Jalisco

CityDrive analiza amparo si modifican regulación a ERT

La plataforma ha ofrecido a los usuarios la posibilidad de pagar a conductores mediante medios electrónicos o en efectivo

GUADALAJARA, JALISCO (16/ABR/2016).- La plataforma mexicana de taxis ejecutivos City Drive rechazó las 13 observaciones que realizó el Poder Ejecutivo el jueves pasado a la ley que permite la operación de taxis ejecutivos y además realiza cambios en el esquema de entrega de concesiones a taxis.

En dichas observaciones, el Ejecutivo solicitó al Congreso modificar los esquemas de pago a las Empresas de Redes de Transporte para que su vía de pago sea únicamente mediante tarjeta de crédito y no acepten efectivo.

A diferencia de la plataforma de Uber, CityDrive ha ofrecido a los usuarios la posibilidad de pagar a conductores mediante medios electrónicos o en efectivo. Esta última modalidad les ha representa 40% de sus viajes.

Juan Jaime Petersen, representante de la compañía, señaló que durante las mesas de trabajo organizadas por el Congreso del Estado sostuvieron que los esquemas mixtos de pago son los que cumplen con las necesidades del mercado.  

De aprobarse las observaciones enviadas por el Gobierno de Jalisco, advirtió que analizarán la posibilidad de ampararse.

“Yo pienso que la ley que están promoviendo es abiertamente inconstitucional, entonces la vía será un amparo. El Gobernador está perdiendo de vista que la ley tiene que respetar los derechos existentes y en todo caso ampliarlos,  no restringirlos”. señaló el vocero de la empresa.

Actualmente CityDrive opera con alrededor de dos mil unidades económicas y de lujo.

CONCUERDAN
Observaciones a la ley


• Movimiento Ciudadano está dispuesto a aceptar las siguientes observaciones hechas por el Ejecutivo:
• Retirar del artículo 113 de la Ley de Movilidad la palabra “inmediata”, a fin de que las concesiones a taxistas se entreguen mediante convocatorias.
• Incluir un catálogo de sanciones a las Empresas de Redes de Transporte.
• El Gobernador tendrá la facultad de cancelar la “Tarifa dinámica” siempre y cuando se violente el interés público de los ciudadanos.

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