Jalisco
Aprueban en comisiones multar a funcionarios omisos
Sancionarán a los burócratas reincidentes que no entregan sus declaraciones patrimoniales como lo marca la ley
GUADALAJARA, JALISCO (21/JUL/2014).- Los diputados integrantes de la Comisión de Responsabilidades aprobaron por unanimidad sancionar económicamente a los burócratas reincidentes que no han entregado sus declaraciones patrimoniales a ese órgano legislativo como lo marca la Ley; en el caso de aquellos empleados que por primera vez no han entregado sus informes patrimoniales serán apercibidos.
El motivo, explicó el presidente de esa comisión legislativa, Juan Carlos Márquez Rosas es que muchos trabajadores, principalmente los policías, no están enterados que deben cumplir con esta obligación, por lo que se les hará llegar un apercibimiento, antes de que sean multados económicamente.
"Aquellos que entren en la reincidencia que ya tenían conocimiento que debían presentar su declaración y no lo hicieron se harán acreedores a una sanción económica, conforme a la percepción y el rango del servidor público. Haremos el estudio respectivo para que la Comisión sepa por cuanto sancionarlo, no podemos aplicar la misma multa al regidor de Guadalajara que al de Villa Purificación y por única ocasión no se aplicarán sanciones económicas a aquellos que por primera vez no presentaron sus declaraciones", señaló el panista.
De acuerdo con el legislador local, son poco más de siete mil 400 los funcionarios omisos y hay burócratas de todos los poderes y de todos los ayuntamientos en el caso de los municipios existen regidores de prácticamente todas las regiones y de todos los partidos políticos que no cumplieron con su obligación de rendir cuentas ante el Congreso local.
"Eran más de ocho mil pero se han estado recibiendo declaraciones patrimoniales de manera extemporánea. En la parte de los nuevos servidores públicos aplicaremos amonestación para que el superior jerárquico para que dejen de ser reincidentes", dijo el diputado.
Explicó que del total de funcionarios que incumplieron con entregar su declaración patrimonial, alrededor de mil 500 son reincidentes; 253, son regidores y 50 son funcionarios de primer nivel.
"Por su nivel debieron de haber cumplido con su obligación y no lo hicieron, los vamos a sancionar, queremos que haya recursos adicionales para el Congreso y queremos sentar un precedente que no serán".
Parte de los recursos que se cobren por multas a los funcionarios omisos irán a las arcas del Poder Legislativo.
Diputados vs diputado
Por primera vez en lo que va la Legislatura, los diputados integrantes de la Comisión de Responsabilidades encontraron que hay elementos para iniciar el análisis de la solicitud de juicio político en contra del diputado, Víctor Manuel Sánchez Orozco y la ex titular de la Dirección Jurídica del Congreso, Raquel Álvarez, señalados por iniciar un proceso legal en contra de la López Castro y Compañía.
De acuerdo con el demandante, Filiberto Ruiz, representante de la empresa Consultora, el diputado y la ex abogada del Congreso se extralimitaron al presentar nuevas denuncias contra López Castro, cuando el caso ha sido juzgado.
"Lo que señala el denunciante que era cosa juzgado y no tenían derecho a seguir interponiendo denuncias en contra de ellos y todo lo que aduce es que no existía facultad del diputado ni de la directora jurídica de presentarlo porque no hubo mandato del pleno para presentar denuncias contra el caso López Castro".
El panista, Juan Carlos Márquez negó que el proceso de su compañero de bancada, Víctor Manuel Sánchez ahora integrante del llamado G9 deba ser interpretado como un revanchismo en contra del panista disidente.
"No estamos dándole un tratamiento político, si bien es un juicio político, solo nos basamos en la información que recibimos, ellos tienen el derecho de defenderse y deberá someter al análisis y discusión de la soberanía", señaló Márquez Rosas.
