Jalisco
Derechos Humanos ‘ventila’ omisiones del Consejo Estatal de la Familia
Nuevamente, Derechos Humanos alza la voz en contra del mal proceder del Consejo Estatal de la Familia por caso de un menor que fue asegurado en 2006
GUADALAJARA, JALISCO (07/MAR/2013).- De nueva cuenta, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) alza la voz en contra del mal proceder del Consejo Estatal de la Familia, instancia que, de acuerdo con una investigación interna de la Comisión, impidió al padre de un menor que fue asegurado en 2006 --por la entonces Procuraduría de Justicia-- que se reuniera con él. Incluso, asegura, dilató cuatro años la fecha de trámite para la demanda del quejoso.
De esta forma, el Consejo Estatal de la Familia alcanzó 13 recomendaciones ya desde que Felipe de Jesús Álvarez Cibrián preside la delegación local de Derechos Humanos. "Pero llama la atención que en seis de ellas (10, 13 y 24 de 2011; 18 y 30 de 2012, y 7 de 2013) es abandono institucional. Esto nos indica que si bien hemos conocido de algunas quejas, puede ser que no conozcamos de todas".
El ombudsman jalisciense ventiló esta mañana la sexta y séptima recomendación del año, en contra de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara y el Sistema DIF Jalisco; específicamente al pleno del referido Consejo.
En ambos casos se incurrió en una violación, primero al derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica de un hombre que fue arrestado en un operativo orquestado por la Policía Municipal sin orden de cateo alguna, y después en faltas a los derechos a la legalidad, a la libertad personal, a la privacidad y al trabajo.
El afectado por el consejo estatal asegura que se enteró de su paternidad cuando corría el año 2007, y aunque trató de asegurar su cercanía con el niño, ésta le fue impedida. "Le informaron que todo lo relacionado con el niño tendría qué verlo en un juicio familiar que tramitarían en su contra por la pérdida de la patria potestad (...) Acudió tanto a la casa hogar como al Consejo Estatal, pero le impedían visitarlo y le negaban información".
De acuerdo con Derechos Humanos, el quejoso presentó su demanda en 2008, pero fue hasta 2012 cuando se le notificó que había sido tramitada, por lo que se le indicó que había "abandonado" al infante, lo que "consideró una irresponsabilidad de los servidores públicos, ya que deliberadamente y con dolo dejaron pasar el tiempo para proceder en su contra".
Álvarez Cibrián destaca que ya la instancia ha aceptado todas las recomendaciones, y algunas de ellas se han cumplido con destituciones e inhabilitaciones de funcionarios de primer nivel. No obstante, el señalamiento --al menos en este caso-- sigue pesando contra la ex titular, Claudia Corona Marseille.
"Tenemos gravísimos pendientes que no hemos podido resolver y uno de ellos es que ni siquiera existe un reglamento interno para el actuar de este consejo; es algo que desde la primera recomendación ha sido permanentemente criticado por esta Comisión".
Agrega que ya se ha pedido el ejercicio de la acción penal en contra de Corona Marseille, pero que estos serán asuntos que tanto la Fiscalía General, como la Fiscalía General, a cargo de Luis Carlos Nájera y Rafael Castellanos, respectivamente, habrán de resolver en su momento.
Aunque los llamados de atención oficialmente se hacen al alcalde tapatío, Ramiro Hernández, y al Sistema DIF Jalisco, Derechos Humanos solicitó la intervención de la súper secretaría de seguridad pública y procuración de justicia, para que un Ministerio Público investigue oficialmente los casos, y resuelva conforme a Derecho.
EL INFORMADOR / ISAACK DE LOZA
De esta forma, el Consejo Estatal de la Familia alcanzó 13 recomendaciones ya desde que Felipe de Jesús Álvarez Cibrián preside la delegación local de Derechos Humanos. "Pero llama la atención que en seis de ellas (10, 13 y 24 de 2011; 18 y 30 de 2012, y 7 de 2013) es abandono institucional. Esto nos indica que si bien hemos conocido de algunas quejas, puede ser que no conozcamos de todas".
El ombudsman jalisciense ventiló esta mañana la sexta y séptima recomendación del año, en contra de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara y el Sistema DIF Jalisco; específicamente al pleno del referido Consejo.
En ambos casos se incurrió en una violación, primero al derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica de un hombre que fue arrestado en un operativo orquestado por la Policía Municipal sin orden de cateo alguna, y después en faltas a los derechos a la legalidad, a la libertad personal, a la privacidad y al trabajo.
El afectado por el consejo estatal asegura que se enteró de su paternidad cuando corría el año 2007, y aunque trató de asegurar su cercanía con el niño, ésta le fue impedida. "Le informaron que todo lo relacionado con el niño tendría qué verlo en un juicio familiar que tramitarían en su contra por la pérdida de la patria potestad (...) Acudió tanto a la casa hogar como al Consejo Estatal, pero le impedían visitarlo y le negaban información".
De acuerdo con Derechos Humanos, el quejoso presentó su demanda en 2008, pero fue hasta 2012 cuando se le notificó que había sido tramitada, por lo que se le indicó que había "abandonado" al infante, lo que "consideró una irresponsabilidad de los servidores públicos, ya que deliberadamente y con dolo dejaron pasar el tiempo para proceder en su contra".
Álvarez Cibrián destaca que ya la instancia ha aceptado todas las recomendaciones, y algunas de ellas se han cumplido con destituciones e inhabilitaciones de funcionarios de primer nivel. No obstante, el señalamiento --al menos en este caso-- sigue pesando contra la ex titular, Claudia Corona Marseille.
"Tenemos gravísimos pendientes que no hemos podido resolver y uno de ellos es que ni siquiera existe un reglamento interno para el actuar de este consejo; es algo que desde la primera recomendación ha sido permanentemente criticado por esta Comisión".
Agrega que ya se ha pedido el ejercicio de la acción penal en contra de Corona Marseille, pero que estos serán asuntos que tanto la Fiscalía General, como la Fiscalía General, a cargo de Luis Carlos Nájera y Rafael Castellanos, respectivamente, habrán de resolver en su momento.
Aunque los llamados de atención oficialmente se hacen al alcalde tapatío, Ramiro Hernández, y al Sistema DIF Jalisco, Derechos Humanos solicitó la intervención de la súper secretaría de seguridad pública y procuración de justicia, para que un Ministerio Público investigue oficialmente los casos, y resuelva conforme a Derecho.
EL INFORMADOR / ISAACK DE LOZA