Jalisco
Ayuntamiento tapatío detecta faltantes por 5 MDP en licencias de construcción
La Contraloría Municipal de Guadalajara no inició ninguna investigación
GUADALAJARA, JALISCO.- A pesar de haber detectado faltantes por aproximadamente cinco millones de pesos en cobros por licencias de construcción, la Contraloría Municipal de
Guadalajara, no inició ninguna investigación para sancionar a los funcionarios responsables.
El tesorero del Ayuntamiento tapatío, Armando González Cantú confirmó que las anomalías detectadas en los cobros, obligaron a que fuera instalada una mesa de Verificación de Licencias de Construcción, para que los ingresos por este concepto se apegaran a lo establecido en la Ley de Ingresos del municipio.
“Había reclamos de algunos constructores que les habían cobrado más que a otros, porque eran (construcciones) similares; entonces empezamos a hacer una revisión. Encontramos cuatro casos por aproximadamente cinco millones de pesos”, indicó el funcionario.
Dijo que la mesa de verificación, fue instalada en diciembre de 2007, ya que anteriormente las órdenes de pago para licencias de construcción eran elaboradas por personal de la Dirección de Obras Públicas.
Actualmente, precisó, los pagos son supervisados directamente por Tesorería, con la intención de que los ingresos se ajusten a los parámetros marcados por el propio Ayuntamiento tapatío.
“Ahora los está verificando Tesorería para que si hay una evasión voluntaria o involuntaria por parte de la Dirección de Obras Públicas, el cobro no pase y no se vaya a pagar sin antes supervisar la orden”.
Dentro de los criterios que se consideran para determinar el costo de una licencia de construcción, el funcionario destacó el nivel socioeconómico de la construcción, la ubicación del terreno y la densidad de población que se tiene en la zona que se pretende edificar.
Los servidores públicos presuntamente involucrados en estas irregularidades son Esteban Cruz Iriarte, quien se desempeñaba como director de licencias; Sergio Fernández, director jurídico de Obras Públicas y Rodolfo Covarrubias Ornelas como director de técnico de la misma dependencia.
Los dos primeros fueron cesados de sus cargos en diciembre, mes en el que también se instaló la mesa de verificación. El tercero, Covarrubias Ornelas, únicamente fue reubicado a la Comisión de Planeación de Urbana (Coplaur), a pesar de contar con un cargo jerárquicamente superior al de sus compañeros removidos.
El alcalde de Guadalajara, Alfonso Petersen Farah, dijo desconocer esta situación y adelantó que solicitará a la Tesorería Municipal, que presenté las denuncias correspondientes ante la Contraloría, para comenzar con los procedimientos administrativos correspondientes.
“Honestamente no sé ni de qué me está hablando, si se trata de los funcionarios que fueron movidos de Obras Públicas, esto fue por decisión del presidente, con la finalidad de optimizar el trabajo de Obras Públicas, pero bajo ninguna circunstancia porque se haya dictaminado ningún tipo de fraude”.
El tesorero del Ayuntamiento tapatío, Armando González Cantú confirmó que las anomalías detectadas en los cobros, obligaron a que fuera instalada una mesa de Verificación de Licencias de Construcción, para que los ingresos por este concepto se apegaran a lo establecido en la Ley de Ingresos del municipio.
“Había reclamos de algunos constructores que les habían cobrado más que a otros, porque eran (construcciones) similares; entonces empezamos a hacer una revisión. Encontramos cuatro casos por aproximadamente cinco millones de pesos”, indicó el funcionario.
Dijo que la mesa de verificación, fue instalada en diciembre de 2007, ya que anteriormente las órdenes de pago para licencias de construcción eran elaboradas por personal de la Dirección de Obras Públicas.
Actualmente, precisó, los pagos son supervisados directamente por Tesorería, con la intención de que los ingresos se ajusten a los parámetros marcados por el propio Ayuntamiento tapatío.
“Ahora los está verificando Tesorería para que si hay una evasión voluntaria o involuntaria por parte de la Dirección de Obras Públicas, el cobro no pase y no se vaya a pagar sin antes supervisar la orden”.
Dentro de los criterios que se consideran para determinar el costo de una licencia de construcción, el funcionario destacó el nivel socioeconómico de la construcción, la ubicación del terreno y la densidad de población que se tiene en la zona que se pretende edificar.
Los servidores públicos presuntamente involucrados en estas irregularidades son Esteban Cruz Iriarte, quien se desempeñaba como director de licencias; Sergio Fernández, director jurídico de Obras Públicas y Rodolfo Covarrubias Ornelas como director de técnico de la misma dependencia.
Los dos primeros fueron cesados de sus cargos en diciembre, mes en el que también se instaló la mesa de verificación. El tercero, Covarrubias Ornelas, únicamente fue reubicado a la Comisión de Planeación de Urbana (Coplaur), a pesar de contar con un cargo jerárquicamente superior al de sus compañeros removidos.
El alcalde de Guadalajara, Alfonso Petersen Farah, dijo desconocer esta situación y adelantó que solicitará a la Tesorería Municipal, que presenté las denuncias correspondientes ante la Contraloría, para comenzar con los procedimientos administrativos correspondientes.
“Honestamente no sé ni de qué me está hablando, si se trata de los funcionarios que fueron movidos de Obras Públicas, esto fue por decisión del presidente, con la finalidad de optimizar el trabajo de Obras Públicas, pero bajo ninguna circunstancia porque se haya dictaminado ningún tipo de fraude”.