Avanza solicitud de juicio político contra regidor de Tala
Legisladores acordaron incoar la solicitud de juicio político promovido por Efraín Melchor Reynoso, en contra del regidor Jesús Morales Delgadillo, de Tala, por incompatibilidad de funciones, ya que también labora en el IMSS.
También se radicó la solicitud de Alejandro Reyes Brambila en contra de Patricia Ane Farías Barlow, en su carácter de Director General del Fideicomiso para la Protección del Estero El Salado y Desarrollo de las Áreas Colindantes, por supuestas irregularidades en su manejo, como: cambio de tarifas, condiciones ilegales y otorgar concesiones especiales, Etc.
Orto más impulsado por Miguel Angel Carrillo Buendía, contra Valentín Rodríguez Peña, en su carácter de presidente municipal de Villa Purificación, por supuesto aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades al no dar cumplimiento a la sentencia dictada el expediente 253/2008, emitida por el Tribunal de lo Administrativo del Estado, al condenar el pago que se refiere en dicha sentencia.
Entre los dictámenes que desechan solicitudes, están la de Salvador Cosío Gaona, Juan Manuel Estrada Juárez y/o Jorge Enrique Murillo Hernández, contra el Auditor Superior, Alonso Godoy Pelayo, al no investigar y no dar trámite alguno a una demanda de hechos ni responder a un escrito presentado por los denunciantes.
Se desecha porque las causales sin hipótesis de procedencia de una responsabilidad administrativa y no política.
Revisarán pruebas contra auditor y ex diputados por opaco
El presidente de la Comisión de Responsabilidades dio a conocer que acatarán la resolución de un juez que determinó revisar las pruebas presentadas en la solicitud de juicio político que presentó Gabriel Valencia en contra del Auditor Alonso Godoy Pelayo por negarse a una revisión de la partida 8000, involucrándose también a los coordinadores y el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, en la Legislatura pasada.
"El denunciado dijo ante el juez se siente agraviado porque aduce que no se le recibieron los elementos probatorios, por lo que cual se repondrá el procedimiento para entrar de nuevo al estudio y determinar si hubo responsabilidad o sigue sosteniéndose la resolución de la Comisión de desechar la solicitud de juicio político".
EL INFORMADOR / ZAIRA RAMÍREZ
El motivo, explicó el presidente de esa comisión legislativa, Juan Carlos Márquez Rosas es que muchos trabajadores, principalmente los policías, no están enterados que deben cumplir con esta obligación, por lo que se les hará llegar un apercibimiento, antes de que sean multados económicamente.
"Aquellos que entren en la reincidencia que ya tenían conocimiento que debían presentar su declaración y no lo hicieron se harán acreedores a una sanción económica, conforme a la percepción y el rango del servidor público. Haremos el estudio respectivo para que la Comisión sepa por cuanto sancionarlo, no podemos aplicar la misma multa al regidor de Guadalajara que al de Villa Purificación y por única ocasión no se aplicarán sanciones económicas a aquellos que por primera vez no presentaron sus declaraciones", señaló el panista.
De acuerdo con el legislador local, son poco más de siete mil 400 los funcionarios omisos y hay burócratas de todos los poderes y de todos los ayuntamientos en el caso de los municipios existen regidores de prácticamente todas las regiones y de todos los partidos políticos que no cumplieron con su obligación de rendir cuentas ante el Congreso local.
"Eran más de ocho mil pero se han estado recibiendo declaraciones patrimoniales de manera extemporánea. En la parte de los nuevos servidores públicos aplicaremos amonestación para que el superior jerárquico para que dejen de ser reincidentes", dijo el diputado.
Explicó que del total de funcionarios que incumplieron con entregar su declaración patrimonial, alrededor de mil 500 son reincidentes; 253, son regidores y 50 son funcionarios de primer nivel.
"Por su nivel debieron de haber cumplido con su obligación y no lo hicieron, los vamos a sancionar, queremos que haya recursos adicionales para el Congreso y queremos sentar un precedente que no serán".
