditor Superior, Alonso Godoy Pelayo”, señaló.
Recordó el diputado Briseño que a partir de ayer (lunes) corren los cinco días hábiles para que la Secretaría General entregue la documentación solicitada.
“Una vez que sean analizados los documentos que fueron solicitados, se procederá a realizar un análisis con el objeto de elaborar el dictamen que luego pasaría al Pleno”, y en su caso, una vez más a la Comisión de Vigilancia.
El legislador tricolor negó que estas acciones de solicitar información y pasar el tema de una comisión a otra sean acciones dilatorias para no tomar una resolución en torno al futuro del auditor.
EL INFORMADOR/ ZAIRA RAMÍREZ
Entre la documentación solicitada están los acuerdos internos de las Comisiones de Administración de las 57 y 58 legislaturas, a través de los cuales se autorizaron pagos extraordinarios, así como los acuerdos de la Junta de Coordinación Política de las mismas legislaturas.
También pidió los acuerdos de las pasadas dos Legislaturas en los que se autorizaron pagos extraordinarios a funcionarios del Congreso del Estado y de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco; la totalidad de las pólizas de cheques de los apoyos extraordinarios realizados a funcionarios del Congreso y de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, y toda la documentación e información con la que cuente la Secretaría relacionada con ese tema.
La mayoría de esta información ya fue requerida semanas atrás a la Dirección Jurídica del Congreso a cargo de Antonio Rocha Santos, cuando el presidente de la Comisión de Vigilancia, Salvador Barajas del Toro, pretendía tener elementos para determinar si el pago fue ilegal y se informó que la mayoría de esos documentos no existían. Cuestionado al respecto, Carlos Briseño pidió no adelantar la resolución en torno a la petición de esta información.
El legislador Briseño Becerra dijo que la instrucción del pleno del Congreso -un acuerdo legislativo- es clara, se pide investigar, analizar y emitir un punto de vista, pero aclaró que en ningún momento se pide que se inicie un proceso de juicio político contra el auditor, Alonso Godoy Pelayo, y advirtió que tampoco un procedimiento de responsabilidad penal.
“Es un acuerdo que tiene que ser dictaminado por la Comisión de Responsabilidades por instrucción del Pleno, a fin de que se conozcan los pormenores del caso del Auditor Superior, Alonso Godoy Pelayo”, señaló.
Recordó el diputado Briseño que a partir de ayer (lunes) corren los cinco días hábiles para que la Secretaría General entregue la documentación solicitada.
“Una vez que sean analizados los documentos que fueron solicitados, se procederá a realizar un análisis con el objeto de elaborar el dictamen que luego pasaría al Pleno”, y en su caso, una vez más a la Comisión de Vigilancia.
El legislador tricolor negó que estas acciones de solicitar información y pasar el tema de una comisión a otra sean acciones dilatorias para no tomar una resolución en torno al futuro del auditor.
EL INFORMADOR/ ZAIRA RAMÍREZ