Jalisco
Ejecutivo defiende aplicación de créditos
La Secretaría de Finanzas dijo que se informó puntualmente a los legisladores de dichos cambios mediante el documento ''mejorar las condiciones financieras de la entidad''
GUADALAJARA, JALISCO (30/MAY/2012).- Ante los señalamientos de diputados del PRI, PRD y Partido Verde que acusan un manejo irresponsable en la aplicación de los recursos de créditos aprobados por el Congreso del Estado al Poder Ejecutivo, la Secretaría de Finanzas defiende las finanzas sanas del Gobierno del Estado.
El pleno del Congreso del Estado avaló hoy instruir al director jurídico que presente una denuncia penal de hechos en contra de quien resulte responsable en el Poder Ejecutivo por modificar, sin la autorización del Legislativo, los convenios del crédito que por cinco mil 500 millones de pesos se le había aprobado para la ejecución de obras de infraestructura.
En un comunicado, la Secretaría de Finanzas resalta que la reestructuración de la deuda se hizo tal y como se informó al Congreso del Estado, el mes pasado. Advirtió que se informó puntualmente a los legisladores de dichos cambios en la reestructuración de la deuda, en parte, señala el documento, para "mejorar las condiciones financieras de la entidad".
"De acuerdo con el artículo 12 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Jalisco y sus municipios, y los artículos 22 y 31 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, la celebración y conversión de contratos de financiamiento son competencia del titular del Ejecutivo, ya que corresponden al ámbito de la administración financiera", justifica el documento oficial.
Añade que para el caso de reestructuraciones y/o modificaciones a los financiamientos ya aprobados por el Congreso no se requiere de una nueva autorización, siempre y cuando se conserven intactos el monto, plazo y destino de los mismos.
"En las reestructuras que se han realizado, se conservan los plazos y destinos originalmente contratados, obteniendo mejoras sustanciales en las condiciones crediticias, y no se han incrementado los montos originales autorizados de la deuda. Los beneficios de las reestructuras se obtienen tanto para la actual como para futuras administraciones, puesto que mejora sustancialmente la situación de las finanzas del estado", se lee en el texto.
La dependencia estatal argumenta que la aplicación de la deuda en la entidad ha tenido como principal fin impulsar la inversión en infraestructura.
"La actual administración ha invertido alrededor de 50 mil millones de pesos en este rubro desde 2007; inversión sin precedentes en Jalisco, y sólo la quinta parte se financió con empréstitos autorizados por el Congreso del Estado, es decir, 10 mil 673 millones de pesos (mdp) en la presente administración".
Y advierte que, contrario a lo expuesto por los legisladores tricolores, el plazo para el pago de la deuda pública, hasta por 25 años, fue autorizado por el propio Congreso del Estado.
A manera de contexto, la dependencia estatal expone que a partir del año de 1995 Jalisco recibió una deuda cuyo servicio representaba 16.9% del total del presupuesto de ese año. En ese entonces iniciaron los esfuerzos por reestructurar los financiamientos asumidos por los gobiernos anteriores.
"De los 11 mil 892 millones de pesos que se han pagado por concepto de capital e intereses desde 1995 a la fecha, más de la mitad, es decir, cinco mil 953 millones corresponden al servicio de la deuda contratada antes de ese año".
Añade que entre los créditos que fueron asumidos y reestructurados provenientes de administraciones anteriores, están proyectos de semaforización y la Línea 2 del Tren Ligero.
El comunicado concluye señalando que la administración estatal, encabezada por el gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, es responsable con el manejo adecuado de las finanzas públicas.
"Al día de hoy el servicio de la deuda sólo representa 2.4% del presupuesto anual del Gobierno del Estado. Esto contrasta favorablemente con la mayoría de las entidades federativas del país y desmiente la afirmación de que la presente administración compromete en demasía o presiona a futuras administraciones. En cumplimiento de la Ley, se informó al Congreso del Estado de los movimientos de reestructura y modificación de financiamientos hechos por el Ejecutivo para evitar casos como los ocurridos en otros Gobiernos estatales como los de Coahuila, Michoacán o Veracruz", concluye el texto oficial.
