Jalisco
Demandan a autoridades por no clausurar basurero de El Magisterio
Se podría multar al Ayuntamiento por 200 millones de dólares por no cumplir el contrato que existe con la empresa Envir Eau
PUERTO VALLARTA, JALISCO.- El alcalde de Puerto Vallarta, Javier Bravo, y la
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) del Estado de Jalisco, Martha Ruth del Toro, fueron demandados ante la
Procuraduría General de la República porque no se ha clausurado el basurero municipal El Magisterio y no han respetado el contrato que existe con la empresa Envir Eau firmado durante la administración del ex alcalde Gustavo González, para que ésta maneje los residuos sanitarios.
Ramón Ojeda, presidente de la Academia de Derecho Ambiental y consultor de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), comenta que, por no cumplir el contrato, la Comisión de Cooperación Ambiental del Tratado de Libre Comercio de América del Norte podría multar al Ayuntamiento por 200 millones de dólares, como ya sucedió con Guadalcázar, en San Luis Potosí, municipio que pagó 16 millones de dólares y “es un golpe muy fuerte para una población, además del desprestigio”.
“Cuando Bravo entró como presidente municipal se le ocurrió cambiar de proyecto y decidió hacer un relleno en otro terreno. Ahorita están en una tercera propuesta, llena de irregularidades (se rumora que es un predio de los familiares); pero es lo de menos, lo importante es el criterio y si ya existía una concesión que cumple con normas jurídicas, como lo han reiterado siete jueces, es para que ya entienda el Ayuntamiento. Es una cosa juzgada”, señala Ojeda Mastre.
El vertedero El Magisterio continúa trabajando y “en esta semana ya se venció el plazo para cerrar”, a pesar de que está cercano a zonas habitacionales. Añade que uno de los objetivos primordiales de la demanda es que no se sigan depositando residuos peligrosos y que se continúe con el proyecto de Santa Cruz Quelitlán, con la empresa Envir Eau.
Martha Ruth del Toro y Javier Bravo Carvajal fueron demandados por delitos contra el ambiente y la gestión ambiental, contemplados en los artículos 418 al 424 del Código Penal Federal.
Ramón Ojeda, presidente de la Academia de Derecho Ambiental y consultor de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), comenta que, por no cumplir el contrato, la Comisión de Cooperación Ambiental del Tratado de Libre Comercio de América del Norte podría multar al Ayuntamiento por 200 millones de dólares, como ya sucedió con Guadalcázar, en San Luis Potosí, municipio que pagó 16 millones de dólares y “es un golpe muy fuerte para una población, además del desprestigio”.
“Cuando Bravo entró como presidente municipal se le ocurrió cambiar de proyecto y decidió hacer un relleno en otro terreno. Ahorita están en una tercera propuesta, llena de irregularidades (se rumora que es un predio de los familiares); pero es lo de menos, lo importante es el criterio y si ya existía una concesión que cumple con normas jurídicas, como lo han reiterado siete jueces, es para que ya entienda el Ayuntamiento. Es una cosa juzgada”, señala Ojeda Mastre.
El vertedero El Magisterio continúa trabajando y “en esta semana ya se venció el plazo para cerrar”, a pesar de que está cercano a zonas habitacionales. Añade que uno de los objetivos primordiales de la demanda es que no se sigan depositando residuos peligrosos y que se continúe con el proyecto de Santa Cruz Quelitlán, con la empresa Envir Eau.
Martha Ruth del Toro y Javier Bravo Carvajal fueron demandados por delitos contra el ambiente y la gestión ambiental, contemplados en los artículos 418 al 424 del Código Penal Federal.