Jalisco
Dan a conocer nuevas pruebas sobre caso López Castro
El diputado Víctor Sánchez ofrece documentación de la averiguación previa, donde se afirma que las firmas y los convenios fueron falsificados
GUADALAJARA, JALISCO (11/NOV/2014).- El caso de la Consultora López Castro en el
Congreso del Estado todavía no tiene fecha para concluir. Al contrario, este martes el diputado Víctor Sánchez Orozco, presentó documentación sobre la averiguación previa que se sigue después de una denuncia penal presentada en 2012. En las declaraciones ministeriales se puede comprobar que hay firmas falsificadas en el convenio, además de la creación de prestanombres que ni siquiera existen.
Ante esto, el diputado albiceleste llama al Poder Ejecutivo a que no inyecte recursos a la partida para resoluciones judiciales. Al contrario, le pide al Secretario General de Gobierno, Roberto López Lara, a que instruya a la Fiscalía para que se dé celeridad a la averiguación y que se pueda resolver el tema penal antes que el fiscal.
Todo esto surge porque hasta el día de ayer, el Poder Legislativo seguía sin pagar 58 millones de pesos a la consultora, como producto de una resolución judicial que se emitió desde tribunales federales. Una de las alternativas que han planteado algunos diputados es que se pague el adeudo en especie, con el edificio que se ubica en las confluencias de la Avenida Juárez y la calle Ramón Corona. Ese espacio es destinado, actualmente, para las áreas operativas y administrativas del poder legislativo.
En caso de que el Gobierno del Estado haga oídos sordos a la petición del legislador, Sánchez Orozco ha solicitado a las instancias judiciales que "aseguren" el monto de los 58 millones de pesos, para que no se entregue el dinero hasta que se dicte una resolución de los tribunales estatales en materia penal.
Las pruebas
La denuncia 206/2012-V ha llevado a declarar a Patricia Retamoza, ex diputada de la anterior legislatura, que el contrato firmado entre el apoderado del despacho y los legisladores, fue falsificado. El 27 de junio de 2014, la priista declaró ante el Ministerio Público que "en ningún momento tuve participación en el Convenio del Congreso con la Consultoría... y en lo que respecta a la firma, la desconozco por completo, ya que esa no es mi firma ni yo la estampé, ignorando quién y por qué motivos lo hayan hecho. Quiero hacer de la observación que yo firmo con mi nombre".
En otra prueba, quien firma como apoderado del despacho, Sergio Juárez Rivera, afirma que tampoco es su firma la que se estampó en el contrato. La declaración fue hecha el 1 de Noviembre de 2013. Lo que señala el diputado, Orozco Sánchez, es que ante estas declaraciones la autoridad judicial no haya hecho exámenes grafoscópicos para invalidar el contrato.
Otra prueba presentada en la denuncia son las observaciones hechas por la Auditoria Superior del Estado de Jalisco, a la cuenta 2009 del Congreso del Estado. El organismo fiscalizador hace un llamado porque se tuvo que presentar una convocatoria ni concurso de licitación para contratar los servicios de López Castro, dada la cantidad de 92 millones de pesos que estaban en juego.
Sin llamarlos a declarar
El contrato con la consultora López Castro se firmó por un acuerdo de la Comisión de Administración, en marzo de 2009. Jorge Arana Arana, Norma Angélica Aguirre Varela, Samuel Romero Valle, Luis Fregoso, Alfredo Zarate Mendoza y Lorenzo Moccia Sandoval crearon el acuerdo interno al interior de dicha comisión. Enrique Aubry, Patricia Retamoza Vega y Gustavo Macías Zambrano son los integrantes de la mesa directiva que convalidan dicho acuerdo.
Ante esto, sólo Retamoza ha ido a declarar al ministerio público. Pero además, la actual legislatura no los ha llamado a cuentas para saber qué pasó, denuncia el actual diputado, Sánchez Orozco.
Por lo pronto, tanto la presidencia del poder legislativo como la Secretaría General del Congreso del Estado siguen esperando que el Poder Ejecutivo deposite dinero, para pagar la deuda que los obliga la resolución del Tribunal.
Las evidencias presentadas en la denuncia 206/2012-V
1. PODER NOTARIAL es apócrifo. Nombra apoderado a SERGIO JUÁREZ RIVERA cuando él nunca estuvo ante el notario para aceptar el cargo.
2. CONTRATO. Mi firma está falsificada, afirma Sergio Juárez Rivera, supuesto Apoderado de Consultores López Castro, lo declara ante Ministerio público.
3. CONVENIO. Mi firma está falsificada declara Patricia Elena Retamoza Vega, exdiputada de la Legislatura LIX y actual diputada de la Legislatura LXII Congreso de la Unión. Además, el convenio es ilegal porque los diputados no tenían facultades para contratar según la Ley Orgánica del Poder Legislativo artículos 75 fracción III, 69 fracciones; y no hay evidencia de licitación para la contratación millonaria violando el Reglamento de la Ley Orgánica I y IV, 144, 145, 146,
4. AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO. Reprueba cuenta pública del Congreso de 2009 y hace observaciones del Asunto López Castro "...no entregan documentos anexos... ...no se entregan documentos de conformidad a la propuesta de servicios prestados... ...no existe evidencia de concurso ni convocatoria de tal fin.