EL INFORMADOR / ZAIRA RAMÍREZ
El pleno del Congreso del Estado avaló hoy instruir al director jurídico que presente una denuncia penal de hechos en contra de quien resulte responsable en el Poder Ejecutivo por modificar, sin la autorización del Legislativo, los convenios del crédito que por cinco mil 500 millones de pesos se le había aprobado para la ejecución de obras de infraestructura.
En un comunicado, la Secretaría de Finanzas resalta que la reestructuración de la deuda se hizo tal y como se informó al Congreso del Estado, el mes pasado. Advirtió que se informó puntualmente a los legisladores de dichos cambios en la reestructuración de la deuda, en parte, señala el documento, para "mejorar las condiciones financieras de la entidad".
"De acuerdo con el artículo 12 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Jalisco y sus municipios, y los artículos 22 y 31 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, la celebración y conversión de contratos de financiamiento son competencia del titular del Ejecutivo, ya que corresponden al ámbito de la administración financiera", justifica el documento oficial.
Añade que para el caso de reestructuraciones y/o modificaciones a los financiamientos ya aprobados por el Congreso no se requiere de una nueva autorización, siempre y cuando se conserven intactos el monto, plazo y destino de los mismos.
"En las reestructuras que se han realizado, se conservan los plazos y destinos originalmente contratados, obteniendo mejoras sustanciales en las condiciones crediticias, y no se han incrementado los montos originales autorizados de la deuda. Los beneficios de las reestructuras se obtienen tanto para la actual como para futuras administraciones, puesto que mejora sustancialmente la situación de las finanzas del estado", se lee en el texto.
La dependencia estatal argumenta que la aplicación de la deuda en la entidad ha tenido como principal fin impulsar la inversión en infraestructura.
"La actual administración ha invertido alrededor de 50 mil millones de pesos en este rubro desde 2007; inversión sin precedentes en Jalisco, y sólo la quinta parte se financió con empréstitos autorizados por el Congreso del Estado, es decir, 10 mil 673 millones de pesos (mdp) en la presente administración".
Y advierte que, contrario a lo expuesto por los legisladores tricolores, el plazo para el pago de la deuda pública, hasta por 25 años, fue autorizado por el propio Congreso del Estado.
A manera de contexto, la dependencia estatal expone que a partir del año de 1995 Jalisco recibió una deuda cuyo servicio representaba 16.9% del total del presupuesto de ese año. En ese entonces iniciaron los esfuerzos por reestructurar los financiamientos asumidos por los gobiernos anteriores.
"De los 11 mil 892 millones de pesos que se han pagado por concepto de capital e intereses desde 1995 a la fecha, más de la mitad, es decir, cinco mil 953 millones corresponden al servicio de la deuda contratada antes de ese año".
Añade que entre los créditos que fueron asumidos y reestructurados provenientes de administraciones anteriores, están proyectos de semaforización y la Línea 2 del Tren Ligero.
El comunicado concluye señalando que la administración estatal, encabezada por el gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, es responsable con el manejo adecuado de las finanzas públicas.
"Al día de hoy el servicio de la deuda sólo representa 2.4% del presupuesto anual del Gobierno del Estado. Esto contrasta favorablemente con la mayoría de las entidades federativas del país y desmiente la afirmación de que la presente administración compromete en demasía o presiona a futuras administraciones. En cumplimiento de la Ley, se informó al Congreso del Estado de los movimientos de reestructura y modificación de financiamientos hechos por el Ejecutivo para evitar casos como los ocurridos en otros Gobiernos estatales como los de Coahuila, Michoacán o Veracruz", concluye el texto oficial.
EL INFORMADOR / ZAIRA RAMÍREZ