Cuestionan puntos para formar comisión de selección del SEA

GUADALAJARA, JALISCO (15/SEP/2017).- Cecilia Díaz Romo, integrante del colectivo Tómala y del Congreso Ciudadano, cuestionó la lógica que siguieron los diputados en la designación de integrantes de la Comisión de Selección de Sistema Anticorrupción, dijo que los legisladores deben hacer público con qué criterio descartaron a rectores y académicos de instituciones como el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (Iteso) y la Universidad del Valle de Atemajac (Univa). La activista advirtió que ve en los legisladores una postura cerrada a incluir voces abiertamente críticas que cuestionan.

"No entiendo la lógica que siguieron o si hay consigna en la decisión. Desafortunadamente a los diputados no les cae el veinte que son representantes no de sus partidos sino de los ciudadanos. Cuál fue la lógica de dejar fuera a un rector del Iteso o sus académicos con el prestigio de la universidad y poner otros académicos que ni remotamente tienen el peso social que tiene el Iteso", argumentó.

Diaz Romo también manifestó su preocupación por que se haya aplazado la reforma a la ley orgánica de la fiscalía y la definición del método para designar a un fiscal autónomo, añadió que las organizaciones en las que participa están en la revisión de los dictámenes aprobados por el Poder Legislativo para presentar evaluación al respecto.

Por su parte, el coordinador de la fracción del PAN, Miguel Monraz, también cuestionó que dentro de la comisión no se diera espacio a los rectores de la Univa y el ITESO. Aunque destacó los perfiles que se integraron, el panista dijo que se tendría que haber dado espacio a estas instituciones académicas por su prestigio.

Lo aprobado

Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado

La obligación de presentar declaración de intereses, copia de la declaración fiscal y la declaración patrimonial en los formatos aprobados a nivel federal. La constancia de presentación de declaración fiscal de 2017 se presentará durante el periodo del 1 de enero al 31 de mayo de 2018, preferentemente junto con las demás declaraciones. Todos los servidores públicos deberán cumplir el código de ética que emitan los respectivos órganos internos de control. Los órganos internos de control de cada ente público conocerán de los procedimientos de responsabilidad por faltas administrativas no graves. Se ampliaron las causales de para solicitar un juicio político y el catálogo de funcionarios a los que se podría denunciar.

Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado

El nuevo Tribunal es un organismo autónomo, no depende del Poder Judicial, es la máxima autoridad estatal en materia de justicia administrativa y de responsabilidades de los servidores públicos, sustituye al Tribunal Administrativo. El nuevo TJAE tiene competencia en contra de actos o resoluciones de autoridades pertenecientes a las administraciones públicas, estatal o municipales. También para resolver los asuntos de corrupción de los servidores públicos y particulares por faltas graves. El tribunal estará conformado por una sala superior (con tres nuevos magistrados) y seis salas unitarias presididas por los actuales magistrados del TAE que mantendrán su cargo.

Reforma al Código Penal

Se reforma el capítulo séptimo de los delitos por hechos de corrupción que cometen servidores públicos y son ejercicio indebido y abandono del servicio público. cohecho, peculado, uso Ilícito de atribuciones y facultades y enriquecimiento Ilícito. Las sanciones de uno inhabilitación hasta diez años cuando no exista daño o perjuicio o cuando el monto de la afectación o beneficio obtenido por la comisión del delito no exceda de doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Será inhabilitado por un plazo de diez a veinte años si dicho monto excede del límite de la afectación o beneficio. Si el ilícito lo comente un funcionario de elección popular o nombrado por el Congreso las penas previstas serán aumentas hasta en un tercio. Adicional se incluyen sanciones a particulares cuando en carácter de contratista, permisionario, proveedor o concesionario, oculte o falsee información respecto de los rendimientos o beneficios que obtenga, se le impondrán de tres meses a nueve años de prisión y multa por el importe de treinta a cien veces el valor diario de la UMA. Se considera sanción a quien recurra al tráfico de influencias para verse favorecido en negocios públicos para promover la resolución de los mismos. La penalidad es de dos años a seis años de prisión y multa de treinta a cien veces el valor diario de la UMA

Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado

Se regula la revisión, examen y auditoría pública de las cuentas públicas que formulen los poderes del estado, los organismos públicos autónomos, los municipios, los organismos públicos descentralizados estatales y municipales, empresas de participación estatal o municipal, fideicomisos públicos estatales y municipales y el Tribunal de Arbitraje y Escalafón; o cualquier persona física o jurídica que reciba fondos públicos. El Congreso ya no podrá solicitar segunda revisión a los informes finales y a través de la Comisión de Vigilancia podrá conocer y revisar los informes generales, individuales y específicos de la fiscalización superior de las cuentas públicas; además de vigilar y evaluar el desempeño de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ). Citar al Auditor Superior y a los auditores especiales para conocer en lo específico de algún informe de auditoría de las cuentas públicas. El titular de la ASEJ deberá comparecer ante los diputados por lo menos una vez al año para presentar informe respecto de los resultados de las auditorías practicadas en el año.

EL INFORMADOR / RODRIGO RIVAS