Jalisco
Ambulantes suman 926 quejas ante CEDHJ
La mayoría son inconformidades por los desalojos y retiros del comercio informal; la Policía de Guadalajara defiende su actuación
GUADALAJARA, JALISCO (13/MAR/2016).- La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) suma 926 quejas interpuestas por comerciantes ambulantes en contra de la Comisaría de Seguridad Pública de Guadalajara y del Ayuntamiento tapatío. El corte es desde finales de noviembre, cuando inició la regulación del comercio informal, hasta la fecha. Ante esto, el organismo dictó medidas cautelares para que se respeten los derechos humanos de los vendedores.
Al respecto, el comisario de Seguridad de Guadalajara, Salvador Caro Cabrera, afirmó que la corporación que encabeza no violó los derechos de los comerciantes y que cumplen con los protocolos del uso de la fuerza en los operativos que implementan desde noviembre pasado.
“No prosperó ninguna queja por los señalamientos de uso ilegítimo de la fuerza. Nos habla que estamos en una época distinta y en otra dimensión del trabajo, esforzándonos por hacer de Guadalajara una ciudad más segura”, defendió Caro.
El comisario insistió en que la Policía tapatía está capacitada para hacer uso legítimo de la fuerza.
El segundo visitador general de la CEDHJ, César Orozco Sánchez, refirió que las quejas tienen como factor común la molestia por el desalojo y que se les impide comerciar en la vía pública. “Más allá de excesos o abusos por los ejecutores, es por el desalojo. En algunos casos mencionan que pudieron haber sido injustos y con exceso en el uso de la fuerza, sin embargo, el motivo principal es que no los dejan vender”, dijo.
Las quejas las presentaron comerciantes de varios puntos de la ciudad: 126 fueron en noviembre, tras el retiro de los tianguis navideños de los jardines de San José y San Francisco, 642 por los operativos en el área de El Baratillo, 148 por el reordenamiento del Centro Histórico, nueve de fotógrafos y una por los desalojos en los alrededores del Hospital Civil.
Las medidas cautelares que dictó el organismo fueron para el presidente municipal, Enrique Alfaro; el comisario de Seguridad Pública, Salvador Caro y el fiscal general de Jalisco, Eduardo Almaguer; este último por los operativos que realizó en conjunto con la dependencia municipal.
“Se dictaron medidas cautelares para que en todos los operativos se respetaran los derechos de las personas, que la ejecución sea pulcra”, afirmó César Orozco.
La CEDHJ aún no emite recomendaciones debido a que tienen un periodo de integración de cada queja, donde se solicita información y se abre un periodo de pruebas con un tiempo máximo de 10 meses para resolver, a partir de que se presentó la inconformidad.
Al respecto, el comisario de Seguridad de Guadalajara, Salvador Caro Cabrera, afirmó que la corporación que encabeza no violó los derechos de los comerciantes y que cumplen con los protocolos del uso de la fuerza en los operativos que implementan desde noviembre pasado.
“No prosperó ninguna queja por los señalamientos de uso ilegítimo de la fuerza. Nos habla que estamos en una época distinta y en otra dimensión del trabajo, esforzándonos por hacer de Guadalajara una ciudad más segura”, defendió Caro.
El comisario insistió en que la Policía tapatía está capacitada para hacer uso legítimo de la fuerza.
El segundo visitador general de la CEDHJ, César Orozco Sánchez, refirió que las quejas tienen como factor común la molestia por el desalojo y que se les impide comerciar en la vía pública. “Más allá de excesos o abusos por los ejecutores, es por el desalojo. En algunos casos mencionan que pudieron haber sido injustos y con exceso en el uso de la fuerza, sin embargo, el motivo principal es que no los dejan vender”, dijo.
Las quejas las presentaron comerciantes de varios puntos de la ciudad: 126 fueron en noviembre, tras el retiro de los tianguis navideños de los jardines de San José y San Francisco, 642 por los operativos en el área de El Baratillo, 148 por el reordenamiento del Centro Histórico, nueve de fotógrafos y una por los desalojos en los alrededores del Hospital Civil.
Las medidas cautelares que dictó el organismo fueron para el presidente municipal, Enrique Alfaro; el comisario de Seguridad Pública, Salvador Caro y el fiscal general de Jalisco, Eduardo Almaguer; este último por los operativos que realizó en conjunto con la dependencia municipal.
“Se dictaron medidas cautelares para que en todos los operativos se respetaran los derechos de las personas, que la ejecución sea pulcra”, afirmó César Orozco.
La CEDHJ aún no emite recomendaciones debido a que tienen un periodo de integración de cada queja, donde se solicita información y se abre un periodo de pruebas con un tiempo máximo de 10 meses para resolver, a partir de que se presentó la inconformidad.