5. SAT declara que no hubo pago de impuestos en el periodo por el que fue contratado López Castro. La actual Secretaría General no otorga información actualizada sobre dicho pago de impuestos.
EL INFORMADOR/ OMAR GARCÍA
Ante esto, el diputado albiceleste llama al Poder Ejecutivo a que no inyecte recursos a la partida para resoluciones judiciales. Al contrario, le pide al Secretario General de Gobierno, Roberto López Lara, a que instruya a la Fiscalía para que se dé celeridad a la averiguación y que se pueda resolver el tema penal antes que el fiscal.
Todo esto surge porque hasta el día de ayer, el Poder Legislativo seguía sin pagar 58 millones de pesos a la consultora, como producto de una resolución judicial que se emitió desde tribunales federales. Una de las alternativas que han planteado algunos diputados es que se pague el adeudo en especie, con el edificio que se ubica en las confluencias de la Avenida Juárez y la calle Ramón Corona. Ese espacio es destinado, actualmente, para las áreas operativas y administrativas del poder legislativo.
En caso de que el Gobierno del Estado haga oídos sordos a la petición del legislador, Sánchez Orozco ha solicitado a las instancias judiciales que "aseguren" el monto de los 58 millones de pesos, para que no se entregue el dinero hasta que se dicte una resolución de los tribunales estatales en materia penal.
Las pruebas
La denuncia 206/2012-V ha llevado a declarar a Patricia Retamoza, ex diputada de la anterior legislatura, que el contrato firmado entre el apoderado del despacho y los legisladores, fue falsificado. El 27 de junio de 2014, la priista declaró ante el Ministerio Público que "en ningún momento tuve participación en el Convenio del Congreso con la Consultoría... y en lo que respecta a la firma, la desconozco por completo, ya que esa no es mi firma ni yo la estampé, ignorando quién y por qué motivos lo hayan hecho. Quiero hacer de la observación que yo firmo con mi nombre".
En otra prueba, quien firma como apoderado del despacho, Sergio Juárez Rivera, afirma que tampoco es su firma la que se estampó en el contrato. La declaración fue hecha el 1 de Noviembre de 2013. Lo que señala el diputado, Orozco Sánchez, es que ante estas declaraciones la autoridad judicial no haya hecho exámenes grafoscópicos para invalidar el contrato.
Otra prueba presentada en la denuncia son las observaciones hechas por la Auditoria Superior del Estado de Jalisco, a la cuenta 2009 del Congreso del Estado. El organismo fiscalizador hace un llamado porque se tuvo que presentar una convocatoria ni concurso de licitación para contratar los servicios de López Castro, dada la cantidad de 92 millones de pesos que estaban en juego.
Sin llamarlos a declarar
El contrato con la consultora López Castro se firmó por un acuerdo de la Comisión de Administración, en marzo de 2009. Jorge Arana Arana, Norma Angélica Aguirre Varela, Samuel Romero Valle, Luis Fregoso, Alfredo Zarate Mendoza y Lorenzo Moccia Sandoval crearon el acuerdo interno al interior de dicha comisión. Enrique Aubry, Patricia Retamoza Vega y Gustavo Macías Zambrano son los integrantes de la mesa directiva que convalidan dicho acuerdo.
Ante esto, sólo Retamoza ha ido a declarar al ministerio público. Pero además, la actual legislatura no los ha llamado a cuentas para saber qué pasó, denuncia el actual diputado, Sánchez Orozco.
Por lo pronto, tanto la presidencia del poder legislativo como la Secretaría General del Congreso del Estado siguen esperando que el Poder Ejecutivo deposite dinero, para pagar la deuda que los obliga la resolución del Tribunal.
Las evidencias presentadas en la denuncia 206/2012-V
1. PODER NOTARIAL es apócrifo. Nombra apoderado a SERGIO JUÁREZ RIVERA cuando él nunca estuvo ante el notario para aceptar el cargo.
2. CONTRATO. Mi firma está falsificada, afirma Sergio Juárez Rivera, supuesto Apoderado de Consultores López Castro, lo declara ante Ministerio público.
3. CONVENIO. Mi firma está falsificada declara Patricia Elena Retamoza Vega, exdiputada de la Legislatura LIX y actual diputada de la Legislatura LXII Congreso de la Unión. Además, el convenio es ilegal porque los diputados no tenían facultades para contratar según la Ley Orgánica del Poder Legislativo artículos 75 fracción III, 69 fracciones; y no hay evidencia de licitación para la contratación millonaria violando el Reglamento de la Ley Orgánica I y IV, 144, 145, 146,
4. AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO. Reprueba cuenta pública del Congreso de 2009 y hace observaciones del Asunto López Castro "...no entregan documentos anexos... ...no se entregan documentos de conformidad a la propuesta de servicios prestados... ...no existe evidencia de concurso ni convocatoria de tal fin.
5. SAT declara que no hubo pago de impuestos en el periodo por el que fue contratado López Castro. La actual Secretaría General no otorga información actualizada sobre dicho pago de impuestos.
EL INFORMADOR/ OMAR GARCÍA