Jalisco
Citan a comparecer al auditor superior
Mientras Alonso Godoy no dé explicaciones, queda en entredicho su calidad moral, advierten legisladores
GUADALAJARA, JALISCO (19/DIC/2010).- Diputados locales presentarán una iniciativa de acuerdo legislativo para que el titular de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (
ASEJ), Alonso Godoy Pelayo, comparezca ante la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, a fin de que explique supuestas irregularidades que fueron detectadas en la auditoría realizada por un despacho particular.
Los legisladores Jesús Casillas Romero, Enrique Aubry de Castro Palomino y Luis Armando Córdova Díaz explicaron que presentarán esta propuesta en la próxima sesión del Pleno, luego de que la auditoría de la empresa Russell Bedford, dada conocer recientemente por la Junta de Coordinación Política, arrojó que hay rubros en los que Godoy Pelayo aparece como responsable del ejercicio de algunos recursos.
Casillas, presidente de la Mesa Directiva del Legislativo, señaló que es urgente escuchar la versión del auditor superior, porque la Comisión de Administración definió que se turnen a la ASEJ las irregularidades encontradas en el último año de la pasada Legislatura; así, es necesario que, antes, el funcionario aclare las supuestas anomalías encontradas entre 2007 y enero de 2010.
Recordó que las cuentas 2007 y 2008 de la pasada Legislatura ya fueron aprobadas y que sólo queda por analizar la auditoría de 2009 y enero de 2010. Expresó que es necesario que se dé la certeza de que habrá imparcialidad al momento de la revisión.
En últimas instancias, explicó, se podría pedir que el auditor se separe de su cargo y que sea otra persona quien realice las revisiones, pero en este país, recordó, todos somos inocentes hasta que no se demuestre lo contrario.
El presidente de la Junta de Coordinación Política, Enrique Aubry de Castro, indicó que “es necesario y urgente que Godoy Pelayo dé una explicación, ya que (…) esto genera más dudas e incertidumbre y pone en entredicho su calidad moral”.
Avanza juicio político contra integrantes del Consejo de la Judicatura
Por otra parte, con el voto en contra de los diputados Miguel Ángel Monraz Ibarra e Isaías Cortés Berumen, la Comisión de Responsabilidades del Congreso aprobó el acuerdo interno mediante el cual se resuelve no admitir el incidente de nulidad de actuaciones presentado por cuatro integrantes del Consejo de la Judicatura, del Poder Judicial estatal: María Cristina Castillo Gutiérrez, Gabriela de León Carrillo, Miguel Gutiérrez y Luis Enrique Villanueva Gómez.
La comisión también aprobó recibir y calificar cada una de las pruebas y dar contestación a dicha denuncia, referente al juicio político 03/2010 en contra de los consejeros.
El juicio fue interpuesto por Benito Garibay Patiño, por supuesta violación de los consejeros a la Ley Orgánica al aprobar el reglamento interno sin contar con la votación requerida.
“Con esta aprobación se da cuenta de un escrito presentado por los consejeros denunciados en el que pretendían nulificar todo el proceso de juicio político, por lo que los diputados lo decretan improcedente, puesto que son actos que no ocasionan ningún perjuicio”, dijo el presidente de la comisión.
El periodo de desahogo de pruebas quedó abierto por un término de 20 días hábiles, contados a partir del día siguiente de la aprobación del acuerdo; quedan como días inhábiles los comprendidos entre el 22 de diciembre y el 4 de enero de 2011, por ser vacaciones del Poder Legislativo.
El diputado panista Miguel Ángel Monraz expresó que votaron en contra porque no se han dado garantías ni tiempos procesales a los consejeros para que presenten pruebas.
Los legisladores Jesús Casillas Romero, Enrique Aubry de Castro Palomino y Luis Armando Córdova Díaz explicaron que presentarán esta propuesta en la próxima sesión del Pleno, luego de que la auditoría de la empresa Russell Bedford, dada conocer recientemente por la Junta de Coordinación Política, arrojó que hay rubros en los que Godoy Pelayo aparece como responsable del ejercicio de algunos recursos.
Casillas, presidente de la Mesa Directiva del Legislativo, señaló que es urgente escuchar la versión del auditor superior, porque la Comisión de Administración definió que se turnen a la ASEJ las irregularidades encontradas en el último año de la pasada Legislatura; así, es necesario que, antes, el funcionario aclare las supuestas anomalías encontradas entre 2007 y enero de 2010.
Recordó que las cuentas 2007 y 2008 de la pasada Legislatura ya fueron aprobadas y que sólo queda por analizar la auditoría de 2009 y enero de 2010. Expresó que es necesario que se dé la certeza de que habrá imparcialidad al momento de la revisión.
En últimas instancias, explicó, se podría pedir que el auditor se separe de su cargo y que sea otra persona quien realice las revisiones, pero en este país, recordó, todos somos inocentes hasta que no se demuestre lo contrario.
El presidente de la Junta de Coordinación Política, Enrique Aubry de Castro, indicó que “es necesario y urgente que Godoy Pelayo dé una explicación, ya que (…) esto genera más dudas e incertidumbre y pone en entredicho su calidad moral”.
Avanza juicio político contra integrantes del Consejo de la Judicatura
Por otra parte, con el voto en contra de los diputados Miguel Ángel Monraz Ibarra e Isaías Cortés Berumen, la Comisión de Responsabilidades del Congreso aprobó el acuerdo interno mediante el cual se resuelve no admitir el incidente de nulidad de actuaciones presentado por cuatro integrantes del Consejo de la Judicatura, del Poder Judicial estatal: María Cristina Castillo Gutiérrez, Gabriela de León Carrillo, Miguel Gutiérrez y Luis Enrique Villanueva Gómez.
La comisión también aprobó recibir y calificar cada una de las pruebas y dar contestación a dicha denuncia, referente al juicio político 03/2010 en contra de los consejeros.
El juicio fue interpuesto por Benito Garibay Patiño, por supuesta violación de los consejeros a la Ley Orgánica al aprobar el reglamento interno sin contar con la votación requerida.
“Con esta aprobación se da cuenta de un escrito presentado por los consejeros denunciados en el que pretendían nulificar todo el proceso de juicio político, por lo que los diputados lo decretan improcedente, puesto que son actos que no ocasionan ningún perjuicio”, dijo el presidente de la comisión.
El periodo de desahogo de pruebas quedó abierto por un término de 20 días hábiles, contados a partir del día siguiente de la aprobación del acuerdo; quedan como días inhábiles los comprendidos entre el 22 de diciembre y el 4 de enero de 2011, por ser vacaciones del Poder Legislativo.
El diputado panista Miguel Ángel Monraz expresó que votaron en contra porque no se han dado garantías ni tiempos procesales a los consejeros para que presenten pruebas.