Jalisco
Conflicto, la marca del Congreso
Los diputados de Jalisco cumplen un año en funciones entre escándalos, lento avance y un constante choque con el gobernador
La 59a. Legislatura cumple su primer año
Falta transparencia y rendición de cuentas
GUADALAJARA, JALISCO (31/ENE/2010).- A un año de haber iniciado funciones, la actual Legislatura en el Congreso del Estado se caracteriza más por los escándalos que por la aprobación de leyes en beneficio de los jaliscienses.
Los poderes Ejecutivo y Legislativo no han tenido buena relación, entendimiento y comunicación, al menos no durante 2010. El gobernador del Estado, Emilio González Márquez, sigue a la espera de que el Congreso le apruebe un paquete de 15 iniciativas en materia de seguridad que desde marzo de 2009 están en comisiones.
La construcción de la planta de tratamiento de Agua Prieta enfrentó a ambos poderes a tal grado, que en un evento público el gobernador lanzó un llamado a los legisladores para aprobar este dictamen que permitía un endeudamiento para su construcción; el mandatario retó a los legisladores “a levantar la mano, y si no podían, el gobernador estaba dispuesto a ayudarlos”.
Desde entonces hasta ahora, los legisladores refieren que no aprobarán solicitudes del Ejecutivo si no cuentan con información suficiente; el mismo día que declaró el gobernador la urgencia de aprobar esta solicitud, llegó hasta el Congreso un nuevo paquete de información.
Algo similar ha ocurrido en otros temas, como el proyecto que impulsa el Poder Ejecutivo para edificar la Vía Express, pues mientras en sus mensajes el mandatario urge a los diputados a aprobar la concesión de la obra por 30 años a un particular, el Poder Ejecutivo envía información de manera parcial.
Muestra de esta falta de comunicación y buen entendimiento son los 22 dictámenes con observaciones (vetos) que ha remitido el Gobierno estatal al Congreso, por ordenamientos que crean marcos legales como la Ley Antiobesidad y la de Adultos Mayores, ambas vetadas.
Lo mismo ocurrió con el Presupuesto 2011. González Márquez no avaló reasignaciones por dos mil 600 millones de pesos y al final el proyecto de ejercicio para este año se vetó y todas las dependencias deberán ejercer el presupuesto de 2010.
En cuanto a logros, la actual Legislatura ha conseguido la aprobación de la llamada ley antiborrachos, además de que se redistribuyeron las 15 iniciativas de seguridad y justicia remitidas por el gobernador para que fueran estudiadas por las comisiones legislativas correspondientes.
Falta transparencia y rendición de cuentas
GUADALAJARA, JALISCO (31/ENE/2010).- A un año de haber iniciado funciones, la actual Legislatura en el Congreso del Estado se caracteriza más por los escándalos que por la aprobación de leyes en beneficio de los jaliscienses.
Los poderes Ejecutivo y Legislativo no han tenido buena relación, entendimiento y comunicación, al menos no durante 2010. El gobernador del Estado, Emilio González Márquez, sigue a la espera de que el Congreso le apruebe un paquete de 15 iniciativas en materia de seguridad que desde marzo de 2009 están en comisiones.
La construcción de la planta de tratamiento de Agua Prieta enfrentó a ambos poderes a tal grado, que en un evento público el gobernador lanzó un llamado a los legisladores para aprobar este dictamen que permitía un endeudamiento para su construcción; el mandatario retó a los legisladores “a levantar la mano, y si no podían, el gobernador estaba dispuesto a ayudarlos”.
Desde entonces hasta ahora, los legisladores refieren que no aprobarán solicitudes del Ejecutivo si no cuentan con información suficiente; el mismo día que declaró el gobernador la urgencia de aprobar esta solicitud, llegó hasta el Congreso un nuevo paquete de información.
Algo similar ha ocurrido en otros temas, como el proyecto que impulsa el Poder Ejecutivo para edificar la Vía Express, pues mientras en sus mensajes el mandatario urge a los diputados a aprobar la concesión de la obra por 30 años a un particular, el Poder Ejecutivo envía información de manera parcial.
Muestra de esta falta de comunicación y buen entendimiento son los 22 dictámenes con observaciones (vetos) que ha remitido el Gobierno estatal al Congreso, por ordenamientos que crean marcos legales como la Ley Antiobesidad y la de Adultos Mayores, ambas vetadas.
Lo mismo ocurrió con el Presupuesto 2011. González Márquez no avaló reasignaciones por dos mil 600 millones de pesos y al final el proyecto de ejercicio para este año se vetó y todas las dependencias deberán ejercer el presupuesto de 2010.
En cuanto a logros, la actual Legislatura ha conseguido la aprobación de la llamada ley antiborrachos, además de que se redistribuyeron las 15 iniciativas de seguridad y justicia remitidas por el gobernador para que fueran estudiadas por las comisiones legislativas correspondientes.