Jalisco
Congreso local pide a la SCJN suspensión del Zapotillo
Interpone una demanda para solicitar nulidad de un convenio entre el Poder Ejecutivo Federal y los estados de Guanajuato y Jalisco
GUADALAJARA, JALISCO (11/SEP/2012).- El Congreso del Estado de Jalisco interpuso el viernes 7 una demanda ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para solicitar la nulidad del “Convenio de coordinación que celebran el Poder Ejecutivo Federal y los poderes ejecutivos de los Estados de Guanajuato y Jalisco”, para implementar un programa especial para los estudios, proyectos y construcción de la presa El Zapotillo, suscrito el 16 de octubre de 2007.
La controversia constitucional es en contra de los actos y las autoridades que firmaron este convenio, así como otros acuerdos que pudieran “afectar los intereses de los ciudadanos y habitantes de Jalisco”. Antes se aprobó un acuerdo legislativo (1555/LIX/12) en sesión del 30 de julio de 2012.
La diputada perredista Olga Araceli Gómez Flores, una de las impulsoras de esta demanda, explica que en ese convenio se habla de una cortina de 80 metros en la que sólo habrá agua para Guanajuato.
“No se contemplaba a la Zona Metropolitana de Guadalajara, así que luego acuerdan subir la cortina a 105 metros para darle 3.3 metros cúbicos por segundo a Guadalajara, que es mínimo en contraste con lo que le toca a León”.
En la sesión del Congreso hubo oposición especialmente de los panistas, pero el voto de los priistas y los perredistas lograron que pasara la iniciativa para interponer el recurso de inconstitucionalidad.
La controversia plantea que el “Convenio de coordinación” perjudica a los habitantes del Estado de Jalisco y a los municipios ubicados al margen de la cuenca del Río Verde y de la Zona Conurbada de Guadalajara, ya que perjudica su derecho a recibir los 372 millones 239 mil metros cúbicos anuales estipulados en la declaratoria de Reserva de Aguas Nacionales del Río Verde.
Y es que en dicho documento se establece que se otorgarán 104 millones 68 mil 800 metros cúbicos anuales para la Zona Metropolitana de Guadalajara y 56 millones 764 mil metros cúbicos anuales para los Altos de Jalisco, solo si se construye la cortina a 105 metros. Esa cantidad, además, “equivale a un detrimento de más de 56.78%” de la asignación por decreto que tiene el Estado para el uso público urbano.
“El Ejecutivo del Estado y demás funcionarios que suscribieron el Convenio de Coordinación, invaden la esfera de atribuciones que el Estado de Jalisco determinó para su régimen de derecho interno, como lo es la atribución exclusiva del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, para facultar la suscripción de convenios cuya vigencia trasciendan a su periodo constitucional, invadiendo con su actuar la esfera de atribuciones del Poder Legislativo (…) ya que dichos actos resultan ser de tracto sucesivo (que el acto jurídico se repite) sobre un derecho inalienable y declarado por Decreto de Presidencial”.
Por otro lado, el Congreso cuestiona que el documento que el Gobernador Emilio González Márquez firma es “por tiempo indefinido”, con lo cual compromete a las próximas administraciones del Poder Ejecutivo.
Otro elemento que cuestionan es que el Convenio establece la construcción de la presa con una cortina de 80 metros de altura, pero que “en caso de ser factible técnica y socialmente”, se construiría a una altura de 105 metros.
Luego, en la cláusula octava, dice que para darle agua a Jalisco, la altura de la cortina tiene que ser de 105 metros.
Para los legisladores, lo anterior afecta a los jaliscienses, por lo que piden que las cosas se mantengan en el estado en que actualmente se encuentran, hasta que se resuelva la presente controversia constitucional.
De no otorgar la suspensión, entonces urgen a la SCJN a que no permita que se construya la cortina a 105 metros, ya que no es factible socialmente.
Las autoridades demandadas son la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y los Gobernadores de Guanajuato y Jalisco.
EL INFORMADOR / ALEJANDRA GUILLÉN
La controversia constitucional es en contra de los actos y las autoridades que firmaron este convenio, así como otros acuerdos que pudieran “afectar los intereses de los ciudadanos y habitantes de Jalisco”. Antes se aprobó un acuerdo legislativo (1555/LIX/12) en sesión del 30 de julio de 2012.
La diputada perredista Olga Araceli Gómez Flores, una de las impulsoras de esta demanda, explica que en ese convenio se habla de una cortina de 80 metros en la que sólo habrá agua para Guanajuato.
“No se contemplaba a la Zona Metropolitana de Guadalajara, así que luego acuerdan subir la cortina a 105 metros para darle 3.3 metros cúbicos por segundo a Guadalajara, que es mínimo en contraste con lo que le toca a León”.
En la sesión del Congreso hubo oposición especialmente de los panistas, pero el voto de los priistas y los perredistas lograron que pasara la iniciativa para interponer el recurso de inconstitucionalidad.
La controversia plantea que el “Convenio de coordinación” perjudica a los habitantes del Estado de Jalisco y a los municipios ubicados al margen de la cuenca del Río Verde y de la Zona Conurbada de Guadalajara, ya que perjudica su derecho a recibir los 372 millones 239 mil metros cúbicos anuales estipulados en la declaratoria de Reserva de Aguas Nacionales del Río Verde.
Y es que en dicho documento se establece que se otorgarán 104 millones 68 mil 800 metros cúbicos anuales para la Zona Metropolitana de Guadalajara y 56 millones 764 mil metros cúbicos anuales para los Altos de Jalisco, solo si se construye la cortina a 105 metros. Esa cantidad, además, “equivale a un detrimento de más de 56.78%” de la asignación por decreto que tiene el Estado para el uso público urbano.
“El Ejecutivo del Estado y demás funcionarios que suscribieron el Convenio de Coordinación, invaden la esfera de atribuciones que el Estado de Jalisco determinó para su régimen de derecho interno, como lo es la atribución exclusiva del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, para facultar la suscripción de convenios cuya vigencia trasciendan a su periodo constitucional, invadiendo con su actuar la esfera de atribuciones del Poder Legislativo (…) ya que dichos actos resultan ser de tracto sucesivo (que el acto jurídico se repite) sobre un derecho inalienable y declarado por Decreto de Presidencial”.
Por otro lado, el Congreso cuestiona que el documento que el Gobernador Emilio González Márquez firma es “por tiempo indefinido”, con lo cual compromete a las próximas administraciones del Poder Ejecutivo.
Otro elemento que cuestionan es que el Convenio establece la construcción de la presa con una cortina de 80 metros de altura, pero que “en caso de ser factible técnica y socialmente”, se construiría a una altura de 105 metros.
Luego, en la cláusula octava, dice que para darle agua a Jalisco, la altura de la cortina tiene que ser de 105 metros.
Para los legisladores, lo anterior afecta a los jaliscienses, por lo que piden que las cosas se mantengan en el estado en que actualmente se encuentran, hasta que se resuelva la presente controversia constitucional.
De no otorgar la suspensión, entonces urgen a la SCJN a que no permita que se construya la cortina a 105 metros, ya que no es factible socialmente.
Las autoridades demandadas son la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y los Gobernadores de Guanajuato y Jalisco.
EL INFORMADOR / ALEJANDRA GUILLÉN