Parte de los recursos que se cobren por multas a los funcionarios omisos irán a las arcas del Poder Legislativo.
Diputados vs diputado
Por primera vez en lo que va la Legislatura, los diputados integrantes de la Comisión de Responsabilidades encontraron que hay elementos para iniciar el análisis de la solicitud de juicio político en contra del diputado, Víctor Manuel Sánchez Orozco y la ex titular de la Dirección Jurídica del Congreso, Raquel Álvarez, señalados por iniciar un proceso legal en contra de la López Castro y Compañía.
De acuerdo con el demandante, Filiberto Ruiz, representante de la empresa Consultora, el diputado y la ex abogada del Congreso se extralimitaron al presentar nuevas denuncias contra López Castro, cuando el caso ha sido juzgado.
"Lo que señala el denunciante que era cosa juzgado y no tenían derecho a seguir interponiendo denuncias en contra de ellos y todo lo que aduce es que no existía facultad del diputado ni de la directora jurídica de presentarlo porque no hubo mandato del pleno para presentar denuncias contra el caso López Castro".
El panista, Juan Carlos Márquez negó que el proceso de su compañero de bancada, Víctor Manuel Sánchez ahora integrante del llamado G9 deba ser interpretado como un revanchismo en contra del panista disidente.
"No estamos dándole un tratamiento político, si bien es un juicio político, solo nos basamos en la información que recibimos, ellos tienen el derecho de defenderse y deberá someter al análisis y discusión de la soberanía", señaló Márquez Rosas.
Avanza solicitud de juicio político contra regidor de Tala
Legisladores acordaron incoar la solicitud de juicio político promovido por Efraín Melchor Reynoso, en contra del regidor Jesús Morales Delgadillo, de Tala, por incompatibilidad de funciones, ya que también labora en el IMSS.
También se radicó la solicitud de Alejandro Reyes Brambila en contra de Patricia Ane Farías Barlow, en su carácter de Director General del Fideicomiso para la Protección del Estero El Salado y Desarrollo de las Áreas Colindantes, por supuestas irregularidades en su manejo, como: cambio de tarifas, condiciones ilegales y otorgar concesiones especiales, Etc.
Orto más impulsado por Miguel Angel Carrillo Buendía, contra Valentín Rodríguez Peña, en su carácter de presidente municipal de Villa Purificación, por supuesto aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades al no dar cumplimiento a la sentencia dictada el expediente 253/2008, emitida por el Tribunal de lo Administrativo del Estado, al condenar el pago que se refiere en dicha sentencia.
Entre los dictámenes que desechan solicitudes, están la de Salvador Cosío Gaona, Juan Manuel Estrada Juárez y/o Jorge Enrique Murillo Hernández, contra el Auditor Superior, Alonso Godoy Pelayo, al no investigar y no dar trámite alguno a una demanda de hechos ni responder a un escrito presentado por los denunciantes.
Se desecha porque las causales sin hipótesis de procedencia de una responsabilidad administrativa y no política.
Revisarán pruebas contra auditor y ex diputados por opaco
El presidente de la Comisión de Responsabilidades dio a conocer que acatarán la resolución de un juez que determinó revisar las pruebas presentadas en la solicitud de juicio político que presentó Gabriel Valencia en contra del Auditor Alonso Godoy Pelayo por negarse a una revisión de la partida 8000, involucrándose también a los coordinadores y el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, en la Legislatura pasada.
"El denunciado dijo ante el juez se siente agraviado porque aduce que no se le recibieron los elementos probatorios, por lo que cual se repondrá el procedimiento para entrar de nuevo al estudio y determinar si hubo responsabilidad o sigue sosteniéndose la resolución de la Comisión de desechar la solicitud de juicio político".
EL INFORMADOR / ZAIRA RAMÍREZ